Un mes sin dieta: la libertaria Mercedes Llano propone sancionar los insultos en Diputados

La diputada nacional por Mendoza, del bloque de La Libertad Avanza y referente del Partido Demócrata, quiere modificar el reglamento interno de la Cámara Baja para que el agravio personal se pague con plata: un mes sin dieta para el que insulte en el recinto y dos meses si reincide o si hay amenazas, intimidación o agresión física. Las críticas y los juicios de valor quedan expresamente protegidos. Por ahora es un proyecto presentado.

La dieta de un diputado nacional se paga con impuestos. Mercedes Llano, diputada nacional por Mendoza e integrante del bloque de La Libertad Avanza, propone que ese dinero deje de cobrarse durante un mes cuando un legislador insulte en el ámbito de la Cámara.

La iniciativa es una reforma del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Incorpora una sanción para quien profiera insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ejercicio de la función parlamentaria: suspensión del goce de la dieta por un mes. Si hay reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión sube a dos meses.

Llano es una de las principales referentes del Partido Demócrata en Mendoza. Su argumento es institucional: sostiene que el régimen reglamentario vigente en Diputados resulta insuficiente para sancionar esas conductas y que esa insuficiencia favorece la naturalización de la violencia dentro del cuerpo.

Las opiniones, las críticas y los juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. Esa aclaración es la que separa la propuesta de una mordaza: en un recinto donde se discuten los impuestos y las regulaciones que te alcanzan, desde el proyecto del pampeano Ardohain para penalizar el ingreso a campos ajenos hasta la reforma de Defensa que impulsa Milei, el debate áspero es parte del trabajo.

“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, planteó la diputada.

El castigo elegido apunta al bolsillo del infractor y no a su banca. No hay expulsión ni suspensión del mandato, que dejaría sin representación a quienes lo votaron. Llano lo explicó en esos términos: “Este proyecto apunta a crear incentivos disuasivos, vía sanciones efectivas y expeditivas, a fin de evitar este tipo de comportamiento, mejorar la calidad de la discusión legislativa y dar muestras de ejemplaridad a la sociedad”.

El alcance tiene un límite que marcó la propia autora: la reforma rige únicamente para la Cámara Baja. Un reglamento interno es la norma que cada cámara se da a sí misma para ordenar su funcionamiento, así que no llega al Senado ni a ningún otro poder del Estado. No es la única discusión abierta sobre las reglas con las que funciona la política: el Gobierno también impulsa la eliminación de las PASO.

La propuesta cayó mal en parte de la dirigencia mendocina. Una dirigente con trayectoria en el radicalismo y en el peronismo, cuyo nombre no se dio a conocer, dijo que la iniciativa busca llamar la atención “sin mirar para arriba” y la leyó como un intento de despegarse del discurso que baja de la Casa Rosada. Javier Milei trató en reiteradas oportunidades a dirigentes opositores, economistas y periodistas de “basuras” y “mierdas humanas”, y llamó “nido de ratas” al Congreso.

Llano rechazó esa lectura. Dijo que no es contradictorio impulsar el proyecto desde un partido tradicionalmente alineado al liberalismo político y con arraigo en Mendoza, y lo presentó como un intento de llevar al ámbito nacional las prácticas parlamentarias de su provincia.

Son planos distintos. El reglamento regula lo que hacen los diputados dentro de la Cámara; el tono de la discusión pública se dirime en otro terreno. Que a alguien la iniciativa le parezca incompleta no la vuelve inconsistente, y tampoco la convierte en una crítica al Gobierno: la autora la fundamentó en el funcionamiento del Congreso.

Lo que hay hasta acá es un proyecto presentado. Para que deje de ser una declaración de intenciones faltan respuestas concretas: quién lo acompaña con la firma, qué órgano aplicaría la sanción, con qué procedimiento y cómo se defiende el acusado antes de quedarse sin dieta.

No es un detalle burocrático. Una sanción económica sin esas reglas escritas queda en manos de la mayoría circunstancial y puede terminar usándose contra el adversario de turno. El texto distingue crítica de insulto, pero esa distinción la va a aplicar alguien, y el reglamento debería decir con precisión quién y bajo qué condiciones.

Mientras tanto queda sobre la mesa una idea poco frecuente en el Congreso: que el legislador que agravia lo pague de su bolsillo y no del tuyo.