El Estado ahora quiere jugar a ser inmobiliaria: otra estructura que terminaría pagando el pampeano de a pie

Santa Rosa vuelve a discutir una receta conocida: si hay un problema en el mercado, el Estado propone meterse en el medio. Esta vez, bajo la idea de una inmobiliaria municipal, una estructura que buscaría intervenir en el mercado de alquileres mediante un área específica y un registro único de viviendas.

La iniciativa fue cuestionada por el Colegio de Martilleros y Corredores de La Pampa, que la calificó como “un atropello”, según publicó El Diario de La Pampa. La crítica no es menor: el proyecto apunta a que el municipio actúe como intermediario entre propietarios e inquilinos, una tarea que ya existe en el sector privado y que está regulada profesionalmente.

El punto central no es negar que el acceso a la vivienda sea un problema. Lo es. Lo viven miles de familias. El error está en creer que ese problema se resuelve creando otra oficina pública, otra estructura administrativa y otro espacio donde la política pueda decidir sobre operaciones que hoy pertenecen al ámbito privado.

Porque conviene decirlo claro: una inmobiliaria municipal no aparece de la nada. Necesita personal, oficinas, sistemas, presupuesto, gestión, controles, abogados, funcionarios y responsables políticos. ¿Quién paga todo eso? El pampeano de a pie. El mismo vecino que ya sostiene con sus impuestos una estructura estatal cada vez más grande y cada vez menos eficiente.

Desde la Cámara Inmobiliaria de La Pampa también advirtieron que, si el municipio pretende captar propiedades, seleccionar inquilinos, redactar contratos o administrar relaciones contractuales, podría estar ingresando en una actividad profesional regulada por normas nacionales y provinciales. El referente Pedro Arpigiani sostuvo que el corretaje inmobiliario consiste precisamente en mediar entre privados y que una ordenanza municipal no debería avanzar sobre competencias ya reguladas por leyes de mayor jerarquía.

Pero además hay una discusión más profunda. El Estado municipal no construye viviendas, no baja la presión impositiva, no reduce costos de escrituración, no genera crédito hipotecario accesible y no mejora los ingresos de las familias. En lugar de atacar las causas reales del problema habitacional, propone administrar sus consecuencias.

Ese es el corazón del modelo estatista: cuando algo no funciona, no se pregunta qué trabas generó el propio Estado. No revisa regulaciones, impuestos, costos laborales, burocracia o falta de seguridad jurídica. Simplemente crea una nueva dependencia pública y la presenta como “solución”.

El mercado de alquileres necesita más oferta, más inversión, más seguridad para propietarios e inquilinos y reglas claras. No necesita que el municipio compita con privados, ni que convierta la intermediación inmobiliaria en una función política.

Incluso desde el propio sector inmobiliario reconocen que, tras la derogación de la Ley de Alquileres, volvió parte de la oferta y el mercado empezó a encontrar mayor equilibrio. También advierten que el problema actual no pasa únicamente por la falta de viviendas disponibles, sino por la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Es decir: no falta una inmobiliaria estatal; falta una economía que permita pagar un alquiler sin ahogarse.

Ahí está la diferencia entre una mirada liberal y una mirada estatista. La primera entiende que los problemas se resuelven generando condiciones para que la sociedad produzca, invierta y acuerde libremente. La segunda cree que todo debe pasar por una ventanilla pública.

Santa Rosa no necesita una inmobiliaria municipal. Necesita menos trabas, menos gasto político, menos intervencionismo y más respeto por quienes trabajan, invierten y arriesgan en el sector privado.

Porque cada vez que el Estado decide “ayudar” creando una nueva estructura, la cuenta no la paga la política. La paga el vecino.

Y en La Pampa, el pampeano de a pie ya está cansado de subsidiar ideas que deberían quedar en manos del sector privado.