El Modelo Kirchnerista Pampeano cobra la salud a algunos residentes y recién endurece controles a pacientes extraprovinciales
La Provincia redujo de 12 a 6 salarios mínimos el umbral para cobrarles toda la atención a familias sin cobertura. En paralelo, un pedido de una prótesis de casi $12 millones expuso que Salud ajustó recién ahora la revisión del arraigo y la compensación por pacientes de otras jurisdicciones.
Según la información conocida, el caso de un paciente que solicitó una prestación de alto costo encendió la alerta y derivó en una revisión más estricta de los controles de residencia y los mecanismos de compensación. El contraste es incómodo para el gobierno de Sergio Ziliotto: mientras ajusta ahora esos filtros, desde 2025 cobra el 100% de la atención a determinados residentes pampeanos sin obra social.
La Resolución 2801/25, firmada por el ministro de Salud, Mario Kohan, redujo de 12 a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles el umbral de ingresos familiares a partir del cual una persona sin cobertura debe pagar las prestaciones, los medicamentos y los insumos que recibe en el sistema público. Quienes están por debajo de ese límite permanecen exentos.
La medida no implica que el hospital rechace una urgencia. La atención debe brindarse y el ministro y el subsecretario pueden disponer excepciones ante situaciones particulares. Pero el cambio sí trasladó el costo completo a familias sin obra social que superan el nuevo piso, incluso cuando viven y tributan en La Pampa.
Los pacientes que tienen obra social, mutual o prepaga atraviesan otro circuito: el Estado presta el servicio y factura a la entidad correspondiente. Para quienes no poseen domicilio en La Pampa o no pueden acreditar dos años de residencia, la regla también establece el pago total de la atención.
El problema no es que la Provincia compruebe el arraigo o procure recuperar gastos. Hacerlo es una obligación elemental de administración. El problema es el orden de las prioridades: el Modelo Kirchnerista Pampeano bajó a la mitad el umbral que protege a los residentes sin cobertura antes de exhibir controles igualmente rigurosos sobre prestaciones costosas requeridas por personas llegadas desde otras jurisdicciones.
Según la información conocida, el caso que encendió la alerta y derivó en una revisión más estricta es el de Manuel Esteban, de 26 años, internado en el Hospital Dr. René Favaloro mientras espera una prótesis de cadera valuada en casi $12 millones. La documentación examinada por el área sanitaria registra trámites a su nombre en Santa Cruz entre 2017 y 2019, en Río Negro en 2021, en Neuquén en 2022 y en Santa Rosa en septiembre de 2025.
Esos antecedentes motivaron una verificación más estricta de su residencia y de quién debe afrontar el implante. No alcanzan, por sí solos, para afirmar que hubo una maniobra irregular ni para extender esa sospecha al conjunto de los pacientes extraprovinciales. Sí muestran que, ante una erogación relevante, el Estado tuvo que reconstruir información que debería formar parte de un control ordinario y temprano.
La falta de reciprocidad agrava el escenario. Buenos Aires es la única jurisdicción señalada con un convenio de compensación por estas prestaciones. Fuera de ese convenio, no existe un mecanismo equivalente de compensación entre jurisdicciones.
El mismo gobierno que endureció el cobro a familias pampeanas sin cobertura admite con sus actos que los controles sobre residencia, cobertura y compensación requerían una revisión. Cobrar primero al residente y controlar tarde al extraprovincial no es solidaridad: es una prioridad administrativa invertida.
