La batalla por el Internet: Clarín acusa al municipio de Santa Rosa por abuso de autoridad y va a la Justicia

La disputa entre el Grupo Clarín y el municipio de Santa Rosa escaló a un nivel inédito y ya amenaza con judicializarse. La empresa Movistar, controlada por el multimedios, envió una carta documento a la intendencia en la que acusa a funcionarios municipales de entorpecer de manera ilegítima el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, advierte sobre posibles conductas de abuso de autoridad y anticipa que avanzará con denuncias penales si continúan las restricciones.

El conflicto se desató a partir del tendido de fibra óptica en distintos sectores de la capital pampeana. Desde el municipio sostienen que la empresa avanzó con postes y cableado sin contar con las autorizaciones locales correspondientes y aseguran haber labrado más de cincuenta infracciones, con multas que ya superarían los 54 millones de pesos. Para la intendencia, se trata de una defensa del orden urbano y del cumplimiento de las normas municipales vigentes.

La respuesta de Clarín fue frontal. En el documento legal, firmado por el abogado René Díaz Lanutti, la compañía afirma que la instalación, mantenimiento y operación de redes de telecomunicaciones es materia federal, amparada por la Ley Nacional de Telecomunicaciones y la Ley Argentina Digital. Bajo ese marco, intimó al municipio a abstenerse de cualquier acto administrativo u operativo que limite o interfiera con el despliegue de la red, y advirtió que cualquier obstaculización podría traducirse en la interrupción del servicio para miles de usuarios de Santa Rosa.

El tono del reclamo no deja lugar a interpretaciones: la empresa considera que las decisiones municipales exceden sus competencias y podrían configurar delitos penales si afectan un servicio público esencial. En otras palabras, Clarín plantea que no se trata solo de una discusión administrativa o económica, sino de una violación al marco legal nacional que regula las telecomunicaciones en todo el país.

El trasfondo del conflicto expone una tensión más profunda entre el poder local y la inversión privada en infraestructura. En septiembre, el grupo había presentado un ambicioso plan de inversión para Santa Rosa que incluía más de 100 kilómetros de fibra óptica, miles de postes y la ampliación del servicio a gran parte de la ciudad, con proyección hacia General Pico y otras localidades. Ese proyecto fue rechazado y archivado por el Concejo Deliberante, en parte porque, según los ediles, la empresa ya había iniciado obras sin aval formal.

Desde el Ejecutivo municipal, el intendente Luciano di Nápoli redobló la apuesta al advertir que, si la empresa no retira el cableado instalado sin permiso, lo hará la propia municipalidad con costos a cargo de Clarín. El mensaje fue leído por la compañía como una escalada coercitiva que agrava el conflicto y refuerza la hipótesis de un accionar arbitrario.

A la controversia se sumó un componente político delicado. La viceintendenta Romina Montes de Oca quedó en el centro de la escena por su doble vínculo: es funcionaria municipal y, al mismo tiempo, empleada con licencia de Movistar. Además, trascendió que habría impulsado gestiones informales para facilitar el desembarco del grupo en otras localidades pampeanas. Aunque ella negó cualquier conflicto de intereses y reclamó un debate “serio y transparente” sobre conectividad, el episodio alimentó sospechas y tensiones dentro del propio oficialismo.

Más allá de los cruces políticos y legales, el conflicto deja una pregunta de fondo que preocupa a vecinos y empresas por igual: ¿puede un municipio frenar o condicionar inversiones estratégicas en conectividad invocando regulaciones locales cuando existe un marco federal que protege el servicio? Para Clarín, la respuesta es no, y por eso decidió avanzar por la vía judicial. Para el municipio, se trata de hacer cumplir reglas locales y preservar el orden urbano.

Mientras las posiciones se endurecen, Santa Rosa queda atrapada en el medio de una batalla que excede a las partes. En un contexto donde el acceso a Internet de calidad es clave para el trabajo, la educación y la actividad económica, la judicialización del conflicto amenaza con convertir a la conectividad en rehén de la política y la burocracia. La definición ahora quedará en manos de la Justicia, que deberá decidir si se trata de un legítimo control municipal o de un caso concreto de abuso de autoridad que frena el desarrollo tecnológico de la ciudad.