Denunciaron penalmente a Axel Kicillof por el vaciamiento del IOMA: “Una caja política disfrazada de obra social”
El abogado y concejal Marcelo Mazzeo presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, apuntando contra Kicillof y el titular del IOMA, Homero Giles, por administración fraudulenta.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue denunciado penalmente por el vaciamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), en una causa que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción sanitaria de los últimos años.
La presentación judicial fue realizada por Marcelo Mazzeo, abogado, ciudadano y concejal de La Libertad Avanza en el partido de Esteban Echeverría, ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata.
La denuncia apunta directamente contra el titular del IOMA, Homero Giles, y contra Kicillof como máxima autoridad jerárquica, por la posible comisión de delitos graves contra la administración pública: administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y hasta asociación ilícita.
Mazzeo sostiene que el IOMA, con un presupuesto superior a los 188 mil millones de pesos anuales, fue “capturado políticamente” y transformado en una caja de financiamiento partidario y propaganda oficial.
Según la denuncia, los recursos destinados a la salud fueron desviados, provocando un colapso estructural en las prestaciones médicas y dejando sin atención a miles de bonaerenses.
“El IOMA se convirtió en un instrumento de propaganda, en lugar de una obra social. Lo vaciaron, lo usaron y lo abandonaron”, señaló el denunciante.
El escrito judicial describe un panorama crítico: retrasos en los pagos a entidades médicas, demoras en honorarios profesionales, suspensión de tratamientos vitales —entre ellos oncológicos, prótesis y medicación crónica—, y violaciones sistemáticas al derecho a la salud.
La querella también denuncia la afiliación compulsiva de empleados municipales y provinciales al IOMA, algo que califica como un régimen de “extorsión institucional” que impide a los trabajadores elegir libremente su cobertura médica.
Además, se señala la creación de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP), liderada por Silvina Fontana, quien simultáneamente dirige la firma RM Salud S.R.L.. Según Mazzeo, esta maniobra habría servido como mecanismo de intermediación privada ilegal, generando conflictos de interés y desvíos de fondos públicos.
Otro punto clave de la denuncia es la falta de rendición de cuentas.
Giles habría ignorado reiteradas citaciones de la Legislatura bonaerense, negándose a ser interpelado pese a los pedidos formales de diputados y senadores.
El gobernador Kicillof, en tanto, es acusado de omisión funcional, por no haber supervisado ni corregido las irregularidades, convirtiéndose en responsable político de los hechos.
Mazzeo solicitó a la Justicia medidas cautelares inmediatas, el allanamiento de las sedes del IOMA, del Ministerio de Salud, ACEAPP y RM Salud, y el secuestro de documentación contable vinculada a la gestión.
La denuncia contra Kicillof no sorprende. Durante años, el kirchnerismo hizo del Estado una maquinaria para sostener militancia y clientelismo. El caso IOMA muestra el mismo patrón: capturar organismos públicos, vaciar presupuestos y usar los recursos de todos para financiar un relato político.
Mientras miles de bonaerenses esperan por medicamentos, prótesis o estudios, el dinero de su obra social se habría desviado hacia fines ajenos a la salud pública.
Desde Pampa Liberal entendemos que este caso no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo de poder que considera al Estado como botín y no como servicio.
Por eso, la denuncia de Mazzeo no solo apunta a la corrupción, sino también a recuperar un principio básico: que la plata de la gente vuelva a ser de la gente.
En una provincia donde la salud colapsa, los hospitales se deterioran y los médicos trabajan sin cobrar, esta denuncia marca el inicio de una nueva etapa: la de la rendición de cuentas y el fin de la impunidad.
La Justicia deberá ahora investigar, pero la sociedad ya lo entendió:
El verdadero vaciamiento no es solo económico, es moral.
Y empieza a tener nombre y apellido: Axel Kicillof.
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