Adicionales demorados: policías de General Pico dicen que los cobran más de dos meses después

Efectivos de la Policía de General Pico y familiares de policías contaron, sin dar sus nombres, que los servicios adicionales se pagan con más de dos meses de atraso y que los prestados para organismos estatales pueden demorar entre cuatro y cinco meses. El que paga tarde un trabajo ya recibido es el propio Estado. En el material no hay explicación oficial sobre los plazos ni sobre el cambio en la liquidación de las horas excedentes que describen los efectivos.

Un efectivo de la Policía de General Pico contó que hace pocos días cobró un adicional que había hecho en mayo. Y que este mes, para pagar el alquiler, lo ayudaron sus padres.

“Yo cobre hace unos días un adicional de Mayo. Los adicionales los cobramos más de 2 meses después de hacerlos, hay muchísima demora. Este mes para pagar el alquiler me ayudaron mis padres, sino es imposible”, dijo ese policía, cuya identidad no se publicó.

El relato no es aislado. El medio que difundió el caso reunió testimonios de efectivos y de familiares de policías, todos sin identificar, que describen tres problemas: demoras en el pago de los adicionales, diferencias en los montos que terminan cobrando y un cambio en la forma de liquidar las horas que se trabajan por encima de lo pautado.

Vale explicar de qué se habla. El adicional es un servicio que el personal policial presta y cobra aparte del sueldo: según los propios testimonios, es un ingreso que muchos ya incorporaron a su presupuesto mensual. “Con el sueldo solo, si alquilas, no vivis”, coinciden los efectivos citados.

El reclamo no es por un aumento futuro: es por plata de un trabajo ya hecho. Los efectivos aseguran que en apenas dos meses es común acumular 10, 15 y hasta 20 adicionales pendientes de cobro.

Y la demora no sería igual en todos los casos. De acuerdo con los relatos, los servicios más atrasados son justamente los que contratan organismos del Estado: mencionan Rentas, Desarrollo Social y viviendas del IPAV, con esperas que llegarían a cuatro o cinco meses. Es decir que el peor pagador, según los policías que hicieron esos servicios, es el propio aparato estatal que los pidió.

Los testimonios también mencionan los adicionales en el Banco Nación y en PAMI, donde dicen quedarse más horas de las previstas sin que eso se refleje en el pago: “hoy te pagan el servicio, aunque nos tengamos que quedar muchas horas más. Lo mismo el PAMI”, sostuvo uno de los efectivos. La fuente no precisa cuánto tardan los pagos en esos dos casos.

El segundo reclamo apunta a esas horas de más. Los relatos describen adicionales pautados en cinco o seis horas que después se estiran: el ejemplo que dan arranca a las 7 de la mañana, debería terminar al mediodía y puede extenderse hasta las 15 o las 16. Antes, dicen, esas horas se liquidaban como excedentes; ahora, según los mismos testimonios, no se estarían pagando de la misma manera.

Hay que decirlo con precisión: la fuente plantea ese cambio en potencial. No hay en el material una resolución, una circular ni un recibo que muestre cuándo se modificó el criterio, quién lo dispuso ni con qué fundamento. Tampoco hay liquidaciones a la vista que permitan medir las diferencias de montos que mencionan los efectivos.

Eso no vuelve menos relevante el reclamo, pero marca el límite de lo que puede afirmarse. Son relatos anónimos sobre una fuerza donde, como plantea la propia publicación, hablar en público es difícil y el malestar circula en privado o a través de familiares. Nada de lo publicado prueba una retención deliberada de fondos, un desvío de dinero ni un incumplimiento legal.

Lo que sí queda planteado es una cuestión de gestión, y tiene responsables identificables: quién autoriza y liquida los adicionales dentro de la Policía, y quién paga en cada organismo que los contrata. Si un adicional prestado en mayo se cobra más de dos meses después, alguien firma —o deja de firmar— en cada eslabón de ese circuito.

Tampoco se trata de una ciudad con poco trabajo policial: en General Pico la agenda de seguridad viene cargada, como mostraron el hallazgo de un cuerpo en un canal de desagüe y el caso de otro vecino baleado en los barrios.

El material no incluye respuesta de la Jefatura de Policía, de las autoridades del área de Seguridad ni del Gobierno provincial, y tampoco consta que esa versión haya sido pedida. Quedan preguntas que una explicación oficial podría cerrar en un párrafo:

• Cuál es el plazo previsto entre la prestación de un adicional y su pago.
• Cuántos adicionales liquidados están pendientes hoy en General Pico y desde qué mes.
• Si cambió el criterio para pagar las horas excedentes, cuándo se decidió y por qué norma.
• Por qué los servicios contratados por organismos estatales demorarían más que los privados.

Son datos administrativos. Publicarlos no expone a nadie: ordena la discusión y, si los números desmienten a los testimonios, le conviene al propio Gobierno mostrarlos. El antecedente de los límites que Ziliotto le puso a Diputados al responder por el bebé de Rancul muestra cuánto cuesta, en La Pampa, conseguir información del Ejecutivo.

El Estado pampeano exige puntualidad cuando cobra. Lo mínimo es que la tenga cuando paga un trabajo que ya recibió.