Funcionario denunciado en 25 de Mayo: un periodista lo acusa de intimidación

Gustavo Carrizo denunció penalmente a Antonio Larrazabal, director de Producción del municipio de 25 de Mayo, por un comentario público y un audio privado referidos a su origen tucumano. La investigación recién comienza y el denunciante aclaró que no recibió amenazas explícitas.

El periodista Gustavo Carrizo radicó una denuncia penal en la Comisaría Departamental de 25 de Mayo contra Antonio Larrazabal, director de Producción del municipio. Lo acusó de intimidación y de expresiones despectivas e injuriosas vinculadas con su origen tucumano.

La presentación fue asentada en las primeras horas del jueves y dio inicio a una investigación preliminar con intervención policial y judicial. Por ahora hay una denuncia y elementos aportados por Carrizo; no existe un delito probado ni una condena.

Según declaró el periodista ante la Policía, el episodio comenzó después de una transmisión realizada por Facebook el 6 de octubre. Larrazabal dejó en la publicación este comentario: “Paaaa que mal estamos como veinticinqueños… si ‘La Voz de 25’ es un tucumano estamos muy mal”.

Luego de un breve intercambio en la red social, Carrizo dijo que a las 21:20 recibió un audio privado del funcionario. De acuerdo con su relato, el mensaje comenzó con “¿Cómo andás, tucumano?” y continuó con un pedido de “respeto” hacia los habitantes locales por no ser oriundo de la zona.

Carrizo sostuvo además que Larrazabal remarcó varias veces su lugar de nacimiento y planteó que, por esa condición, no debía administrar un portal informativo con ese nombre. El periodista interpretó que el funcionario buscaba condicionar su trabajo: “Entiendo que Larrazabal tiene intenciones de que no informe lo que sucede en esta localidad”. Esa es la posición del denunciante y deberá ser evaluada durante la investigación.

Hay un matiz central: Carrizo aclaró ante la Policía que el audio no contenía “amenazas explícitas”. Afirmó, en cambio, que la actitud y el tono lo hicieron sentir intimidado en el ejercicio de su profesión.

Como respaldo de su presentación, entregó una captura del comentario público y el archivo de audio recibido en su teléfono. También declaró que no tenía una relación previa con Larrazabal y que no respondió el mensaje privado.

La investigación deberá determinar si la conducta denunciada tiene consecuencias penales. Pero el plano institucional no necesita confundirse con el judicial: Larrazabal ocupa una función municipal y, según la denuncia, discutió la legitimidad de un periodista para informar sobre 25 de Mayo a partir de su provincia de origen.

Un funcionario puede cuestionar una publicación, aportar datos o responder por las vías correspondientes. El lugar de nacimiento de quien informa no refuta una sola línea. Ese es el punto concreto que el municipio debería evaluar mientras la Justicia establece qué ocurrió y qué alcance tiene.