Tasa municipal en Santa Rosa: las estaciones de servicio advierten cierres y pérdida de empleo

La cámara que nuclea a las estaciones de servicio pampeanas denuncia que la Municipalidad de Santa Rosa elevó la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene entre 4.400% y 40.725% al comparar los bienios 2022-2023 y 2024-2025. Calcula un impacto superior a $570 millones y dice que, además, el municipio le determinó al sector una deuda de casi $198 millones, la mitad en concepto de multa. Reclama que el cobro guarde relación con el servicio que el municipio efectivamente presta.

La Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa (Cecla) salió a cuestionar públicamente a la Municipalidad de Santa Rosa por lo que les cobra a las estaciones de servicio en concepto de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).

Según los datos que difundió la entidad en un comunicado, publicado por Diario Textual, lo que pagaron las estaciones creció entre un 4.400% y un 40.725% al comparar el bienio 2022-2023 con el 2024-2025. En pesos, la cámara calcula un impacto superior a $570 millones para el sector. La suba se aplicó durante la gestión del intendente Luciano di Nápoli.

Vale la pena entender qué se discute. Una tasa municipal se paga a cambio de un servicio concreto; acá, las inspecciones de seguridad e higiene que el municipio hace en los comercios. Un impuesto, en cambio, se cobra sin contraprestación directa. Por eso el reclamo apunta a un punto preciso: qué servicio de inspección creció en esa proporción.

“Lo que la Municipalidad de Santa Rosa presenta como una simple actualización de la Tasa de Seguridad e Higiene es, en los hechos, uno de los mayores incrementos tributarios que haya enfrentado un sector productivo pampeano”, sostuvo Cecla en su comunicado.

El otro dato técnico pesa tanto como el porcentaje. Según la cámara, la tasa se calcula sobre la facturación y no sobre la ganancia, en un rubro que trabaja con alta rotación y márgenes bajos. Una estación factura mucho, pero la mayor parte de esa plata es el costo del combustible que vende. Cuando el cálculo se hace sobre ese volumen, el porcentaje cae sobre ventas que ya están casi todas comprometidas.

A eso, dice la entidad, se sumó en las últimas semanas una determinación de deuda de casi $198 millones sobre las estaciones de servicio de Santa Rosa. Alrededor de $99 millones corresponden a la tasa de un período cuatrimestral. Los otros $99 millones son multa.

Cecla cuestiona además que esos montos sean exigibles antes de que la Justicia resuelva si el mecanismo que usó el municipio para subir la tasa se ajusta a derecho. Es lo que en derecho tributario se conoce como “solve et repete”: pagar primero, discutir después.

Para la entidad, la nueva forma de liquidación desnaturalizó el carácter de tasa y la convirtió en un “impuesto encubierto”, porque el monto exigido no guardaría relación con el costo real de inspeccionar. Es la interpretación del sector, no una definición judicial: eso es, justamente, lo que está en discusión.

La cámara también recuerda algo que cualquiera que cargue nafta paga sin verlo. La venta de combustibles ya tributa Ingresos Brutos a nivel provincial, más IVA e Impuesto a los Combustibles a nivel nacional. La tasa municipal se apila sobre esa estructura.

“Ninguna empresa puede absorber un salto de esta magnitud en su carga tributaria sin resignar puestos laborales, capital de trabajo e inversión”, advirtió Cecla.

De ahí salen las alertas del sector: cierre de bocas de expendio, pérdida de puestos de trabajo, menos competencia entre estaciones y consumidores que terminen cargando combustible en localidades cercanas, con el golpe consiguiente al comercio y al empleo de Santa Rosa. Son advertencias de la cámara sobre lo que podría pasar, no hechos consumados.

El reclamo concreto que ponen sobre la mesa es acotado y verificable. “No estamos discutiendo si corresponde pagar tasas municipales: pedimos que su actualización guarde relación con una contraprestación objetiva por parte del municipio y con la realidad económica del sector que las paga”, señaló la entidad.

Ese es el punto que el municipio puede responder con números propios: cuánto cuesta el servicio de inspección de seguridad e higiene, cuántas inspecciones se hicieron en cada período y bajo qué criterio se definió la nueva forma de liquidación. Publicar esa información es lo que sostiene a una tasa como tasa. La nota de Diario Textual no incluye la posición de la gestión de di Nápoli, y que no aparezca ahí no significa que no exista.

La decisión de subir la tasa, de determinar la deuda y de aplicar la multa la tomó la administración municipal, que ahora reclama el pago mientras el fondo del asunto sigue sin resolverse en los tribunales. No es la primera vez que una decisión del Ejecutivo santarroseño termina discutiéndose ante la Justicia: ya ocurrió con el conflicto por el tendido de internet que derivó en una denuncia por abuso de autoridad contra el municipio.

El fondo del asunto excede a esta tasa y a este municipio. Cuando el Estado necesita plata, cobrar más suele ser más fácil que revisar lo que gasta o lo que hace, como en el plan para que la Provincia sume una estructura inmobiliaria propia.

Una tasa se justifica por el servicio que financia. Si el municipio no puede mostrar qué servicio creció en esa proporción, el que tiene que explicar es él.