Malvinas en el freezer: el oficialismo no consigue el dictamen y pierde la sesión

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei anunció el 3 de septiembre sigue sin dictamen en Diputados: la firma prevista para este martes se suspendió y el texto queda afuera de la sesión especial del miércoles. De los 133 artículos del texto original en discusión, apenas unos 40 hablan de Malvinas. La traba está en el resto del paquete.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados sigue sin dictamen. La Libertad Avanza tenía previsto firmarlo este martes 20 de octubre en el plenario de comisiones y terminó suspendiendo la reunión. Sin dictamen, el texto queda afuera de la sesión especial que el oficialismo pidió para este miércoles: al cierre de esta nota no se conoce un dictamen firmado ni una nueva fecha para firmarlo.

La iniciativa nació el 3 de septiembre, cuando Milei mostró un giro en su política de soberanía en general y sobre las Islas Malvinas en particular. Días después llegó a Diputados un megaproyecto que penaliza a las empresas que inviertan en las islas del Atlántico Sur y apunta a evitar nuevos «ataques extranjeros». El tratamiento arrancó el miércoles 30 de septiembre, en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto, el mismo donde un veterano de Malvinas respaldó la reforma de Defensa.

Seis semanas después del anuncio del 3 de septiembre, el expediente sigue en esas tres comisiones. El oficialismo iba a firmar el dictamen el miércoles de la semana pasada, pero el texto que llegó de la Casa Rosada no tenía los apoyos necesarios y La Libertad Avanza pidió una semana más para introducir modificaciones y llegar a un dictamen de consenso. Esa semana se cumplió este martes y la reunión no se hizo. Sin dictamen firmado, el proyecto no puede entrar en la sesión del miércoles, y para esta semana tampoco se conocen los votos para habilitarlo sobre tablas.

El plan era otro. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quería llevar el proyecto a la sesión especial de este miércoles junto con vandalismo rural, morosidad, Discapacidad e Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para entrar en el temario había que dictaminar antes del miércoles. No se dictaminó.

Las explicaciones que dejaron trascender desde el bloque oficialista —sin que nadie las firme con nombre— apuntan a los propios socios: «algunos aliados temían que, si dictaminábamos mañana, la pusiéramos en la sesión del miércoles». Otra versión del mismo origen agrega que «se complicó la agenda» y que «no hay tiempo para ir a todos los plenarios a ver que se firme». Y una tercera adelanta cómo va a terminar el texto si alguna vez se firma: «va a ser un dictamen más parecido al que piden los aliados que al oficialismo». Son frases de fuentes sin identificar, no declaraciones de Menem ni del Gobierno.

Acá conviene precisar qué es lo que está trabado, porque no es Malvinas. Según el texto original en discusión, el proyecto tiene 133 artículos y apenas unos 40 hablan efectivamente de las islas. El Título I —el que endurece las penas contra las empresas que operan en el Atlántico Sur sin permiso argentino— cuenta con amplio consenso en la Cámara. Lo que no consigue firmas es el resto del paquete.

El punto más cuestionado es el artículo 111, que en su redacción original establece penas de prisión para quienes impulsen campañas de «desinformación» o ejerzan una «influencia extranjera indebida», sin definir con precisión ninguna de las dos cosas. Buena parte de la oposición advirtió que son «tipos penales abiertos» que podrían habilitar la persecución de periodistas, dirigentes u organizaciones. Ante las críticas, el oficialismo retrocedió: Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, adelantó en el último plenario que ese artículo «se va a acotar» a la injerencia extranjera en procesos electorales.

El segundo foco es la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional, un ámbito pensado para coordinar de manera permanente la acción del Estado en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Los bloques dialoguistas objetan que dependería exclusivamente del Poder Ejecutivo y que deja la puerta abierta a un uso discrecional de esas facultades. La única concesión que ofreció hasta ahora la Casa Rosada fue analizar una comisión bicameral de seguimiento, que la oposición considera insuficiente. Dentro del propio oficialismo también hay diferencias sobre cómo repartir las atribuciones del nuevo esquema.

A eso se suma el límite entre defensa nacional y seguridad interior. Los especialistas convocados a las comisiones advirtieron que el proyecto deja sin efecto el artículo 4 de la Ley de Defensa, que hoy impide que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos. También generaron reparos el rol que se le asigna a la SIDE y el manejo de fondos reservados: aliados como el MID reclaman más mecanismos de control por parte del Congreso.

En la oposición el rechazo es explícito. Para Mónica Frade, de la Coalición Cívica, «el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político». La diputada de izquierda Myriam Bregman lo comparó con una ley «basada en la dictadura de Onganía». Desde Unión por la Patria, Germán Martínez sostuvo que el texto «tiene los elementos de una ley ómnibus» y que debería dividirse en ocho proyectos distintos. Provincias Unidas, en tanto, prepara un dictamen propio que rechaza los títulos II al VIII. El oficialismo ya admitió que habrá cambios en el artículo 39, sobre la autoridad de aplicación; en los artículos 46, 48 y 49, sobre la participación de provincias y municipios; y en los artículos 20, 21 y 22, que fijan las sanciones penales.

Mientras la discusión no se destraba, el costo lo paga el reclamo argentino. La norma vigente que sanciona a las empresas que exploran hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina es la llamada ley Solanas, que este mismo proyecto propone derogar por completo. Es decir: el reclamo sigue apoyado en la herramienta vieja, sin las penas nuevas que el Gobierno dice necesitar, en pleno conflicto por el proyecto petrolero frente a las islas que la Casa Rosada intimó a frenar al Reino Unido. El empate parlamentario deja todo como estaba, y eso siempre favorece a quien no quiere que nada cambie.

Desde Pampa Liberal la posición es doble y no se contradice. La soberanía argentina sobre Malvinas es un reclamo de Estado y endurecer las sanciones a las empresas que operan en el Atlántico Sur sin permiso es un paso razonable: ese es el Título I, el que casi nadie discute. Pero un gobierno que vino a limitar al Estado no debería pedirle al Congreso penas de prisión por «desinformación» con tipos penales abiertos, ni un organismo de seguridad que dependa solo del Ejecutivo, ni más fondos reservados sin control parlamentario. Defender la soberanía no exige ampliar el poder de castigar.

También corresponde la salvedad. El artículo 111 puede terminar acotado, los números de artículos y el total de 133 corresponden al texto original en discusión y el propio oficialismo anticipó cambios en varios puntos: el proyecto que eventualmente se vote no será el que entró. Nada de eso está firmado todavía, y por eso la discusión sobre su alcance sigue abierta.

Queda, sí, una pregunta que el oficialismo no responde. Si el capítulo de Malvinas se aprobaría casi sin discusión y la mayoría de la oposición pide separar el Título I del resto, ¿por qué el Gobierno prefiere que no se vote nada antes que votar solo eso? Mientras no haya una respuesta, el proyecto con el que Milei quiso marcar su nueva política de soberanía va a seguir durmiendo en las comisiones de Diputados.