El Gobierno de Milei aprobó dos nuevas inversiones en el RIGI por más de USD 2.100 millones

Milei suma inversiones: aprobaron dos proyectos RIGI por más de USD 2.100 millones

El Gobierno de Javier Milei aprobó dos nuevos proyectos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, más conocido como RIGI, por un monto conjunto superior a los USD 2.100 millones.

La medida representa un nuevo avance en la estrategia oficial para atraer capital privado, impulsar sectores estratégicos y recuperar la inversión productiva después de años de estancamiento, cepo, desconfianza y reglas cambiantes.

Según informó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos desarrollos mineros: el proyecto de cobre de Minera San Jorge, en Mendoza, y la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy.

El proyecto San Jorge contempla una inversión estimada de USD 891 millones, mientras que la ampliación de Cauchari Olaroz prevé otros USD 1.241 millones. En conjunto, ambas iniciativas superan los USD 2.100 millones y apuntan a fortalecer dos sectores clave para el futuro exportador argentino: el cobre y el litio.

Además del volumen de inversión, el Gobierno destacó el impacto laboral de los proyectos. De acuerdo con Caputo, entre ambos desarrollos se generarán más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, un dato relevante en un país que necesita reemplazar empleo público improductivo y planes asistenciales por empleo privado genuino.

El caso de Mendoza resulta especialmente importante. El proyecto San Jorge podría convertirse en una de las primeras grandes exportaciones de cobre del país, en una provincia que durante años tuvo trabas políticas, ambientales y regulatorias para desarrollar su potencial minero.

Caputo remarcó el rol de Mendoza al señalar que la provincia logró viabilizar la minería en su territorio, abriendo la puerta a una actividad con enorme capacidad exportadora y de generación de divisas.

La aprobación de estos proyectos también confirma el crecimiento del RIGI como herramienta central del programa económico del Gobierno. Según el ministro, con estas dos nuevas iniciativas ya son 16 los proyectos aprobados bajo el régimen, por casi USD 30.000 millones, mientras otros 20 continúan en evaluación.

El dato no es menor. Durante años, la Argentina perdió oportunidades de inversión por su inestabilidad macroeconómica, su carga impositiva, sus controles cambiarios, su inseguridad jurídica y una política que muchas veces trató al capital privado como enemigo.

El RIGI intenta cambiar esa lógica: ofrecer estabilidad, previsibilidad y condiciones competitivas para que grandes proyectos puedan instalarse en el país, invertir, producir, exportar y generar empleo formal.

La minería aparece como uno de los sectores con mayor potencial. La demanda global de cobre y litio crece por su importancia en la transición energética, la industria tecnológica, las baterías, los autos eléctricos y la infraestructura eléctrica. Argentina tiene recursos, pero durante décadas no logró convertirlos en desarrollo sostenido por falta de reglas claras.

En ese contexto, la aprobación de San Jorge y Cauchari Olaroz marca una señal concreta: cuando el Estado deja de bloquear y empieza a ordenar las condiciones, el capital aparece.

No se trata de magia ni de relato. Se trata de incentivos.

Donde hay reglas razonables, estabilidad y rentabilidad posible, hay inversión. Donde hay cepo, impuestos asfixiantes, intervencionismo y discrecionalidad política, la inversión se va.

El Gobierno busca mostrar que el cambio de rumbo empieza a traducirse en hechos. No solo en baja de inflación o equilibrio fiscal, sino también en proyectos reales que pueden generar empleo, exportaciones y desarrollo regional.

Para provincias como Mendoza y Jujuy, este tipo de inversiones puede significar más actividad económica, más demanda de proveedores, más trabajo formal, más infraestructura y más ingresos genuinos.

El desafío, de ahora en adelante, será que estos proyectos avancen sin quedar atrapados en la burocracia, la judicialización o la presión de sectores que históricamente se opusieron a cualquier desarrollo productivo privado.

La Argentina necesita dólares, empleo y producción. Y esos tres elementos no aparecen por decreto: aparecen cuando hay inversión.

Por eso, la aprobación de dos nuevos proyectos RIGI por más de USD 2.100 millones es una señal política y económica relevante.

Después de años en los que el Estado pretendió reemplazar al mercado, el Gobierno de Milei apuesta a lo contrario: dejar que el sector privado invierta, produzca y genere riqueza.

El resultado todavía deberá verse en la ejecución concreta de los proyectos. Pero la señal es clara: Argentina empieza a intentar volver a ser un país donde invertir tenga sentido.