La Justicia cordobesa resolvió que el exlegislador peronista Guillermo Kraisman deberá enfrentar un juicio oral en la causa que lo investiga por tentativa de estafa, en el marco del escándalo por la supuesta “empleada fantasma” en la Legislatura de Córdoba.
La decisión llegó luego de que se rechazara el pedido de suspensión de juicio a prueba, una salida alternativa que la defensa había intentado para evitar el debate oral. Con esa resolución, el caso avanza hacia una instancia clave y vuelve a exponer una de las prácticas más degradantes de la vieja política: el uso del Estado como caja, refugio y herramienta de beneficio para punteros y operadores del aparato.
Según la investigación, Kraisman está imputado por haber intentado cobrar el sueldo de una persona que no cumplía funciones reales en la Legislatura. La maniobra quedó bajo sospecha luego de que un empleado bancario detectara irregularidades y diera aviso, lo que permitió frenar el cobro y abrir la causa penal.
El episodio no solo compromete al exlegislador en términos judiciales. También vuelve a poner bajo la lupa un mecanismo demasiado conocido en la política argentina: la utilización de cargos, contratos o nombramientos como parte de una estructura clientelar donde los recursos públicos dejan de estar al servicio de la ciudadanía y pasan a integrarse al circuito de la militancia rentada, los favores internos y la reproducción del poder partidario.
La defensa de Kraisman, encabezada por el abogado Diego Casado, había propuesto acceder a una probation, ofreciendo tareas comunitarias y una reparación económica en cuotas. Pero la fiscalía consideró insuficiente esa salida y rechazó la posibilidad de cerrar el caso sin juicio.
Ese punto no es menor.
Durante años, una parte de la dirigencia política argentina se acostumbró a operar con la expectativa de que, aun cuando una maniobra irregular saliera a la luz, siempre existiría alguna salida procesal menor, algún acuerdo conveniente o alguna vía para evitar la exposición pública de un juicio oral. El rechazo a ese beneficio marca, al menos en este caso, un límite a esa lógica de impunidad blanda.
La causa quedará ahora en manos de la Cámara Décima del Crimen, que deberá fijar la fecha del juicio.
El expediente gira en torno a un hecho concreto, pero el trasfondo es mucho más amplio. Lo que se discute no es solo si un dirigente intentó o no defraudar al Estado. Lo que aparece detrás del caso es una forma de hacer política basada en la naturalización del abuso de los recursos públicos.
Porque la figura de la “empleada fantasma” no es apenas una irregularidad administrativa. Es la expresión de un sistema donde el dinero de los contribuyentes puede ser manipulado por operadores que entienden al Estado no como una institución al servicio del ciudadano, sino como una estructura disponible para sostener lealtades, repartir favores y financiar la trama interna del poder.
Por eso el caso Kraisman excede a Kraisman.
Es una radiografía del deterioro de una cultura política que durante demasiado tiempo convivió con estas prácticas como si fueran parte del paisaje habitual de la administración pública.
La imputación por tentativa de estafa prevé una pena máxima de hasta dos años de prisión. Será el juicio el que determine la responsabilidad penal del exlegislador y la eventual condena. Pero más allá de lo que resuelva finalmente el tribunal, el daño político ya está hecho: otro dirigente ligado al peronismo cordobés llega al banquillo en una causa que combina aparato, fondos públicos y maniobras difíciles de explicar sin apelar a la lógica de la casta.
En una Argentina que discute recorte del gasto, transparencia y fin de los privilegios, este tipo de expedientes tienen una carga simbólica inevitable.
Mientras millones de argentinos trabajan, pagan impuestos y sostienen con esfuerzo un Estado sobredimensionado, una parte de la dirigencia siguió creyendo que los recursos públicos podían usarse como botín de facción.
La apertura del juicio contra Kraisman vuelve a poner esa realidad sobre la mesa.
Y deja una conclusión incómoda para el peronismo tradicional: cada vez que uno de sus operadores termina ante la Justicia por maniobras de este tipo, no solo se investiga a una persona. También se expone un método.
Un método hecho de punteros, cajas, empleos políticos y abuso de la estructura estatal.
Un método que durante demasiado tiempo se presentó como representación popular, pero que en los hechos funcionó como una maquinaria de apropiación del Estado.
Ahora será la Justicia la que deba avanzar.
Y esta vez, al menos por ahora, no hubo probation que alcance para evitar el banquillo.
