Monopolio estatal: Ziliotto quiere que el Estado decida quién puede comprar campos en La Pampa

El gobernador presentó ante la Legislatura un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales con topes de superficie, diez años de residencia y prohibiciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera. Dice que no impide invertir, pero la letra achica el universo de compradores posibles. Cuando quedan menos manos habilitadas para comprar, el que decide la excepción manda sobre el precio.

Si sos productor y algún día querés vender tu campo, esta semana tu negocio se volvió un poco más chico. No porque haya cambiado el precio de la hectárea, sino porque el gobernador Sergio Ziliotto presentó ante la Legislatura un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales que define, con requisitos escritos, quién puede comprar tierra en La Pampa y quién no.

El viernes salió a defenderlo en una entrevista radial. “Ni se vende ni se regala”, resumió, y encuadró la discusión en la soberanía territorial y el cuidado de los recursos naturales.

Conviene empezar por lo que el proyecto dice, porque ahí está todo.

• Límites de superficie que, según el propio gobernador, podrían llegar a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y a 20.000 hectáreas en el oeste provincial.
• Diez años continuos de residencia en territorio pampeano, plazo que se reduciría a cinco para quienes tengan hijos, cónyuges o convivientes en la provincia.
• Restricciones para adquirir terrenos que contengan recursos naturales considerados estratégicos: ríos, lagunas, bosques nativos, salitrales y áreas protegidas.
• Prohibiciones para Estados extranjeros y para empresas con participación estatal extranjera.
• Criterios vinculados a la productividad de los suelos para determinar las condiciones de acceso.

Ziliotto aclaró que no se trata de un portazo. “No se trata de impedir que el extranjero invierta, sí, pero con reglas de juego que establecen los Estados, tanto nacional como provincial”, dijo. Y agregó: “No estamos restringiendo nada en virtud de cualquier tipo de rechazo al extranjero, sino que estamos poniendo límites”.

La frase es elegante. El problema es que un límite, en un mercado, no es una declaración de principios: es una lista de personas que se quedan afuera.

Pensalo del lado del que vende, que es el pampeano concreto que nadie nombra en este debate. Un campo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Si el conjunto de compradores habilitados se achica —por superficie, por años de residencia, por el tipo de suelo, por tener una laguna o un salitral adentro—, el que quiere vender tiene menos interesados a quienes ofrecerle su tierra. Menos oferentes, menos competencia por el bien. Y cuando hay menos competencia, el precio no lo fija el mercado: lo fija el que ya está adentro.

Esa es la parte que no aparece en la defensa oficial. El proyecto no transfiere los campos al Estado, pero sí le entrega al Estado la llave de la puerta. Decidir quién entra, con qué superficie, en qué región y después de cuántos años de domicilio es una forma de poder sobre un mercado. Un poder que hoy el comprador y el vendedor resuelven entre ellos, y que mañana pasa a depender de una autorización.

A eso le llamamos, sin rodeos, un monopolio estatal sobre las reglas de la tierra pampeana: un solo organismo define quiénes son los pocos habilitados a jugar.

Hay además un detalle fino que vale explicar, porque el gobernador lo mencionó al pasar. El proyecto no prohíbe en general que un ciudadano extranjero compre un campo: lo que hace es graduar según la región y el recurso. Pero fija diez años de residencia continua. Un inversor que quiera instalarse en La Pampa y comprar tierra tiene que esperar una década, salvo que forme familia acá y espere cinco. Es “poner límites”, efectivamente. También es decirle a alguien que vuelva en 2036.

Y están las prohibiciones duras, que son otra cosa: Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera no pueden comprar. Esa parte es defendible y no la vamos a discutir. Que un Estado ajeno sea dueño de territorio argentino es un problema distinto al de un privado que invierte. El punto es que el proyecto no se queda ahí: mete en la misma bolsa al fondo soberano de otro país y al tipo que quiere comprar 1.200 hectáreas en la zona núcleo.

Después está la coherencia institucional. En la misma entrevista, Ziliotto reclamó más protagonismo del Congreso nacional: “No se trata de no darle herramientas al Ejecutivo o de ralentizar la gestión, sino de que el Congreso debata, trabaje y discuta absolutamente todo”. Lo dijo al cuestionar el decreto de necesidad y urgencia que derogó la Ley de Tierras nacional.

El reclamo es legítimo. Lo llamativo es el destino: el mismo gobernador que pide debate parlamentario para frenar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional le pide a la Legislatura pampeana una ley que amplía la discrecionalidad del Ejecutivo provincial sobre quién compra tierra. Que el Congreso discuta absolutamente todo; la Legislatura, preferentemente, que apruebe.

Ziliotto se mostró confiado: “Yo no tengo dudas de que ese proyecto se hiciera ley, porque en la provincia de La Pampa tenemos una historia del sentido de pertenencia, de defensa de lo nuestro, que muchas veces excede el posicionamiento ideológico”. Traducido: espera que los votos alcancen incluso fuera de su espacio.

Nada de esto es ley todavía. Es un proyecto presentado que necesita los votos de la Legislatura, y ahí es donde corresponde discutirlo en serio, antes y no después. Hay preguntas que merecen respuesta en el recinto: quién va a aplicar los criterios de productividad del suelo, con qué parámetros técnicos y publicados; qué organismo autoriza, deniega o concede excepciones; qué recurso tiene el vendedor al que le bajan una operación; y qué pasa con quien ya es dueño de una superficie mayor a los topes.

Vale decir también lo que no afirmamos. No hay constancia de que el proyecto esté hecho a medida de alguien, ni de que existan acuerdos entre privados para repartirse campos o condiciones. Lo que sí está escrito, y lo dijo el propio gobernador, son los requisitos. Y los requisitos tienen consecuencias económicas aunque la intención sea otra.

La provincia ya conoce esta película en otros rubros, donde la regla que protege a un sector termina dejando el mercado en pocas manos y al usuario sin alternativas, mientras en el plano nacional la decisión fue la inversa: abrir el mercado eléctrico para que haya competencia. Lo curioso es que el mismo Ziliotto que ahora pone candados a la compra de campos supo copiar la fórmula de Milei para atraer inversiones. El capital, parece, es bienvenido mientras no quiera comprar tierra.

Defender lo nuestro está bien. El problema empieza cuando “lo nuestro” lo define un sello.