A once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, la causa judicial vuelve a moverse en una de sus líneas más sensibles y políticamente explosivas: la posible participación de estructuras de inteligencia ilegal y la existencia de un plan deliberado para simular un suicidio y encubrir el crimen.
Para los investigadores, hoy no hay dudas sobre un punto central: Nisman fue asesinado en razón directa de su función. El fiscal se preparaba para presentarse en el Congreso de la Nación y ampliar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, firmado en el marco del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos en 1994. Esa exposición podía alterar de manera irreversible el tablero político y judicial.
En los últimos meses, la causa incorporó declaraciones clave de agentes del área de inteligencia operativa del Ejército que prestaban funciones en 2015. Al menos quince efectivos ya declararon bajo reserva de identidad. El foco está puesto en un grupo reducido cuyos teléfonos fueron geolocalizados en las inmediaciones del complejo Le Parc, en Puerto Madero, durante el fin de semana en el que apareció el cuerpo del fiscal.
Según fuentes judiciales, la sospecha es contundente: como mínimo, se habrían realizado tareas de inteligencia interna prohibidas por ley. La estructura de mandos, los movimientos operativos y las órdenes impartidas en ese período —cuando el Ejército estaba bajo el mando de César Milani— están siendo analizados de forma exhaustiva. No se investiga un hecho aislado, sino un posible despliegue organizado de recursos estatales fuera de todo marco legal.
En paralelo, la investigación avanza sobre una segunda línea todavía más incómoda para el poder político y judicial de aquel entonces: la hipótesis de un plan criminal posterior al asesinato. Según esta línea, existió una estrategia coordinada para evitar que prosperara la hipótesis homicida, orientando la causa hacia la idea del suicidio mediante una investigación deliberadamente deficiente, pérdida de pruebas, decisiones irregulares y desvíos institucionales.
En ese marco, para fines de febrero está prevista la indagatoria de Viviana Fein, la primera fiscal del caso, imputada por el descontrol de la escena del crimen y la falta de preservación de evidencia clave. También permanecen imputados el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, jefes de fuerzas federales y funcionarios que intervinieron en las primeras horas posteriores a la muerte del fiscal.
La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y se tramita bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Desde el expediente se sostiene que el atentado a la AMIA, el Memorándum con Irán y el asesinato de Nisman forman parte de una misma matriz de encubrimiento estatal, donde convergen intereses políticos, judiciales y de inteligencia.
En 2018, la Cámara Federal descartó definitivamente la hipótesis del suicidio y avaló la tesis del asesinato, en línea con el peritaje de Gendarmería. Sin embargo, a más de una década del crimen, aún se desconoce quién ejecutó el homicidio y quiénes lo ordenaron. Hasta el momento, el único procesado es el informático Diego Lagomarsino, dueño del arma utilizada.
El año pasado, el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia vinculados al período previo a la muerte del fiscal. Esa decisión marcó un punto de inflexión: por primera vez en años, se comenzó a romper el cerco de opacidad que protegió a los responsables políticos durante el kirchnerismo.
Once años después, la causa Nisman vuelve a exponer una pregunta que sigue incomodando al poder: no solo quién mató al fiscal, sino cuánto del Estado trabajó activamente para que la verdad no salga a la luz. Y si esta vez, finalmente, el encubrimiento también será juzgado.
