«Call center tumbero»: un proyecto para cortar los celulares en las cárceles

El diputado nacional Álvaro Martínez (La Libertad Avanza, Mendoza) presentó una reforma de la ley 24.660 que restringe el uso de los teléfonos celulares y obliga a comunicarse solo por sistemas autorizados y monitoreados, impone uniformes diferenciados por nivel de peligrosidad y crea un arancel para que los internos que cobran por su trabajo paguen parte de sus gastos. Todavía no se trató: adentro de los penales no cambió nada.

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza por Mendoza, propone cortar el uso de teléfonos celulares en las cárceles —se presentó como una prohibición y el texto conocido restringe su uso y obliga a comunicarse por sistemas autorizados y monitoreados—, obligar a los internos a usar uniformes diferenciados según su nivel de peligrosidad y crear un arancel para que los presos que perciben ingresos por su trabajo paguen parte de lo que cuesta alojarlos. La iniciativa, que se conoció el 19 de octubre, modifica la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y todavía no fue tratada: por ahora no cambió nada dentro de ningún penal del país.

El eje más fuerte es el de las comunicaciones. El proyecto se presentó como una prohibición de los celulares: el texto que se conoció restringe su uso y establece que los contactos con el exterior se hagan únicamente mediante sistemas autorizados y monitoreados, con control de las llamadas por teléfono de línea, del acceso a internet y de la correspondencia. El argumento del proyecto es impedir que desde los pabellones se sigan dirigiendo estafas, secuestros virtuales y maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. «Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero», sostuvo Martínez al defender la iniciativa.

La contracara de esa restricción también está en el texto: habilita teléfonos de línea para que los internos mantengan el contacto con sus familiares y sus abogados, e incorpora videollamadas con los defensores con el fin de facilitar el acceso a la Justicia y reducir traslados. Es decir que no propone cortar la comunicación, sino encauzarla por vías que el Estado pueda registrar.

El segundo eje son los uniformes. Serían obligatorios y diferenciados según la clasificación de peligrosidad de cada detenido, dividida en tres niveles: leve, media y alta. Las prendas serían de color beige o marrón claro y llevarían una identificación visual con líneas verticales en el frente y en el dorso: una línea para peligrosidad leve, dos para media y tres para alta. Los internos próximos a recuperar la libertad usarían uniformes lisos. Martínez sostuvo que la medida no tiene un propósito discriminatorio y que responde al principio de igualdad entre los internos; el proyecto, además, plantea estándares de dignidad y no humillación en el uso de la vestimenta penitenciaria.

El tercer eje es el que más discusión promete: la creación del Arancel Único Carcelario (AUC). Los internos que perciban ingresos por su trabajo contribuirían a cubrir los gastos de alimentación, servicios generales, atención médica y uniformes. «La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal», afirmó el diputado. Ese «a partir de ahora» es de él, no del trámite real: el arancel no rige, y para regir necesita que el Congreso lo convierta en ley.

El proyecto acompaña el arancel con un régimen especial de trabajo orientado a desarrollar hábitos laborales y favorecer la reinserción social. «El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones», planteó Martínez. El propio texto incluye un límite que conviene no pasar por alto: la contribución económica de los internos no afecta la obligación del Estado de garantizar las condiciones básicas de detención. Los detalles operativos del cobro quedarían para el texto completo y su eventual reglamentación.

No es la primera vez que el mismo diputado apunta a los teléfonos en prisión. En abril presentó otra iniciativa en la misma dirección, que propone penas de prisión para los internos que tengan un celular en su poder dentro de un establecimiento penitenciario, con penas más altas si el aparato se usa para cometer delitos. Los dos proyectos están en la instancia inicial: para convertirse en ley tienen que ser tratados en comisiones y votados por las dos cámaras.

El arancel, además, aterriza en un sistema al que le acaban de cambiar las reglas. En marzo, Pampa Liberal publicó que la Ley de Modernización Laboral dejó a las personas privadas de libertad fuera del régimen laboral común y derogó dos artículos de la ley 24.660 que ataban el trabajo de los internos a la legislación laboral general. Según lo que publicamos entonces, el objetivo oficial era cerrar un ciclo de fallos —el de la Cámara Federal de Casación Penal de 2014 y el de la Corte Suprema de 2021, que dejó firme esa interpretación al rechazar un recurso del Servicio Penitenciario Federal en un caso impulsado por internas de la Unidad 13 de La Pampa— que habían extendido aguinaldo, vacaciones y salarios de referencia al trabajo intramuros. En esa misma nota señalamos que la reglamentación quedaba en manos del Ministerio de Seguridad: no se conoce reglamentación publicada.

Mientras esa discusión avanza en Buenos Aires, la cuenta la pagás vos. Si trabajás en Santa Rosa, en General Pico o en cualquier pueblo de la provincia, pagás tu luz, tu agua, tu comida y tu atención médica, y pagás también —con los impuestos que te descuentan todos los meses— la luz, el agua, la comida y la atención médica de cada persona detenida. El proyecto no discute ese principio: el Estado sigue obligado a sostener la detención. Lo que hace es trasladar una parte del costo a quien tiene ingresos adentro, y esa es la razón por la que el tema le importa a cualquier contribuyente, aunque nunca haya pisado un penal.

Que el celular esté en el centro de la propuesta no es casual, pero tampoco es una novedad jurídica. Pampa Liberal ya publicó que se trata de dispositivos prohibidos dentro de los penales: en Córdoba, una investigación judicial reveló que durante dos décadas los presos coordinaron estafas, tráfico de drogas y ajustes de cuentas con teléfonos que no deberían haber existido y con complicidad de autoridades penitenciarias, lo que entonces calificamos como inacción y corrupción del Estado. En octubre de 2025 también contamos cómo una banda narco usaba drones con cámaras infrarrojas para meter droga y celulares en el penal de Bouwer.

Acá está nuestra lectura, y es doble. Pampa Liberal comparte el sentido de la reforma: el que delinquió tiene que cumplir obligaciones, el orden adentro es parte de la seguridad de afuera y cortar el «call center tumbero» es un objetivo correcto. Pero el teléfono no entra a un pabellón porque la ley lo permita: entra porque alguien lo deja entrar. Un aparato prohibido que funciona durante veinte años no describe un vacío normativo, describe un Estado que no controla lo que ya tiene prohibido, y eso no se arregla prohibiendo de nuevo. De ahí la pregunta que el proyecto todavía no contesta: cuando aparece un celular en una celda, ¿quién responde además del interno, y qué sanción concreta tiene el personal que custodia esa puerta? Sin esa respuesta, la reforma corre el riesgo de sumar una norma más a una pila de normas incumplidas.

La segunda salvedad es económica. El arancel parte de un criterio que defendemos —que el costo lo pague el que lo genera y no siempre el vecino que trabaja—, pero su alcance depende de un dato que hoy falta: cuántos internos perciben ingresos reales por su trabajo, justamente ahora que el trabajo intramuros quedó fuera del régimen laboral común. No se conocen estimaciones oficiales sobre internos con ingresos, costo por detenido ni recaudación esperada, y sin esos números el arancel puede terminar siendo un principio sano con una cobranza mínima. El Congreso tiene con qué discutirlo: un proyecto presentado, un régimen laboral recién cambiado y un sistema penitenciario que viene mostrando sus agujeros. Lo que no alcanza es volver a escribir en una ley lo que el Estado ya debería estar haciendo cumplir: el celular no entra por un vacío legal, entra por una puerta, y esa puerta la cuida el Estado.