Fondos públicos, cooperativas y discrecionalidad: la Justicia avanza contra exfuncionarios kirchneristas

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social y de integrantes de cooperativas investigadas por una presunta maniobra de defraudación con fondos públicos destinados a la confección de guardapolvos escolares para sectores vulnerables. El caso vuelve a poner bajo la lupa una matriz conocida: programas sociales, subsidios, intermediarios, controles débiles y millones de pesos administrados con discrecionalidad.

Según la resolución firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una maniobra orientada a desviar fondos asignados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., en el marco de un convenio celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social para producir 165.000 guardapolvos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Entre los exfuncionarios alcanzados por la medida aparecen Leonardo Sebastián Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social; Osvaldo Eugenio Minervini, exdirector de Organización Comunitaria; y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa. La acusación también involucra a miembros de cooperativas vinculadas al expediente, entre ellas la Cooperativa 15 de Julio, Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda.

El convenio investigado tenía un objetivo formalmente noble: fabricar guardapolvos para alumnos de sectores vulnerables y, al mismo tiempo, fomentar el trabajo social productivo a través de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Pero, como tantas veces ocurre con el modelo del “Estado presente”, la distancia entre el discurso y los hechos terminó siendo materia de investigación judicial.

De acuerdo con la causa, el Estado transfirió $710.366.250 a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda. para la confección de 165.000 guardapolvos. La Nación había informado previamente que la Justicia puso el foco en que la cooperativa no habría contado con capacidad ni maquinaria suficiente para cumplir con el compromiso asumido.

El esquema bajo sospecha habría funcionado en dos planos. Por un lado, mediante el cambio del sistema de adquisición: se habría pasado de una contratación directa a una modalidad de subsidio institucional, contemplada en la Resolución 208/18. Según la Cámara, ese cambio habría permitido eludir controles administrativos y seleccionar discrecionalmente al beneficiario. Por otro lado, el expediente apunta a la subcontratación de otras cooperativas que, según la investigación, tampoco tenían capacidad operativa real para llevar adelante las tareas comprometidas.

Ese punto es clave. No se trata solamente de una causa judicial más: se trata de una forma de administrar dinero público que durante años fue presentada como sensibilidad social, pero que en la práctica abrió la puerta a circuitos opacos, intermediarios políticos y estructuras difíciles de auditar. Cuando el Estado reparte fondos con controles laxos, el riesgo no lo pagan los funcionarios ni las cooperativas beneficiadas: lo pagan los contribuyentes.

La investigación también detectó inconsistencias en rendiciones, certificaciones, entregas y movimientos de fondos. Infobae informó que, según el Tribunal de Apelaciones, cheques librados por la Cooperativa 15 de Julio fueron presentados al cobro por empresas que en su mayoría no guardaban relación con el sector textil. También se mencionaron gastos ajenos al objeto del convenio, como la compra de un vehículo y transferencias a personas no asociadas a las cooperativas.

La Cámara ratificó los procesamientos por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y, en algunos casos, también por abuso de autoridad. La medida había sido dictada previamente por el juez federal Sebastián Casanello, cuando subrogaba el Juzgado Federal N.º 11.

A su vez, el tribunal hizo lugar parcialmente a planteos sobre los embargos. Consideró que el monto de $3.130 millones había sido fijado sin un análisis individualizado de la situación de cada imputado y ordenó dictar nuevos embargos diferenciados según el grado de responsabilidad atribuido. Además, se confirmó la prohibición de salida del país para los procesados.

El caso expone una discusión mucho más profunda que un expediente penal. Durante años, el kirchnerismo defendió un modelo en el que el Estado se coloca como intermediario de casi todo: la asistencia social, el trabajo cooperativo, la distribución de recursos, la producción, la compra de bienes y la llegada a los sectores vulnerables. El problema es que, cuanto más grande es esa estructura, más espacios aparecen para la discrecionalidad, el amiguismo y la falta de control.

La supuesta ayuda a los más vulnerables no puede convertirse en una excusa para manejar fondos públicos sin trazabilidad real. Mucho menos cuando el dinero estaba destinado a algo tan sensible como guardapolvos escolares. No hablamos de una abstracción presupuestaria: hablamos de recursos que debían llegar a chicos, familias y escuelas.

El relato estatista siempre promete protección. Pero cuando los controles fallan, cuando los funcionarios eligen beneficiarios de manera discrecional y cuando las cooperativas aparecen como engranajes de una red opaca, el resultado es el mismo de siempre: el ciudadano paga, el sistema político administra y los vulnerables quedan como excusa.

La Justicia ahora deberá avanzar y determinar responsabilidades concretas. Hasta entonces, corresponde hablar de procesamientos y de una maniobra presunta, no de condenas. Pero el mensaje político ya es evidente: cada peso que sale del bolsillo de los contribuyentes debe ser controlado, auditado y justificado. Porque el Estado no tiene plata propia. Tiene la plata de la gente.