Día no trabajado: el Gobierno descontará el sueldo a los estatales que fueron al paro

El Ejecutivo nacional avisó, antes del paro de 24 horas de ATE de este jueves, que les descontará la jornada a los agentes de la Administración Pública Nacional que se ausentaron para adherir a la medida y marchar al Congreso. El criterio que invoca es elemental: la jornada que no se trabaja no se paga.

El Gobierno nacional avisó que descontará el día de trabajo a los agentes de la Administración Pública Nacional que se ausentaron este jueves 15 de octubre para adherir al paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la movilización al Congreso. El criterio que invocó el Ejecutivo es viejo y simple: la jornada que no se trabaja no se paga.

El aviso se conoció antes de la medida de fuerza. Funcionarios de distintos ministerios y organismos le comunicaron al personal que las ausencias vinculadas con la protesta iban a tener consecuencias salariales. El fundamento oficial fue el control del cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado y la decisión de no pagar jornadas en las que no se prestó servicio.

La convocatoria de ATE contemplaba la paralización de dependencias públicas y una marcha al Congreso de la Nación desde las 13:30. La medida alcanzaba la atención en organismos como ANSES y PAMI, y también áreas vinculadas con el control migratorio y los controles sanitarios. En el ámbito hospitalario estaba previsto mantener guardias mínimas y, en los centros de atención para chicos, adolescentes y adultos mayores, priorizar las urgencias. No hay todavía una medición oficial de cuántas oficinas dejaron efectivamente de atender.

Ahí está el costo que no aparece en los comunicados sindicales. El que pierde no es el Estado como entidad abstracta: es el jubilado que tenía turno, el que iba a iniciar un trámite previsional, el que necesitaba un certificado o esperaba una habilitación. Y detrás, el contribuyente, que financia con impuestos sueldos correspondientes a tareas que no se prestaron. Que eso haya que aclararlo no es un detalle administrativo: en el Garrahan, en febrero, un grupo de gremialistas tomó el hospital y reclamó cobrar los días no trabajados después de que la administración aplicara descuentos.

El paro, además, no era solo salarial. Acompañaba el intento de la oposición kirchnerista de derogar el DNU 70/2023, el decreto de desregulación con el que el Gobierno de Javier Milei puso en marcha buena parte de su programa económico. Esa jugada fracasó el mismo día: en la Cámara de Diputados no se consiguió el quórum necesario para sesionar. Antes de esa sesión, en una columna propia ya habíamos planteado la pregunta que el debate dejó sin respuesta: antes de discutir el DNU, convendría explicar a qué se quiere volver.

La jornada frente al Congreso terminó atravesada por disturbios. Hubo manifestantes que arrojaron piedras contra la policía e intentaron derribar el vallado de seguridad, intervención de las fuerzas de seguridad para dispersarlos, daños en la vía pública y un camarógrafo agredido en medio de los incidentes. Son hechos ocurridos en la movilización: no corresponde adjudicarle su autoría a ningún bloque, gremio ni dirigente mientras no haya identificaciones ni causas judiciales conocidas.

El punto de fondo es el que el anuncio deja a la vista. Durante años, en una parte del empleo público se instaló la idea de que el paro es gratis: se adhiere, no se trabaja y el sueldo llega igual. Es un privilegio que no tiene ningún trabajador privado y que el resto de la sociedad paga sin haberlo votado. La misma lógica se vio en La Pampa cuando UTELPA consiguió por vía judicial que Nación no pudiera controlar el cumplimiento de la prestación mínima del 75% durante un paro: la resistencia no es al descuento, es al control.

Corresponde marcar los límites de lo que se sabe. Hasta el cierre de esta nota no hay una norma publicada con número y fecha que ordene el descuento: hay un anuncio y un criterio de liquidación, no una medida con resolución conocida. Tampoco hay monto ni porcentaje por agente, ni cifra oficial de empleados alcanzados o de acatamiento. Y no hay ningún dato de La Pampa: no se conoce cuántos agentes de los organismos nacionales con sede en la provincia adhirieron, qué oficinas dejaron de atender ni a cuántos se les descuenta el día. Mientras no haya información oficial y verificable, acá no se estima nada.

Queda, igual, un balance de la jornada. El decreto que se quería derogar sigue vigente, la sesión no llegó a abrirse, la atención al público se cayó por un día y la factura salarial de esa decisión la va a pagar, según lo anunciado, quien eligió no trabajar. Es el único resultado razonable: la huelga es un derecho, pero no incluye el derecho a que otro pague el día.