La causa Hotesur–Los Sauces, uno de los expedientes judiciales más emblemáticos vinculados al presunto circuito de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, vuelve a tomar impulso. El fiscal Diego Velasco solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 5 que establezca una fecha para el inicio del juicio oral y público en el proceso donde están imputados Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y otros empresarios vinculados al kirchnerismo.
El pedido fue presentado luego de que se resolvieran los obstáculos procesales que habían demorado el avance del expediente durante los últimos meses.
En su dictamen, Velasco solicitó formalmente al tribunal que avance con la fijación de la audiencia de debate oral, señalando que ya existen condiciones procesales suficientes para iniciar el juicio.
El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, había señalado previamente que no podía establecer una fecha debido a demoras en una pericia contable vinculada a la empresa Los Sauces y a cambios en la conformación del tribunal.
Sin embargo, esa situación ya fue superada y el fiscal sostuvo que las pruebas pendientes pueden incorporarse incluso durante el desarrollo del debate.
“Impetro nuevamente que el Tribunal fije fecha de celebración del debate oral y público”, expresó Velasco en su presentación.
El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de las empresas familiares Hotesur y Los Sauces.
Según la acusación judicial, ambas sociedades habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de contratistas del Estado que se beneficiaron con adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Entre los principales involucrados aparece el empresario Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, una de las principales beneficiarias de contratos viales en la provincia de Santa Cruz.
La investigación sostiene que empresas vinculadas a Báez habrían pagado millones de pesos en concepto de alquiler de hoteles y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, en muchos casos mediante reservas de habitaciones que nunca fueron utilizadas.
De acuerdo con el expediente, entre 2009 y 2013 la firma Valle Mitre —ligada al grupo empresarial de Báez— habría pagado más de 27 millones de pesos por la explotación del hotel Alto Calafate. A eso se sumarían otros ingresos provenientes de empresas vinculadas al Grupo Austral.
La causa tuvo un largo recorrido judicial. En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había dictado el sobreseimiento de los principales acusados sin llegar a realizar el juicio oral.
Sin embargo, esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó reabrir el proceso y avanzar con el debate público.
Posteriormente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el expediente debía continuar hacia juicio oral por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
En cambio, la Corte ratificó el sobreseimiento de Florencia Kirchner, quien había sido investigada en el expediente.
La investigación mantiene vínculos directos con la causa Vialidad, donde la Justicia determinó la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz y dictó condenas contra Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez.
Según la hipótesis de la fiscalía, parte del dinero obtenido a través de contratos de obra pública habría regresado a la familia Kirchner mediante alquileres hoteleros y operaciones inmobiliarias.
Ese circuito es el que deberá analizar el Tribunal Oral Federal durante el juicio.
Con el pedido del fiscal Velasco, el expediente entra en una etapa clave. Si el tribunal accede al planteo, deberá fijar finalmente una fecha para el inicio del juicio oral.
Ese proceso será el escenario donde se debatirá públicamente la evidencia reunida durante años de investigación y donde la Justicia deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados.
La causa Hotesur–Los Sauces, que durante años estuvo atravesada por demoras, apelaciones y decisiones judiciales contradictorias, podría finalmente avanzar hacia su instancia definitiva.
