Santiago Peña y el caso Ueno: la derecha tampoco tiene permiso para robar
Los vínculos de Peña con el grupo ligado a Ueno exigen respuestas. Si se prueban delitos, ninguna afinidad política debe evitar una condena.*
La corrupción puede aparecer en la derecha y en la izquierda. Lo que una sociedad no puede aceptar es que su castigo dependa del partido del acusado. El escándalo de Ueno Bank y las investigaciones que alcanzan al presidente paraguayo, Santiago Peña, ponen esa convicción a prueba: denunciar al adversario es fácil. Exigir que alguien políticamente cercano responda ante la Justicia demuestra si se defienden principios o solamente una camiseta.
Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, mientras avanzaba el juicio político por la crisis bancaria. Posteriormente anunció que ejercería su defensa y aportaría información a las investigaciones. Pero ninguna salida del poder debería cerrar las preguntas sobre su actuación ni funcionar como un acuerdo para dejar responsabilidades sin investigar.
El problema no es solamente que un banco haya colapsado. Es qué relación existió entre ese banco, los negocios vinculados al presidente y las decisiones del Estado.
El Banco Central del Paraguay informó que dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. La decisión fue adoptada el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente. Es un deterioro patrimonial grave, reconocido oficialmente por el organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
La dimensión pública del caso también es enorme. La entidad administraba unos 850 millones de dólares de organismos públicos, incluidos aproximadamente 380 millones del Instituto de Previsión Social. La suspensión de operaciones dejó a sus clientes sin acceso normal a sus depósitos. Detrás de esas cifras hay ahorros, salarios y recursos destinados a jubilaciones y cobertura sanitaria.
Peña tiene explicaciones concretas que dar. Según documentación reseñada, declaró acciones por 6.144 millones de guaraníes en Ueno Holding al comienzo de su presidencia y mantuvo su participación hasta marzo de 2025. También se informó sobre facturación de esa sociedad a Ueno Bank por servicios de capacitación y marketing. Esos antecedentes requieren esclarecer qué intereses económicos conservaba el mandatario y cómo se relacionaron con sus obligaciones públicas. Por sí solos, no demuestran un delito.
A ello se suma otro vínculo relevante: Carlos Carvallo, designado al frente del Banco Central durante la presidencia de Peña, había dirigido Ueno hasta 2023. Esa trayectoria obliga a examinar con especial atención la independencia y la eficacia de la supervisión.
La investigación ya tiene una base institucional. El Ministerio Público paraguayo confirmó el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de autoridades estatales. Entre sus antecedentes figura la ampliación de una denuncia presentada contra Peña en octubre de 2025. Una investigación no equivale a una condena, pero exige respuestas verificables.
Las preguntas son inevitables: ¿quién decidió colocar los recursos públicos? ¿Con qué evaluaciones de riesgo? ¿Qué advertencias recibieron los supervisores? ¿Hubo decisiones destinadas a beneficiar intereses privados? ¿Qué sabía Peña y qué hizo con esa información?
Un presidente no es penalmente responsable de cada fracaso empresarial ocurrido durante su mandato. Sí debe responder por sus propias decisiones si utilizó el cargo para favorecer negocios, encubrir irregularidades o participar en delitos. Eso debe probarse con documentos, movimientos de dinero y actuaciones concretas.
Desde una posición liberal, la vara debe ser especialmente clara. Defender la propiedad privada incluye defender los ahorros de quienes confiaron su dinero a un banco. Defender el mercado exige rechazar los privilegios concedidos desde el poder. Y exigir límites al Estado supone impedir que sus funcionarios lo utilicen para favorecer intereses particulares.
Peña no merece una absolución ideológica ni una condena inventada. Merece una investigación sin protección política.
Si se demuestra que cometió delitos castigados con prisión, debe ir preso. También deben recuperarse los bienes que correspondan y repararse el daño por las vías legales. Renunciar, perder un cargo o pedir disculpas no sustituye una condena.
La corrupción no se vuelve tolerable porque el acusado hable de libertad, inversión o crecimiento. Tampoco porque invoque justicia social.
El que roba debe responder. Aunque sea de derecha. Aunque sea de los nuestros.
