Compras concentradas: la UCR rechazó el balance de Winifreda y el PJ lo aprobó igual

El Concejo Deliberante de Winifreda trató en septiembre de 2026 la rendición de cuentas de julio de 2025: catorce meses entre el gasto y su control. El bloque radical la desaprobó por demoras, contratos sin firma y compras de insumos siempre en los mismos comercios; el justicialismo votó a favor porque no ve irregularidades. Lo que se discute es cómo compra el municipio con la plata de las tasas y si alguien lo revisa a tiempo.

En septiembre de 2026, la presidencia del Concejo Deliberante de Winifreda puso a consideración el balance municipal de julio de 2025. Catorce meses entre el mes que se rinde y el día en que los concejales lo miran.

El balance es la rendición periódica de lo que el municipio cobró y gastó, y el Concejo es el cuerpo que lo revisa y después lo aprueba o lo rechaza. Es, en criollo, el momento en que alguien distinto del que firma los pagos mira los papeles.

El bloque de la Unión Cívica Radical lo desaprobó con tres objeciones concretas: la demora en la presentación de la documentación, contratos sin firmar y compras de insumos concentradas en determinados comercios.

«Estamos tratando en septiembre un balance de más de un año atrás, lo que deja sin sentido el control que corresponde a ambos bloques, porque no hay margen para observar ni corregir nada a tiempo», planteó el edil radical Tomás Basso Fernández.

Sobre las firmas, Basso Fernández sostuvo que el problema venía de antes: «Al igual que en el balance de junio, encontramos contratos sin firma tanto por parte del municipio como de la otra parte involucrada». Y agregó que «el hecho de que figure una transferencia no resuelve esa situación y deja al municipio muy expuesto a reclamos».

Es decir: que la plata haya salido no prueba qué se contrató ni en qué condiciones. Si mañana una de las partes reclama algo, el papel que debería ordenar esa discusión está sin firmar.

La tercera objeción toca de cerca a cualquiera que tenga un negocio en el pueblo. «También notamos que la compra de insumos se concentra siempre en los mismos comercios, algo que se repite balance tras balance», dijo el concejal. «Winifreda hoy tiene muchos más negocios en todos los rubros, que pagan sus tasas e impuestos exactamente igual y, sin embargo, (sus facturas) nunca aparecen en estos balances.»

Ahí hay una asimetría que conviene nombrar sin exagerar: todos los comerciantes financian al municipio con las mismas tasas, pero no todos aparecen del otro lado del mostrador cuando el municipio compra. Eso solo no prueba direccionamiento ni irregularidad; puede haber precio, disponibilidad o pura costumbre administrativa detrás. Lo que abre es una pregunta que el Ejecutivo está en condiciones de contestar: con qué criterio compra, a quién le pide presupuesto y cómo hace un comercio para anotarse como proveedor.

El bloque del Partido Justicialista votó a favor. El concejal Miguel Platner dijo que revisan la documentación antes de decidir: «En su respectivo momento lo miramos con detenimiento porque los foliamos y los sellamos nosotros. Si hay alguna falla en eso, nos hacemos cargo porque somos nosotros los que hacemos esa tarea».

Y cerró su posición sin matices: «No vemos irregularidades ni inconsistencias en la documentación analizada. Así que nuestro bloque aprueba el balance».

Hay que reconocerle a Platner que se hizo cargo de la tarea en lugar de endosarla. Pero el desacuerdo de fondo queda intacto: un bloque dice que faltan firmas y que las compras se repiten siempre en las mismas manos, y el otro contesta que no encuentra inconsistencias. Entre una cosa y la otra solo decide un dato: quién le vende qué al municipio y por cuánto.

Nada de esto exige una denuncia. Alcanza con tres cosas:

• Que los balances lleguen al Concejo con tiempo para observar y corregir, no catorce meses después.
• Que los contratos estén firmados por las dos partes antes de que salga la transferencia.
• Que se publique el listado de proveedores, los montos y el criterio con el que se eligen.

El uso de los recursos públicos también se discute en otra escala en La Pampa: el diputado nacional Adrián Ravier cuestionó al Gobierno provincial por el reparto de viviendas entre punteros. En un pueblo de 2.500 habitantes la escena es otra: dos bloques, una pila de expedientes y una fecha que llegó tarde.

Un balance que se revisa catorce meses después no controla: homologa.