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Implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia de Córdoba
Nacionales · 3 min

Justicia en Córdoba: El Nuevo Sistema Acusatorio Desafía la Burocracia Judicial

Por Redacción Pampa Liberal

A partir del 15 de junio, la Justicia de Córdoba pone en marcha el sistema acusatorio, que traslada la investigación penal de los jueces a los fiscales y promete acelerar los procesos judiciales.

El 15 de junio se marca un antes y un después en la justicia de Córdoba con la implementación del sistema acusatorio. En un esfuerzo por modernizar y agilizar el proceso judicial, este modelo promete sacar del letargo burocrático a un sistema judicial que ha estado históricamente atrapado en la lentitud del expediente escrito. Detrás de este cambio se encuentra un intento de devolver dinamismo y eficacia a la justicia, delegando mayor responsabilidad en los fiscales para la investigación.

El núcleo del sistema acusatorio reside en su esencia: desplazar la carga de la investigación desde los jueces a los fiscales, quienes ahora tendrán la tarea de promover la acción penal pública. Este cambio es radical respecto al tradicional modelo inquisitivo que mantenía a los jueces como protagonistas en ambas fases, la investigativa y la de juicio. ¿El objetivo? Reducir significativamente los tiempos de tramitación de las causas. En teoría, menos papel y más dinamismo.

Parece una medida lógica en un país donde la justicia suele llegar tarde y condicionada por procedimientos anacrónicos. En promedio, un proceso judicial en Argentina puede demorar años en resolverse, tiempo durante el cual la burocracia se convierte en una aliada silenciosa de la ineficacia. El nuevo modelo busca revertir esa inercia burocrática, apostando a que con la autonomía fiscal, la maquinaria judicial pague con mayor celeridad su deuda con la sociedad.

Desde el punto de vista técnico, los fiscales ahora concentrarán los esfuerzos iniciales de la investigación, desde la recolección de pruebas hasta la determinación de si un caso debe ir a juicio. Los jueces, en cambio, se limitarán a la función jurisdiccional, encargándose exclusivamente de la dirección del proceso durante el juicio oral. Esto, en teoría, asegura un mayor control y un enfoque más especializado en cada etapa del proceso.

El principal ganador aquí, aparentemente, es el ciudadano que clama por justicia oportuna. Sin embargo, cabe plantearse si este cambio afectará en algo a las estructuras de poder judicialmente institucionalizadas que se han beneficiado durante años de la lentitud procedimental. Observamos un posible lado oscuro: la concentración de poder en los fiscales, potencialmente resultando en arbitrariedades si el sistema de controles no se refuerza acorde a las nuevas atribuciones.

Mientras tanto, la otra cara de la moneda muestra una realidad productiva que debe hacer frente a la carga de sostener un sistema judicial a través de la presión fiscal. La expectativa es que con un sistema más eficiente, no sólo se reduzcan los plazos, sino también los costos asociados. Así, el objetivo no es sólo hacer justicia más rápida, sino más económica, quitando piedras del camino ya empedrado de impuestos que asfixian.

Habrá que ver si el nuevo sistema finalmente logra lo que promete o si, por otro lado, se convierte en otro intento con buenos propósitos atrapado en la maraña de la implementación burocrática. Lo que es seguro es que ya no hay margen para un sistema lento cuando es la misma velocidad del dinamismo social y productivo quien lo demanda. Una justicia anclada en la velocidad del siglo XXI, no del XIX, es necesaria. Será un paso adelante si se mantiene la finalidad de mejorar, no de complicar. El impulso está dado, el resultado está por verse.

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