Belgrano Cargas a licitación: el 11 de noviembre se abren las ofertas por los trenes de carga

El Gobierno puso fecha a la venta y concesión de los activos estatales que todavía le quedan: trenes de carga en noviembre, la obra eléctrica AMBA I y represas en diciembre. El programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta unos US$ 1.500 millones en 2027 para pagar vencimientos de deuda externa. Hay fechas, montos esperados e interesados; todavía no hay ganadores ni fletes más baratos.

El 11 de noviembre se abren las ofertas por tres líneas de trenes de carga: Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas. No se licitan como un paquete único: cada una va dividida entre los talleres, el material rodante y las vías, de modo que un oferente puede quedarse con la infraestructura, con los trenes o con el mantenimiento.

Entre los interesados aparecen el Grupo México Transportes, un consorcio de cerealeras y el grupo Roggio, que acaba de perder AySA.

Eso es lo que está en juego para quien produce lejos del puerto. El tren de carga sirve para bajar el costo logístico y competir contra el camión en los tramos largos: mueve granos y materiales del sector agroindustrial, de los desarrollos energéticos de Vaca Muerta, de la minería de litio y cobre del Noroeste y de las economías regionales. En un país donde cada tonelada que sale del interior arrastra un flete, quién opere las vías no es un detalle administrativo.

Dicho esto, con claridad: licitar no es abaratar. Lo que hay hasta acá es un cronograma, una lista de interesados y una expectativa de recaudación. Que el flete baje dependerá de la inversión que haga el adjudicatario y del estado real de la red, y eso se mide después, no en el acto de apertura de sobres.

La operación forma parte de un plan más grande. Según el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, las privatizaciones y concesiones que el Gobierno quiere cerrar antes del final del primer mandato de Javier Milei le dejarían al Estado ingresos cercanos a US$ 1.500 millones en 2027, destinados a pagar vencimientos de deuda externa.

No es una promesa en el aire. Ya se vendió el 90% de las acciones de AySA por US$ 340,2 millones, y las concesiones de las represas de Neuquén y Río Negro aportaron unos US$ 700 millones a principios de 2026. Es un camino que viene mostrando números cobrados, no proyecciones (antecedente: la privatización del Belgrano Cargas en marcha).

Nosotros valoramos el criterio de fondo: el Estado no tiene por qué operar trenes, represas ni centrales nucleares, y la plata que entra por desprenderse de esos activos se usa para desarmar deuda en lugar de financiar gasto corriente. Un Estado que deja de poner plata en empresas deficitarias es un Estado que necesita sacarle menos al que trabaja.

Eso no obliga a tragarse entero el cronograma.

El 14 de diciembre se abren las ofertas por la concesión de AMBA I, la obra más importante sobre la red eléctrica nacional, con un costo estimado en torno a los US$ 1.100 millones: refuerza el transporte de energía en alta tensión. Acá conviene no confundirse. Esta concesión no le genera ingresos al Estado: gana quien proponga la tarifa más baja, y esa tarifa la repagan los usuarios en la boleta de luz.

Es decir que la obra se paga igual. La diferencia es quién asume el riesgo de construirla y bajo qué contrato, y eso recién se podrá juzgar cuando se conozca la oferta ganadora. Entre los interesados figuran Transener —cuyos accionistas son Pampa Energía, Edison Energía y Genneia— y Central Puerto, entre otros.

Un día después, el 15 de diciembre, vencen contratos de concesión de represas hidroeléctricas: el complejo Los Nihuiles en Mendoza, Futaleufú en Chubut y dos centrales en Santiago del Estero. En Mendoza podrían competir los accionistas de Edison junto a Pampa Energía; en Futaleufú se espera a Aluar, de Javier Madanes Quintanilla, posiblemente junto a Genneia, porque esa central abastece a su planta de aluminio, la mayor consumidora de electricidad del país.

El punto incómodo es el calendario: las licitaciones están atrasadas. Por eso es factible que vuelvan a extenderse los contratos de operación y mantenimiento hasta que tome posesión un nuevo concesionario, como ya pasó con las represas de Neuquén y Río Negro.

Las prórrogas son el territorio donde las reformas se convierten en trámite. Cada extensión mantiene el statu quo con otro nombre, y mientras tanto nadie invierte en serio en un activo que maneja de prestado.

Para 2027 queda el tramo más pesado: las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, hoy en manos de Energía Argentina (ENARSA), y el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Es un paquete que mezcla generación convencional con lo nuclear, y que exige un marco regulatorio bastante más fino que una planilla de ingresos esperados.

Lo que corresponde exigir es simple y barato: que los pliegos, las ofertas y los compromisos de inversión se publiquen completos, y que cada prórroga de contrato tenga fundamento escrito y plazo cierto. Una privatización se defiende con el expediente a la vista; si la información se administra de a goteo, el que gana es siempre el que ya está adentro.

Quedan preguntas abiertas que el propio cronograma debería contestar: qué obligaciones de inversión en vías y material rodante asumirá quien se quede con los trenes, y cuánto durará el régimen de prórrogas en las represas.

El rumbo es el correcto. Falta que el calendario se cumpla y que los contratos se puedan leer, acá y en el resto del país (el RIGI ya aprobó inversiones por más de USD 2.100 millones, y las exportaciones PyME tocaron su nivel más alto en 13 años).

Vender lo que el Estado no debe operar es la parte fácil. Hacerlo a tiempo y a la vista de todos es la que define si esto termina en una reforma o en otra prórroga.