Caso Rancul: diputadas acusan a funcionarios de Niñez de obstaculizar la investigación

Las integrantes de la comisión investigadora denunciaron que el subsecretario Juan Pablo Bonino intentó imponer declaraciones conjuntas y que se anunció la inasistencia de los equipos técnicos sin una justificación formal escrita. Consideraron por unanimidad que estas acciones obstaculizan la investigación y reclamaron la intervención del gobernador Sergio Ziliotto.

Los funcionarios fueron convocados para dar explicaciones. Según denunciaron las diputadas que investigan presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llegaron intentando cambiar las condiciones de las entrevistas.

El episodio ocurrió durante las actividades de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa, constituida mediante la Resolución N.º 106/2026. En un comunicado fechado el 20 de octubre, sus integrantes calificaron lo sucedido como una “situación de gravedad institucional”.

La acusación apunta al subsecretario Juan Pablo Bonino, quien, según el documento, se presentó acompañado de funcionarios e intentó imponer declaraciones conjuntas en lugar de las entrevistas individuales dispuestas por la comisión. Las convocatorias, señalaron las legisladoras, habían sido realizadas previamente sin recibir objeciones.

La diferencia importa: entrevistar individualmente permite precisar qué hizo cada funcionario, qué decisiones tomó y qué responsabilidades le correspondían. Quienes deben explicar su actuación no deberían fijar las condiciones bajo las cuales aceptan responder.

Las diputadas también denunciaron que se les comunicó que los equipos técnicos no comparecerían, invocando el secreto profesional, sin presentar un escrito ni una justificación formal de su inasistencia.

Frente a ese argumento, la comisión sostuvo que consultar sobre protocolos de actuación, procedimientos administrativos y mecanismos de coordinación entre organismos no implica, por sí mismo, vulnerar el secreto profesional.

El planteo distingue la protección de información sensible de las explicaciones sobre el funcionamiento del Estado. Las legisladoras reclaman conocer cómo se actuó, qué procedimientos se siguieron y cómo intervinieron los organismos involucrados.

Según el comunicado, las integrantes de la comisión consideraron por unanimidad que estas acciones obstaculizan la investigación. El señalamiento involucra tanto el intento de modificar la modalidad de las declaraciones como la anunciada inasistencia de los equipos técnicos.

Ante esa situación, las diputadas se trasladaron al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar la intervención del ministro Diego Álvarez. No fueron recibidas porque el funcionario se encontraba ausente.

Posteriormente, según el material difundido por la comisión, presentaron una nota formal al gobernador Sergio Ziliotto para que adopte medidas que permitan el desarrollo normal de la investigación legislativa.

El pedido coloca una responsabilidad política concreta sobre el Ejecutivo: dar respuesta a una comisión que denuncia dificultades para obtener explicaciones de funcionarios de su propia administración.

En paralelo, Ana Laura Pizzani, quien denunció a funcionarios de Niñez y policías por su intervención en el procedimiento del bebé de Rancul, hizo público otro reclamo.

Afirmó que se enteró por los medios de que la Fiscalía habría desestimado su denuncia, sin haber recibido una notificación oficial. Según su comunicado, Malena y Pía, que también denunciaron, tampoco habían sido notificadas y desconocían si la decisión comprendía las tres presentaciones.

Pizzani reclama acceder a la resolución completa, conocer qué pruebas fueron evaluadas y recibir una explicación sobre las intimidaciones, el hostigamiento y el abuso de poder que afirma haber denunciado.

Su cuestionamiento corresponde a la actuación de la Fiscalía; el de las diputadas, a la colaboración de los funcionarios con la investigación legislativa. Son reclamos distintos que exigen respuestas concretas.

La denuncia de las legisladoras no equivale a una determinación judicial de responsabilidades. Sí constituye un señalamiento institucional que el Gobierno provincial debe explicar. El material aportado para esta nota no incluye una respuesta de Bonino ni del Ejecutivo a esas acusaciones.

En un caso que involucra la protección de un niño, rendir cuentas exige explicar decisiones, aportar documentación y responder preguntas. La protección de la infancia también se demuestra cuando llega el momento de explicar cómo actuó el Estado.