Camargo denunció que Santa Rosa aumentó más de 127.000% la tasa a Camuzzi

Diego Camargo afirmó que la empresa pasó de pagar $122.760 en 2023 a $156,3 millones en los primeros nueve meses de 2026 por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. La comparación arroja una suba superior al 127.000%, pero enfrenta períodos distintos y todavía exige documentos que permitan reconstruir el cálculo municipal.

Diego Camargo denunció que la Municipalidad de Santa Rosa llevó de $122.760 en 2023 a $156,3 millones entre enero y septiembre de 2026 el monto que Camuzzi habría pagado por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. Si las cifras difundidas son comparables, el aumento supera el 127.000%. La magnitud vuelve inevitable una pregunta: qué cambió tanto en el cobro y qué prestaciones municipales lo respaldan.

Los números difundidos por Camargo describen un salto abrupto. Según esas cifras, Camuzzi abonó $122.760 durante todo 2023, $77,7 millones en 2024, $154,1 millones en 2025 y $156,3 millones hasta septiembre de 2026. Entre el primero y el último de esos valores, la variación matemática es de aproximadamente 127.222%.

Esa cuenta, sin embargo, necesita una salvedad central. Compara un año completo con nueve meses de otro año y parte de montos cuya documentación respaldatoria no fue aportada a Pampa Liberal ni consta entre las fuentes consultadas para esta nota. El porcentaje, por lo tanto, debe entenderse como el resultado de las cifras denunciadas por Camargo, no como una liquidación municipal auditada ni como un dato confirmado por la empresa.

La diferencia tampoco queda explicada con una referencia general a la inflación. Pasar de poco más de $122.000 a más de $156 millones supone multiplicar el monto por más de 1.200. Si hubo un cambio de base imponible, de alícuota, de categoría, una reliquidación o una deuda acumulada, corresponde que el municipio lo detalle. Sin esa apertura, el vecino solo ve el resultado final.

El cuestionamiento político y económico se concentra en dos datos todavía ausentes: cómo se calculó el cobro y qué inspecciones o prestaciones municipales recibió Camuzzi. Sin la ordenanza aplicable, las liquidaciones y el detalle de los servicios no es posible determinar si existe una relación razonable entre esos elementos ni sacar una conclusión jurídica sobre el caso. Sí es posible exigir que la Municipalidad muestre la cuenta completa.

La discusión no empezó con Camuzzi. Las estaciones de servicio de Santa Rosa ya habían advertido que sus pagos por la misma tasa crecieron entre 4.400% y 40.725% al comparar los bienios 2022-2023 y 2024-2025. La cámara del sector calculó un impacto superior a $570 millones y cuestionó que el cobro guardara relación con las inspecciones recibidas. Pampa Liberal informó ese reclamo.

La respuesta política del oficialismo municipal también dejó claro el criterio que está en debate. El concejal Luca Ovejero defendió que la facturación de las empresas incida en el cálculo y sostuvo que quienes más tienen deben aportar más. Al explicar esa posición, admitió que no conocía el monto concreto del gravamen discutido con las estaciones.

Ese razonamiento expresa una preferencia redistributiva, pero no explica por sí solo la liquidación atribuida a Camuzzi ni las prestaciones que la acompañaron. Sin la norma y la fórmula aplicadas tampoco corresponde afirmar que el municipio convirtió una tasa en un impuesto o que el cobro es ilegal. El punto verificable es otro: ante un salto de esta escala, la autoridad municipal debe explicar con precisión de dónde salió cada importe.

También falta conocer la posición de Camuzzi. La empresa debe confirmar si los importes corresponden a pagos efectivamente realizados, si incluyen ajustes, multas o períodos anteriores y si tuvieron alguna incidencia en sus costos. Mucho menos puede afirmarse, sin esa respuesta y sin el procedimiento tarifario correspondiente, que el cargo se trasladó automáticamente a las facturas de los usuarios.

La gestión municipal tiene en sus manos la información decisiva: la norma aplicada, las bases de cálculo, las liquidaciones y el detalle de las inspecciones o prestaciones realizadas. Camargo, por su parte, debe aportar las constancias que sostienen su denuncia. Frente a una diferencia de esta escala, la discusión pública no debería resolverse con consignas. El municipio tiene que mostrar cómo llegó al monto y el denunciante, de dónde sacó cada cifra.