“Fernanda Intendenta”: Angelucci quiere prohibir nombres propios en la publicidad oficial de Pico

El presidente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que saca nombres, firmas y slogans de funcionarios de la cartelería, las redes, los vehículos y los edificios municipales. El incumplimiento sería falta grave y habría 60 días para retirar lo personalizado.

Julián Angelucci, presidente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, presentó en el Concejo Deliberante de General Pico un proyecto de ordenanza que prohíbe el uso de nombres propios, firmas y slogans personales de funcionarios en la publicidad oficial, los espacios públicos y los bienes de la Municipalidad. La iniciativa está presentada: todavía no tuvo tratamiento ni votación.

El alcance que propone el texto es amplio: cartelería en la vía pública, publicaciones en redes sociales, sitios web oficiales, vehículos, edificios, mobiliario urbano y carteles de obras públicas. En todos esos soportes la identificación debería ser institucional y no personal.

El proyecto también define consecuencias. El incumplimiento por parte de un funcionario quedaría tipificado como falta grave, se habilita la denuncia ciudadana de posibles infracciones y se fija un plazo de 60 días desde la promulgación para retirar marcas y elementos personalizados.

El disparador, según el planteo de Angelucci, fue el stand municipal en FEPICO: el dirigente sostiene que allí el cartel «Fernanda Intendenta» quedó por encima de la identificación institucional. Desde Avanzar Juntos afirman, además, que en los últimos años creció la presencia del nombre de la intendenta Fernanda Alonso en piezas de comunicación municipal; es una afirmación del espacio, sin relevamiento propio que la respalde.

«El Municipio no es propiedad de quienes gobiernan», planteó Angelucci al fundamentar la iniciativa, y agregó que «la comunicación institucional tiene que ser neutral e impersonal».

El punto de fondo no es estético. La publicidad oficial se paga con recursos del Municipio, es decir, con la plata de los vecinos de General Pico: cuando esa comunicación lleva el nombre del funcionario de turno, el que gana visibilidad es él y el que la financia es el contribuyente. En una gestión que gastó más de 250 millones de pesos en una fiesta mientras la ciudad se apagaba y que para 2026 proyecta más cámaras, más programas y más gasto, discutir a quién identifica cada cartel pagado con fondos públicos es discutir prioridades.

La discusión tampoco es solo piquense. En el plano provincial, la pauta oficial viene con cuentas sin cerrar: ya quedó expuesto el reclamo de 4.500 millones más para 2026 después de admitir 7.200 millones sin justificar. Cada nivel del Estado administra la misma lógica: comunicación que se paga con impuestos y que, con demasiada frecuencia, termina firmada por quien gobierna.

Quedan puntos abiertos. Al cierre de esta nota no hay posición pública de la intendenta Fernanda Alonso ni del Municipio sobre el cartel «Fernanda Intendenta» de FEPICO ni sobre el proyecto. Tampoco consta cuánto destina General Pico a publicidad oficial ni si existe una ordenanza vigente que regule su contenido, un dato que permitiría saber si la iniciativa crea una regla nueva o refuerza una que ya está, y falta el texto completo del proyecto para precisar qué sanción implica la falta grave y cómo funcionaría la denuncia ciudadana.

Conviene medir el alcance real de lo que ocurrió: el proyecto recién ingresó, no se conoce el estado de su tratamiento ni si reúne apoyos en el Concejo, y nada de lo planteado supone una irregularidad legal, un delito ni un desvío de fondos. Lo que está en discusión es un criterio, y el criterio importa: la publicidad oficial la paga el vecino, no la firma el intendente.