Bebé de Rancul: el Estado provincial deberá explicar ante la Legislatura cómo ejecutó el retiro

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa convocó a funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia, a integrantes de los equipos técnicos y al personal policial que participó del procedimiento del 7 de septiembre. Las comparecencias están previstas para el martes 20 y el miércoles 21, y apuntan a determinar si hubo irregularidades administrativas en la entrega y en el posterior retiro del chico. La comisión aclaró que no investiga el proceso judicial de adopción.

Los funcionarios que intervinieron en el caso del bebé de Rancul van a tener que sentarse frente a cuatro diputadas y contar, paso por paso, qué hicieron y por qué.

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa resolvió avanzar a una nueva etapa y convocó a funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia, a integrantes de los equipos técnicos y al personal policial que intervino respecto de la familia de contención y participó del procedimiento del día del egreso. El objetivo, según informó el propio cuerpo legislativo, es “complementar y brindar las aclaraciones que resulten necesarias”. Las comparecencias se harán el martes 20 y el miércoles 21, conforme al cronograma que establezca la comisión.

El alcance es acotado y conviene decirlo con precisión: la comisión investiga los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y el posterior retiro del niño. No revisa el proceso judicial de adopción, que tramita por su propio carril.

El origen del caso está en marzo. El 20 de marzo de 2026, un bebé de dos meses llegó a la casa de Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, en Rancul, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, la pareja firmó un acta en la que aceptó las condiciones del programa, entre ellas que no podía convertirse en adoptante del chico.

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y le pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos —el RUA, el listado oficial de familias evaluadas y habilitadas para adoptar— la nómina de quienes estaban en condiciones de hacerlo. Díaz y Pizzani reclamaron que el chico siguiera con ellos y pidieron la guarda con fines de adopción. Esos planteos fueron rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre era el día en que la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo iba a entregar. Después fue demorada por la Policía en Castex, cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, pasadas las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

Sobre esas horas hay dos versiones. Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.

La comisión no arranca de cero. Ya recibió las respuestas a los pedidos de información que había formulado a los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud. También incorporó al expediente el material audiovisual y fílmico de lo ocurrido el 7 de septiembre, solicitado formalmente. Cuando los funcionarios y los policías declaren, las diputadas van a tener a mano la versión escrita de cada ministerio y las imágenes de ese día.

Ahí está el valor del paso: no se trata de pedir opiniones, sino de contrastar lo que cada organismo contestó por escrito con lo que diga quien estuvo en el lugar. El poder administrador tiene que explicarle al poder que lo controla cómo usó una facultad excepcional sobre la vida de un chico de meses.

La comisión está integrada por las diputadas Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.

Eso es exactamente lo que puede afirmarse hoy, y ni un paso más. No hay irregularidades probadas: hay una denuncia de la familia de contención, que habló de “muchas irregularidades” de funcionarios del Gobierno y de la Justicia, y una investigación legislativa que recién entra en la etapa de testimonios. Tampoco hay responsabilidades individuales establecidas. Una convocatoria a declarar no es una imputación.

Lo que está en juego excede a esta familia. El programa de Familias de Contención descansa en pampeanos que aceptan recibir en su casa, por un tiempo limitado, a un chico cuya situación todavía se está definiendo, como ocurre en otras intervenciones estatales sobre el cuidado de un menor, entre ellas la de la beba apartada de sus padres tras dar positivo en cocaína. Un esquema así funciona si las reglas quedan claras desde el primer día y si la administración puede documentar cada decisión.

Quedan preguntas que las comparecencias del 20 y el 21 pueden responder: qué se le explicó a la familia al firmar el acta, quién decidió el operativo del 7 de septiembre y con qué criterio se resolvió la intervención policial en Castex.

Terminadas las declaraciones, corresponde que la comisión publique sus conclusiones con el fundamento de cada una, sea cual sea el resultado para el Gobierno provincial.

Quien ejerce una facultad excepcional sobre la vida de un chico tiene que poder explicar, ante quien lo controla, cada paso que dio.