Golpe judicial a la cúpula de la AFA: procesaron a Tapia y Toviggino por la retención de más de $19.000 millones

La Justicia avanzó sobre el corazón del poder de la AFA. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en la causa por presunta retención y omisión de depósito de impuestos y aportes de la seguridad social por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. Además, les mantuvo restricciones para salir del país y les trabó embargos por $350 millones cada uno.

Lo primero que conviene aclarar es algo básico que en muchos titulares se mezcla a propósito: los más de $19.000 millones son el monto investigado por las retenciones y aportes no depositados en término; el embargo no es por ese total, sino por $350 millones por cada uno de los principales acusados. Esa diferencia importa, porque una cosa es el volumen de la maniobra que investiga la causa y otra la medida cautelar que dispuso el juez en esta etapa.

La resolución también alcanza a otros directivos. Según la reconstrucción judicial, fueron procesados además Cristian Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, mientras que la propia AFA fue considerada responsable como persona jurídica en una causa que, de acuerdo con Infobae, incluye 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. No es un expediente menor ni una molestia administrativa: es un golpe serio sobre la conducción de la entidad más poderosa del fútbol argentino.

El argumento central del juez apunta al control efectivo que tenían Tapia y Toviggino sobre la administración. La resolución sostiene que ambos contaban con facultades decisorias y de manejo que les permitían incidir directamente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el caso de Tapia, el magistrado remarcó su “posición central” en la toma de decisiones; en el de Toviggino, destacó su intervención en los movimientos financieros de la AFA. El mensaje judicial es claro: no se está investigando un error burocrático, sino una conducta atribuida a la cúpula.

Acá aparece el costado político más incómodo. Durante años, Tapia construyó una imagen de dirigente blindado: poder territorial, apoyo de los clubes, cercanía con el mundo sindical y capacidad para ordenar el fútbol argentino después del caos posterior a Grondona. Pero ese blindaje empezó a mostrar grietas. El procesamiento llega después de semanas en las que la dirigencia cerró filas en su defensa, incluso con una huelga del fútbol local cuando fue citado a declarar. Esa reacción del sistema también dice algo: la AFA no se defendió como una simple institución, sino como una estructura de poder que entendió que el avance judicial iba directo a su cúpula.

Desde una mirada más amplia, el caso también se mete en la pelea entre Tapia y el gobierno de Javier Milei. El entorno de la AFA ya dejó trascender que considera el expediente parte de una ofensiva política, en un contexto de guerra abierta con la Casa Rosada por el modelo de gestión del fútbol y, especialmente, por la discusión alrededor de las sociedades anónimas deportivas. Ese contexto no borra la causa ni vuelve inocentes a los procesados, pero sí explica por qué el caso excede lo penal y se vuelve un episodio de disputa por poder real.

Ahora bien, también sería un error inflar el expediente más de la cuenta. Un procesamiento no es una condena. La defensa de la AFA, encabezada por Gregorio Dalbón, ya adelantó que apelará y sostiene que la deuda estaba cancelada, que el propio juez reconoce que no quedó deuda con el fisco y que, en todo caso, lo que hubo fue pago tardío y no apropiación indebida. Además, argumenta que parte de las obligaciones habían quedado alcanzadas por resoluciones estatales que suspendieron la ejecutoriedad de deudas fiscales para entidades sin fines de lucro. Esa será una de las discusiones centrales en la próxima instancia.

Pero aun con esa salvedad, el daño político ya está hecho. Tapia quedó procesado por primera vez en una causa penal justo cuando pretendía seguir administrando la AFA desde una posición de fuerza absoluta. Y la imagen que deja el expediente es devastadora: una cúpula que mientras acumulaba poder, títulos y discurso institucional, ahora debe responder por una causa vinculada al manejo de aportes y recursos del Estado. En un país donde el fútbol muchas veces funcionó como territorio aparte, casi intocable, el dato fuerte no es solo que la Justicia investigue. El dato fuerte es que esta vez avanzó hasta arriba.

En el fondo, el caso reabre una pregunta más profunda sobre la AFA y sobre el modelo de poder que Tapia consolidó. Si la conducción del fútbol argentino se presentaba como exitosa, ordenada y profesional, ¿cómo se llega a una causa de esta magnitud por retenciones y aportes no depositados en término? Esa es la contradicción que hoy queda expuesta. Porque una cosa es ganar en la cancha. Otra muy distinta es explicar qué se hizo con los recursos que debían ir al fisco y a la seguridad social. Y ahí el relato ya no alcanza.