Un delito sin rostro es fácil de olvidar: Ziliotto habla de una Pampa «sin conflictos»
Mientras los medios pampeanos publican noticias sobre robos, hechos violentos y denuncias de abusos, el gobernador Sergio Ziliotto presenta a La Pampa como una provincia «sin conflictos». La falta de identificación cuando corresponde y, especialmente, de seguimiento judicial plantea una pregunta incómoda: ¿estamos informando sobre la inseguridad o simplemente acostumbrándonos a ella?
Hay una característica que comparten demasiadas noticias policiales en La Pampa: los protagonistas parecen no tener nombre, no tener rostro y, muchas veces, tampoco tener historia después de su primera aparición en los medios.
Un joven fue detenido. Un hombre fue acusado. Un sujeto protagonizó un violento episodio. Un individuo fue trasladado a una dependencia policial.
Al día siguiente, otra noticia.
A la semana siguiente, otro detenido.
Y después, silencio.
¿Quién era? ¿Qué ocurrió con la investigación? ¿Fue condenado? ¿Quedó en libertad? ¿La Justicia resolvió el caso?
En demasiadas ocasiones, el ciudadano que pretende conocer el desenlace debe buscarlo por su cuenta.
Un delito sin rostro es un delito fácil de olvidar. Y una sociedad que olvida difícilmente pueda exigir responsabilidades.
Hay casos que permanecen durante meses en la conversación pública.
La mayoría recuerda a Pequeño J, cuyo apodo y rostro circularon ampliamente durante la cobertura de una investigación criminal de repercusión nacional. En La Pampa, nombres como el de Nicanor Romero también quedaron asociados a controversias públicas que trascendieron los titulares.
Son situaciones diferentes que no deben confundirse ni equipararse judicialmente, pero permiten observar un fenómeno común: cuando una historia tiene protagonistas identificables, resulta más sencillo recordarla y seguir su evolución.
Ahora hagamos el ejercicio contrario.
¿Cuántos detenidos por hechos graves ocurridos en La Pampa puede identificar el ciudadano promedio? ¿Cuántas investigaciones conoce desde la denuncia inicial hasta su resolución? ¿Cuántas condenas tuvieron una cobertura proporcional a la que recibió el delito?
Seguramente muchos lectores recuerden haber visto una noticia sobre un robo, una agresión o una detención reciente.
Muchos menos podrán explicar qué ocurrió después.
La información policial se ha convertido, demasiadas veces, en una sucesión de episodios aislados.
Y cuando no existe continuidad informativa, tampoco existe una memoria pública suficientemente sólida para evaluar el funcionamiento de las instituciones.
El periodismo cumple una función fundamental en cualquier sociedad democrática: permitir que los ciudadanos conozcan hechos relevantes y puedan controlar a quienes ejercen el poder.
Esa función no termina cuando se publica un parte policial.
Informar que una persona fue detenida puede ser el comienzo de una historia, pero no necesariamente su final.
¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Se formularon cargos? ¿Hubo pruebas suficientes? ¿Llegó la causa a juicio? ¿Se dictó una condena? ¿Se absolvió al acusado?
Cada una de esas respuestas tiene valor público.
Sin embargo, el funcionamiento cotidiano de buena parte del periodismo policial parece favorecer la noticia inmediata sobre el seguimiento de las investigaciones.
No es necesario atribuirles a los medios una intención de ocultamiento para cuestionar las consecuencias de esa práctica.
Cuando una detención ocupa una portada y su desenlace desaparece de la cobertura, el ciudadano recibe una historia incompleta.
Naturalmente, existen límites legales y éticos. Los menores de edad deben ser protegidos, las víctimas tienen derecho a preservar su intimidad y ninguna persona puede ser presentada como culpable antes de una condena.
La presunción de inocencia no es un obstáculo para el periodismo. Es una garantía que debe respetarse.
Pero respetar esas garantías no significa que toda identidad deba permanecer oculta en cualquier circunstancia ni que las condenas judiciales deban perderse entre expedientes que casi nadie consulta.
La protección de derechos y el derecho a la información pueden y deben convivir.
Lo que no debería convertirse en una costumbre es publicar el delito y olvidarse de su resolución.
La discusión cobra especial relevancia después de las declaraciones realizadas por el gobernador Sergio Ziliotto el viernes 6 de noviembre.
Durante una entrevista, el mandatario presentó a La Pampa como una provincia amigable, con calidad de vida, reglas claras y «sin conflictos», en el marco de una conversación sobre inversiones y desarrollo productivo.
Mientras tanto, las noticias policiales mostraban una realidad que también merece atención.
El 7 de noviembre se informó sobre una detención por el robo de una bicicleta y un televisor en Santa Rosa. Ese mismo día trascendió una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra una menor, con un detenido y otro sospechoso buscado por las autoridades.
También se conocieron procedimientos vinculados con una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la zona de Quehué y General Acha.
Y el 8 de noviembre se informó sobre una denuncia por amenazas y robo de un teléfono celular en Toay.
No todos estos episodios tienen la misma gravedad ni todos representan delitos judicialmente comprobados. Tampoco alcanzan, por sí solos, para establecer que la provincia atraviesa un récord de criminalidad.
Pero sí demuestran que existen hechos concretos que deben ser investigados, esclarecidos y explicados a la ciudadanía.
Por eso resulta legítimo preguntarle al gobernador:
¿Sin conflictos, Sergio? ¿De qué La Pampa estamos hablando?
Es cierto que sus declaraciones se produjeron en un contexto económico e institucional y no constituyeron una afirmación estadística sobre la inexistencia de delitos.
Pero cuando un gobernador utiliza la ausencia de conflictos como una característica de su provincia, también corresponde examinar los problemas que quedan fuera de esa descripción.
La seguridad pública no puede reducirse a una consigna de promoción institucional.
Una provincia no es más segura porque sus autoridades la describan como tranquila.
Es más segura cuando sus habitantes pueden vivir sin miedo y cuando las instituciones responden eficazmente frente al delito.
La Pampa necesita una discusión pública sobre seguridad basada en información verificable.
¿Cuántas denuncias penales se presentan cada año? ¿Cuántos delitos contra la propiedad se registran? ¿Qué porcentaje de las investigaciones logra esclarecerse? ¿Cuántas causas llegan a juicio? ¿Cuántas terminan en condenas?
Y, especialmente, ¿cómo evolucionaron esos indicadores durante los años de gobierno de Sergio Ziliotto?
Esas preguntas no deberían depender de la voluntad de un medio de comunicación ni de la capacidad de investigación individual de un ciudadano.
Deberían tener respuestas públicas, periódicas, accesibles y comparables.
Porque tampoco sería serio sostener que la delincuencia aumentó únicamente porque una semana aparecieron más noticias policiales.
La cantidad de noticias publicadas no equivale necesariamente a la cantidad de delitos cometidos.
Precisamente por eso necesitamos estadísticas.
Sin información completa, el Gobierno puede presentar su versión de la realidad y los ciudadanos quedan sin herramientas suficientes para contrastarla.
Y cuando falta información, el debate público termina atrapado entre discursos oficiales, percepciones individuales y titulares aislados.
Creemos que el problema no termina en las oficinas del Gobierno provincial.
Los medios de comunicación también deben revisar su responsabilidad.
Publicar una detención no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Pero informar una condena, identificar a los responsables cuando la ley lo permite y explicar el funcionamiento de la Justicia sí contribuye a construir una ciudadanía mejor informada.
La sociedad tiene derecho a saber si las instituciones encargadas de protegerla están haciendo su trabajo.
No alcanza con que una investigación genere titulares durante unas horas.
No alcanza con que los funcionarios emitan comunicados.
No alcanza con que las autoridades judiciales informen únicamente los casos que consideran relevantes.
El periodismo debe preguntar, investigar y volver sobre los hechos.
Aunque las respuestas incomoden al Gobierno.
Aunque incomoden a la Justicia.
Aunque incomoden a los propios medios.
Porque una sociedad que pierde la memoria sobre sus problemas también pierde la capacidad de exigir que se resuelvan.
«Los ojos ciegos bien abiertos».
Los problemas están a la vista.
Las noticias aparecen.
Las víctimas existen.
Las denuncias se acumulan.
Pero, si nadie se ocupa de seguir las investigaciones, de exigir resultados y de contrastar los discursos políticos con información verificable, terminamos mirando una realidad que no llegamos a comprender.
No queremos una provincia donde se oculten las noticias incómodas para conservar la imagen del Gobierno.
Tampoco queremos un periodismo que confunda la prudencia judicial con el abandono informativo.
Queremos menos delitos, investigaciones que avancen, condenas cuando correspondan, absoluciones cuando no existan pruebas y autoridades que rindan cuentas.
Queremos que los pampeanos sepan qué ocurre con su seguridad y con el funcionamiento de la Justicia.
Porque la tranquilidad no se decreta desde un despacho.
No se consigue con una declaración radial.
Y mucho menos se garantiza dejando que las noticias desaparezcan de la memoria colectiva.
La seguridad se demuestra con resultados.
Y el periodismo se demuestra haciendo preguntas.
Incluso aquellas que el poder preferiría no responder.