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sesión del Senado de la Nación durante el debate por la responsabilidad penal juvenil
Nacionales · 3 min

Desde los 14 años: el Senado aprobó la responsabilidad penal juvenil

Por Redacción Pampa Liberal

El Senado aprobó por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que prevé penas de hasta 15 años y prohíbe la prisión perpetua para menores.

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El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

La norma no se limita a modificar un número. Crea un sistema penal específico para adolescentes, con garantías procesales, defensa técnica obligatoria y un esquema de sanciones progresivas. Las penas de prisión efectiva estarán reservadas para delitos graves como homicidio, secuestro, robo con violencia y abuso sexual. La pena máxima será de 15 años y se prohíbe la prisión perpetua para menores.

Un régimen especializado

El nuevo esquema contempla herramientas que van desde la amonestación, la prestación de servicios comunitarios y el monitoreo electrónico hasta la privación de libertad en casos extremos. Además, se prevé que los adolescentes no puedan ser alojados junto a adultos y se asignó una partida presupuestaria específica para adecuar la infraestructura necesaria.

Durante el debate, el oficialismo defendió el proyecto como un régimen moderno y garantista. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que la ley “está del lado de las víctimas” y cuestionó a quienes —según afirmó— priorizan al victimario por sobre el ciudadano común.

En la misma línea, Carolina Losada rechazó el argumento de que un joven de 14 o 15 años no comprende la gravedad de sus actos. “Saben perfectamente lo que hacen”, señaló durante su intervención.

Las críticas opositoras

Desde el kirchnerismo y sectores aliados cuestionaron la reforma. Lucía Corpacci calificó el proyecto como “invotable” y denunció un supuesto uso político del tema. Martín Soria advirtió que la ley podría aplicarse a situaciones menores, algo que el oficialismo negó enfáticamente.

También hubo objeciones sobre el financiamiento y la implementación. Jorge Capitanich cuestionó los plazos para la construcción de establecimientos adecuados y habló de “exceso de punitivismo”. Por su parte, Gerardo Zamora planteó dudas sobre el impacto presupuestario en las provincias.

El oficialismo respondió que la ley delimita claramente los casos de prisión efectiva a delitos graves y que garantiza debido proceso, asistencia legal idónea y especialización judicial.

Responsabilidad y orden institucional

El debate de fondo excede la edad en sí misma. La discusión gira en torno a la responsabilidad penal frente a delitos violentos cometidos por adolescentes y al lugar de las víctimas en el sistema judicial.

Bajar la edad de imputabilidad no implica criminalizar la adolescencia ni abandonar políticas de prevención. Implica establecer que la violencia extrema tiene consecuencias jurídicas claras.

En un país atravesado por una crisis de seguridad, el Congreso envió una señal política concreta: el régimen penal juvenil debía actualizarse. El desafío ahora será su implementación efectiva, con infraestructura adecuada, capacitación judicial y seguimiento institucional.

La ley ya está sancionada.
Comienza una nueva etapa en la política criminal argentina: más garantías procesales, pero también una definición explícita de responsabilidad desde los 14 años.

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