La Pampa del aparato: Ziliotto suma planta permanente y destina millones a asociaciones de árbitros

El gobierno de Sergio Ziliotto volvió a mostrar una lógica que en La Pampa ya no sorprende, pero no por eso deja de ser relevante: mientras el país discute cómo bajar gasto, flexibilizar estructuras y achicar un Estado sobredimensionado, la administración provincial sigue avanzando en sentido contrario. Esta vez, con dos señales que leídas juntas dicen más que por separado: por un lado, el pase a planta permanente de cientos de agentes estatales; por otro, nuevos subsidios desde el área de Deportes a asociaciones de árbitros. No son hechos idénticos, pero sí forman parte de una misma cultura política: más estructura estable, más fondos públicos distribuidos y más peso del Estado en la vida provincial.

El primer dato es concreto. El Decreto 329, publicado en el Boletín Oficial de La Pampa, formalizó incorporaciones a planta permanente para personal de la administración pública provincial con al menos 180 días de servicio efectivo al 27 de noviembre de 2025, y excluyó a quienes tuvieran sumarios administrativos o renuncias en trámite. La medida, además, no surgió de la nada: se apoya en la Ley 3634, sancionada en diciembre de 2025, que autorizó a los tres poderes del Estado provincial a incorporar a planta permanente al personal contratado que reuniera esas condiciones.

Hasta ahí, el oficialismo puede decir que está regularizando empleo y cumpliendo una ley. Y sería simplista negar ese punto. El pase a planta, por sí solo, no prueba clientelismo ni corrupción. Pero tampoco es un hecho neutral. Convertir empleo transitorio en empleo permanente significa volver más rígida la estructura estatal, consolidar gasto futuro y achicar margen de corrección en un contexto donde el peso del sector público ya es central en la economía pampeana. En otras palabras: no es solo una mejora laboral para los alcanzados; es también una decisión política sobre qué tipo de Estado quiere seguir construyendo la provincia.

Además, ni siquiera hubo una comunicación pública clara sobre la magnitud exacta de la medida. El Diario de La Pampa informó que fueron 814 incorporaciones; Maracó Digital habló de 817; La Arena elevó la cifra a más de 900; y ATE La Pampa celebró que pasarán a planta 978 trabajadoras y trabajadores. Esa dispersión no es un detalle menor. Cuando un mismo hecho administrativo produce cuatro números distintos en medios y actores relevantes, lo que queda expuesto no es solo una diferencia de enfoque: queda expuesta una gestión opaca, o al menos desprolija, en algo tan básico como informar cuántas personas está sumando de manera permanente al Estado.

Los propios medios locales coinciden, eso sí, en algo más importante: la mayor parte de los pases se concentra en áreas sensibles y masivas del aparato estatal. Según las publicaciones relevadas, Salud absorbió 415 incorporaciones, Educación 207 y Desarrollo Social y Derechos Humanos 109. Esa distribución muestra que no se trata de una decisión marginal ni simbólica. Se está consolidando planta precisamente en los sectores donde el Estado provincial tiene mayor volumen, más capacidad de expandirse y más dificultad futura para reordenarse si el contexto fiscal se complica.

Como si eso no alcanzara para mostrar la dirección del modelo, el Boletín Oficial también deja ver otra escena del mismo entramado. El Decreto 247, fechado el 10 de marzo de 2026, otorgó $3.200.000 a la Asociación Civil de Árbitros Provinciales, destinados a gastos de funcionamiento e indumentaria deportiva. Y el Decreto 149, del 10 de febrero de 2026, otorgó $6.000.000 a la Agrupación Cultural de Árbitros Santarroseños, también para gastos de funcionamiento. Solo en esos dos actos administrativos aparecen $9.200.000 en subsidios a asociaciones de árbitros financiados desde el Estado provincial.

Acá también conviene ser intelectualmente honestos. Un subsidio a una asociación civil no es automáticamente escandaloso. Puede haber razones atendibles, necesidades concretas o funciones sociales reales. Pero el problema político aparece cuando estos desembolsos se leen junto con el resto del cuadro: más planta permanente, más estructura rígida y más recursos públicos distribuidos a organizaciones periféricas al aparato estatal. El punto no es demonizar a los árbitros. El punto es preguntarse por qué, en una provincia donde el Estado ya ocupa un lugar descomunal, la respuesta sigue siendo siempre la misma: ampliar, sostener, financiar, consolidar.

Ese es, en el fondo, el verdadero debate. La Pampa no vive solo de producción, inversión privada e innovación. Vive también de una arquitectura de empleo público, transferencias, convenios, subsidios y estructuras que el poder administra, ordena y protege. Ziliotto puede defender cada medida por separado. Puede decir que regulariza trabajadores, que cumple una ley, que financia instituciones deportivas. Pero el problema no está solo en cada expediente aislado. Está en el patrón. Y el patrón es claro: mientras en otros lugares se discute cómo desarmar un Estado pesado, en La Pampa el PJ sigue apostando a blindar el aparato.

Por eso la discusión no debería agotarse en si fueron 814, 817, 900 o 978. Esa confusión es apenas el síntoma. Lo central es otra cosa: detrás del desorden informativo hay una decisión política muy ordenada. Hacer más permanente al Estado, ensanchar su red de dependencias y seguir usando recursos públicos para sostener una lógica donde casi todo termina orbitando alrededor del gobierno provincial. Esa es la verdadera noticia. Y también el verdadero problema.