La Justicia federal volvió a procesar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por el delito de enriquecimiento ilícito. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además dispuso un embargo conjunto de 998 millones de pesos que también alcanza a su esposa, Alessandra Minnicelli.
La causa se inició en 2008 y estuvo casi dieciocho años en trámite. El expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, analizó la evolución patrimonial del ex funcionario durante los años en los que ocupó cargos públicos, primero en Santa Cruz y luego como uno de los ministros más poderosos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Según la resolución judicial, De Vido habría registrado un incremento patrimonial significativo que no pudo justificar con ingresos lícitos ni documentación respaldatoria. Las pericias del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema señalaron inconsistencias relevantes en las declaraciones juradas del matrimonio, entre ellas la imposibilidad de acreditar la existencia de sumas en efectivo —en pesos y dólares— que afirmaban poseer al inicio del período investigado.
Uno de los puntos centrales del procesamiento es la adquisición de un departamento sobre la avenida Del Libertador, comprado entre 2007 y 2009 a través de la firma Uni-Vite Argentina S.A. Según la investigación, la estructura societaria habría sido utilizada para ocultar la titularidad real del inmueble. Aunque formalmente figuraban como inquilinos, la hipótesis judicial sostiene que De Vido y Minnicelli eran los verdaderos dueños y usufructuarios de la propiedad.
Las pericias también indicaron que el valor real del inmueble sería sensiblemente superior al declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestró documentación societaria que, de acuerdo al juzgado, vincula directamente al matrimonio con la adquisición de la sociedad utilizada para concretar la compra.
Otro elemento relevante fue la falta de declaraciones juradas patrimoniales en determinados períodos, especialmente durante la etapa en la que De Vido fue funcionario en Santa Cruz. A ello se suma que el matrimonio se inscribió en el impuesto a los Bienes Personales recién en 2002, un dato que, para el juzgado, resulta incompatible con la supuesta tenencia previa de divisas extranjeras.
El nuevo procesamiento se suma al extenso historial judicial del ex ministro, que ya fue condenado por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once y enfrenta otras investigaciones vinculadas a su gestión en el área de obra pública y energía.
El embargo dispuesto por casi mil millones de pesos busca asegurar eventuales responsabilidades económicas en caso de una condena. Si bien el procesamiento no implica una sentencia definitiva, sí marca que, a criterio del juez, existen elementos suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso.
Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a poner en el centro del debate el control patrimonial de los funcionarios públicos y la necesidad de mecanismos de transparencia efectivos. La causa comenzó hace casi dos décadas. El hecho de que recién ahora llegue a esta instancia plantea interrogantes sobre la velocidad y eficacia del sistema judicial para investigar hechos de corrupción de alto nivel.
La resolución abre una nueva etapa en un expediente que, por su extensión y relevancia política, seguirá teniendo impacto en la discusión pública sobre responsabilidad institucional y rendición de cuentas en la Argentina.
