Receta electrónica: la Legislatura pampeana recién debate adherir a la ley nacional

El proyecto 392/24 propone que La Pampa se sume a la Ley 27.553, que la Nación reglamentó a fines de febrero de 2023 para todo el país. En la comisión de Legislación Social y Salud Pública no hubo dictamen ni votación: a la reunión fueron el Colegio Farmacéutico, el Ministerio de Salud y gerentes y la subgerenta del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

La comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Legislatura pampeana abrió el debate del proyecto 392/24, que propone que La Pampa adhiera a la Ley nacional 27.553 de Recetas Electrónicas. El expediente recién empezó a discutirse: no hay dictamen, no hay votación y no hay fecha de tratamiento en el recinto. La adhesión, por ahora, es una posibilidad en estudio.

La norma que la provincia discute no es nueva ni experimental. El Gobierno nacional la reglamentó a fines de febrero de 2023 y desde entonces habilita, en todo el territorio nacional, prescribir y dispensar medicamentos con firma electrónica o digital, además de autorizar plataformas de teleasistencia en salud. La herramienta está disponible en el país desde fines de febrero de 2023; lo que sigue abierto es si La Pampa se suma.

Adherir no obliga a nadie a abandonar el papel. Las recetas en papel con firma manuscrita siguen en plena vigencia, y cualquier farmacia o servicio de farmacia debe suministrar los medicamentos prescriptos en cualquier formato de receta vigente. El esquema nacional agrega una opción, no elimina la anterior: quien prefiera el papel lo mantiene y quien elija la receta digital deja de depender de un trámite presencial.

La reglamentación también fijó reglas concretas. Según la resolución 27/2022 del Ministerio de Salud, la receta electrónica tiene una vigencia de 30 días para medicamentos, 60 días para otras prescripciones y hasta 90 días para tratamientos crónicos. A eso se suman requisitos técnicos: un identificador unívoco que vincula profesional, medicamento y paciente, inalterabilidad del documento, confidencialidad de los datos e interoperabilidad progresiva entre sistemas.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación y la implementación es progresiva, articulada con el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde las provincias tienen asiento. En ese esquema, la adhesión provincial es la decisión política que La Pampa todavía no tomó.

La reunión de comisión dejó de ser una conversación entre legisladores. Participaron el Colegio Farmacéutico, el Ministerio de Salud provincial y gerentes y la subgerenta del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, es decir quienes tendrían que poner el sistema en funcionamiento del lado de los profesionales, las farmacias y la cobertura. El material disponible no consigna qué posición expuso cada uno en el encuentro.

El reclamo lo encabeza la diputada provincial María Laura Trapaglia (Pro). Según la legisladora, iniciativas similares quedaron frenadas por más de cinco años por las «mezquindades del Ejecutivo provincial» y por internas del FreJuPa. Son afirmaciones suyas: ni el detalle de esos expedientes anteriores ni las razones de su caída constan en el material disponible, y el oficialismo provincial todavía no expuso su versión sobre la demora.

Mientras el expediente espera, el costo lo paga alguien concreto. Quien tiene un tratamiento crónico y vuelve al consultorio cada mes solamente a buscar un papel con una firma no pierde un detalle administrativo: pierde horas de espera, un turno que podría usar otro paciente, un viaje desde una localidad sin especialistas y, en el peor caso, arriesga la continuidad del tratamiento si la receta vence antes de conseguir la siguiente. Los jubilados y los pacientes crónicos son los más expuestos, porque son los que repiten ese trámite todos los meses.

Qué pasa ahora es la parte que todavía no está escrita. El proyecto sigue en comisión y la agenda legislativa definirá si vuelve a tratarse, si consigue dictamen o si queda en el camino. Tampoco consta un cronograma provincial de implementación técnica ni una respuesta oficial sobre cuánto tardaría la puesta en marcha si la adhesión se aprobara.

La adhesión, por sí sola, tampoco resuelve la gestión: la interoperabilidad que exige la norma nacional requiere trabajo concreto con farmacias, obras sociales y hospitales. Pero el orden de los problemas está invertido: no se puede discutir la ejecución de algo a lo que todavía no se adhirió. Es el mismo patrón que ya se vio con otras herramientas nacionales que llegan a la provincia tarde y a desgano, como repasamos en las reformas nacionales y su impacto real sobre La Pampa.

La receta electrónica funciona en el país desde 2023. En La Pampa todavía es un expediente en comisión. La diferencia entre las dos cosas la paga el paciente que vuelve al consultorio a buscar un papel.