Managers de las oportunidades: Ovejero (mano derecha de Di Napoli) defiende cobrar la tasa según lo que factura cada uno

El concejal peronista Luca Ovejero respaldó a la Municipalidad de Santa Rosa frente al reclamo de las estaciones de servicio y defendió la ordenanza que mete la facturación de cada empresa en el cálculo de la Tasa de Seguridad e Higiene. Lo hizo sin conocer los números: “No sé bien cuánto sería la tasa”, admitió. En el medio hay un expediente sin resolver en el Superior Tribunal de Justicia y un criterio que ata lo que pagás al tamaño de tu negocio, no al servicio que recibís.

El concejal del PJ Luca Ovejero salió a bancar a la Municipalidad de Santa Rosa en la pelea con las estaciones de servicio por el cobro de tasas, y lo hizo con una frase que vale como declaración de principios: “Nosotros creemos que los que más tienen son los que realmente tienen que aportar más”.

Por si quedaba alguna duda del criterio, agregó el ejemplo: “No puede pagar lo mismo una estación de servicio que un kiosco que está al lado, en casa”.

Lo que defiende es la ordenanza que incorpora una incidencia de la facturación de las empresas alcanzadas al cálculo de la Tasa de Seguridad e Higiene. O sea: dos locales pegados, con la misma vereda, el mismo alumbrado y las mismas inspecciones, pagan distinto según cuánto venden.

Ahí está el nudo. Una tasa no es un impuesto a las ganancias ni al patrimonio: es lo que el municipio cobra a cambio de un servicio que presta. El que factura más no recibe más seguridad, ni más higiene, ni más controles. Recibe lo mismo, con una factura más cara.

En la práctica, el esquema es un aumento para las estaciones de servicio y para los demás sectores alcanzados. La Cámara de Expendedores de Combustibles (CECLA) reclamó y la disputa terminó enfrentando al sector con el intendente Luciano di Nápoli. Las estaciones advirtieron que el cobro puede terminar en cierres y pérdida de empleo.

El PRO y el radicalismo acompañaron esos reclamos. El concejal radical Diego Camargo fue el más duro: habló de “un robo a mano armada” por parte de la comuna. Es una definición política, no una sentencia: el expediente está en manos del Superior Tribunal de Justicia, que todavía no resolvió. No vamos a decirte que el cobro es ilegal antes de que lo digan los jueces.

Lo que sí está dicho, y lo dijo el propio Ovejero, es esto: “No sé bien cuánto sería la tasa”.

Defiende el cobro sin saber de cuánto es el cobro. No sale de haber revisado la cuenta: sale de la doctrina. El que más tiene, que pague más, aunque falte el dato elemental de cuánto es “más”.

Y cuando apareció el reclamo, la respuesta tampoco fue la cuenta: “Pero bueno, sabemos quiénes son los que lo defienden, por eso tenemos posiciones distintas”. En lugar de explicar qué servicio justifica el incremento, se clasifica a quien reclama.

Llevá el criterio al mostrador y escuchá cómo suena: entrás al supermercado y la lata de atún te sale más cara según tu profesión, o según si trabajás o no. En una góndola no lo aceptaría nadie. En una ordenanza municipal se presenta como justicia social, la discriminación de las buenas, que siempre es positiva para el que no la paga.

Esta es, para nosotros, la matriz con la que se gobierna La Pampa desde hace décadas: un poder que se arroga decidir quién paga más, quién accede al crédito y quién cobra el subsidio. Los managers de las oportunidades. Y después nos preguntamos por qué tantos pibes arman las valijas: donde lo que te cobran depende de la categoría que te asignen y no del servicio que recibís, el que quiere laburar, producir o abrir un negocio entiende rápido quién maneja la cancha. Es el mismo reflejo con el que el Estado provincial se anota hasta para jugar a ser inmobiliaria.

Hay una salida simple, y no depende del Superior Tribunal: que la comuna publique los números. Cuánto pagaba cada rubro antes, cuánto paga ahora, qué porcentaje de la facturación se toma y qué servicios concretos cubre esa tasa. Con esos datos sobre la mesa, cualquiera puede evaluar si el cobro guarda relación con lo que el municipio presta.

Mientras tanto, el concejal que defiende la tasa no sabe cuánto es. El comerciante que la paga, sí.