Responsabilidad desviada: Kicillof culpa a Nación por el agua en Carlos Casares

Ante el reclamo judicial de La Libertad Avanza por la falta de agua en Carlos Casares, Axel Kicillof respondió “no tienen cara” y mandó a los denunciantes a pedirle soluciones al Presidente. Pero la presentación apunta contra ABSA y funcionarios bonaerenses, mientras el acueducto anunciado por la Provincia todavía está en licitación.

En Carlos Casares le plantearon a Axel Kicillof el reclamo por la falta de agua y le aclararon que La Libertad Avanza había llevado el caso a la Justicia. El gobernador bonaerense no comenzó por explicar la actuación de la empresa provincial señalada: eligió apuntar contra Javier Milei.

“¿Alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública? Esta gente no tiene cara. Ponele los videitos de Milei diciendo cero obra pública. Y que se vayan a pedirle al Presidente. Vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la provincia. Caraduras”, respondió Kicillof.

La contestación desplaza el centro del reclamo. La denuncia penal no está dirigida contra la Casa Rosada, sino contra Aguas Bonaerenses S.A. —ABSA— y funcionarios bonaerenses con competencia en el servicio. La presentaron en enero la senadora provincial Analía Balaudo y los concejales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, todos de La Libertad Avanza.

Los denunciantes sostienen que se incumplieron deberes vinculados con un servicio público esencial. Se trata de una acusación judicial: el material no permite dar por probadas las presuntas irregularidades ni atribuir responsabilidad penal.

Balaudo afirmó que la baja presión comenzó en marzo de 2025, continuó durante el invierno y se agravó en primavera, cuando cortes eléctricos dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma. También aseguró que el sistema colapsó en diciembre.

“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna”, describió la legisladora. Según su relato, en las zonas rurales hubo vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo.

Ese es el punto que la pelea política no puede borrar: la denuncia describe familias sin suministro y centros de salud dependientes de camiones cisterna. Frente a ese cuadro, mandar a los denunciantes a hablar con el Presidente no explica qué hizo ABSA ni cómo respondió el gobierno provincial que la administra.

Kicillof reconoció que existen acueductos históricos y caños antiguos deteriorados que deben rehacerse. Aseguró que la Provincia trabaja en el problema y anunció un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en Carlos Casares.

La obra todavía no es una solución terminada. El Acueducto French-Carlos Casares cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y demanda, según informó la Provincia, una inversión de $23.950 millones. El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, precisó que se encuentra en proceso de licitación.

Kicillof habló durante su exposición de “un acueducto por 25 millones de pesos”. El material no permite explicar la diferencia entre esa expresión y el monto comunicado oficialmente por la Provincia.

El gobernador también sostuvo que la administración nacional paralizó proyectos y obligó a Buenos Aires a sostener obras con recursos propios. “A pesar de que el Gobierno nacional paralizó todos los proyectos, nosotros seguimos haciendo un gran esfuerzo para sostener las obras que traen soluciones concretas a los problemas de las familias bonaerenses”, afirmó.

La Provincia atribuyó a Nación la paralización de mil obras por $9,2 billones, mientras el Gobierno nacional negó que exista una asfixia financiera contra el distrito. Ese conflicto ofrece contexto para el reclamo de Kicillof, pero no cambia quién debe responder por la gestión de ABSA ni convierte una licitación en agua disponible.

La Libertad Avanza afirmó que los problemas de suministro se repiten en 95 municipios bonaerenses. Es una declaración del espacio denunciante cuyo alcance no puede comprobarse con el material disponible.

La responsabilidad política de Kicillof no consiste en resolver personalmente una cañería ni supone que la denuncia penal ya esté probada. Consiste en explicar la actuación de la empresa provincial, el estado de la red y los plazos de la obra anunciada, en vez de usar la disputa con Milei como respuesta para todo.

La Provincia debería informar el cronograma del acueducto y detallar cómo actuó ABSA durante los episodios denunciados de diciembre y enero. Mientras tanto, el dato central sigue intacto: ante un reclamo dirigido a funcionarios de su administración, Kicillof prefirió señalar al Presidente.

Discutir con Nación es una facultad del gobernador. Hacerse cargo de la empresa provincial también.

Más contexto sobre las prioridades de su administración, en el gasto en propaganda oficial mientras hospitales y docentes esperan pagos.