ULTIMO MOMENTO: un diputado declaró una casa por USD 22 mil y un departamento en CABA por $9,3 millones

El diputado nacional Esteban Paulón quedó en el centro de una fuerte polémica tras difundirse los valores consignados en su última declaración jurada patrimonial. Según la información publicada, el legislador declaró una vivienda de 362 metros cuadrados en Santa Fe por USD 22.050 y, además, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por $9.350.750, adquirido en diciembre de 2023. La comparación con valores de mercado encendió cuestionamientos inmediatos en redes y en el debate público.

Lo primero que hay que decir, para no caer en simplificaciones cómodas, es que una valuación patrimonial baja no prueba automáticamente evasión. En Argentina, las declaraciones juradas suelen reflejar valores fiscales, históricos o criterios formales que no necesariamente coinciden con el precio real de mercado. Ese punto es importante, porque pasar de “subvaluado” a “delito” sin más evidencia es intelectualmente flojo. Aun así, también es cierto que cuando las cifras lucen tan bajas frente a lo que cualquiera supondría para inmuebles de ese tipo, la sospecha política y pública aparece casi sola.

En el caso de la propiedad santafesina, el dato que más impactó fue la relación entre superficie y valuación. Una casa habitación de 362 m² declarada en USD 22.050 no suena, a simple vista, como una valuación razonable en términos de mercado, aun contemplando diferencias regionales o depreciaciones. Lo mismo ocurre con el departamento porteño, valuado en $9,3 millones, una cifra que también aparece muy por debajo de lo que habitualmente se observa para unidades similares en CABA. Por eso el escándalo no nació de una interpretación sofisticada, sino de algo mucho más básico: la intuición de que los números “no cierran”.

El problema para Paulón no es solo contable. Es también político. Porque en la Argentina actual, donde la presión fiscal asfixia a millones de contribuyentes y donde cada vez más dirigentes hablan de transparencia, ética pública y control del patrimonio ajeno, quedar expuesto por valores patrimoniales que parecen de fantasía tiene un costo doble. No se trata solamente de si la declaración cumple formalmente con una regla, sino de si el funcionario puede explicar de forma creíble por qué sus bienes figuran tan lejos de los precios que cualquier ciudadano reconoce como normales.

Hay otro detalle que vuelve el caso todavía más incómodo: ambos inmuebles habrían sido consignados como adquiridos con “ingresos propios”. Eso no implica irregularidad por sí mismo, pero sí refuerza la necesidad de una explicación clara sobre el criterio de valuación utilizado. Cuando un diputado declara bienes inmuebles a cifras tan bajas, la discusión deja de ser una anécdota patrimonial y pasa a tocar un nervio más sensible: la confianza pública. Porque el ciudadano común no compara formularios; compara realidades. Y cuando ve una casa valuada como si fuera casi un auto usado de gama media, la primera reacción no es técnica. Es política.

Ahora bien, también sería un error construir una acusación definitiva solo sobre la base de la indignación. La experiencia argentina muestra que muchas declaraciones patrimoniales de dirigentes arrastran valores históricos, fiscales o criterios administrativos que no reflejan el precio de venta actual. Incluso coberturas anteriores sobre declaraciones juradas de otros políticos ya habían mostrado distorsiones fuertes entre valuación formal y valor real de mercado. Eso no absuelve a nadie, pero sí obliga a distinguir entre una presentación llamativamente baja y una maniobra probada de evasión o falseamiento doloso.

De todos modos, políticamente el daño ya está hecho. Porque el dato que se instala no es la sutileza jurídica, sino la imagen: un diputado con una casa de 362 m² declarada en USD 22 mil y un departamento porteño por $9,3 millones. Esa imagen pega, circula y erosiona. Y pega todavía más cuando se trata de figuras que suelen exigirle al resto del sistema político estándares altos de transparencia o rendición de cuentas. En política, muchas veces la legitimidad no se rompe por una condena, sino por una explicación que nunca llega o que llega tarde.

La discusión de fondo, entonces, no es solo sobre Paulón. Es sobre un problema más amplio de la política argentina: declaraciones juradas que muchas veces existen, pero no necesariamente transparentan de verdad. Si los formularios permiten que un inmueble urbano o una casa grande aparezcan a valores que parecen irreales para cualquier observador, la herramienta pierde buena parte de su capacidad de control ciudadano. Y ahí aparece la pregunta incómoda que este caso vuelve a poner sobre la mesa: ¿las declaraciones juradas están pensadas para mostrar la realidad patrimonial de los dirigentes o para cumplir formalmente con un trámite que casi nadie puede interpretar sin escándalo?

En ese sentido, el caso Paulón funciona como algo más que una polémica puntual. Es una radiografía de una falla más profunda. Porque cuando un dirigente declara propiedades a valores que suenan absurdos, no solo queda bajo sospecha él. También queda bajo sospecha el sistema entero de transparencia patrimonial. Y ese es, quizá, el dato más grave: que en la Argentina de la desconfianza permanente, ni siquiera las herramientas creadas para dar claridad logran evitar que todo huela raro.