Fake news pagadas por el Estado: imputaron a un exdiputado kirchnerista por abuso de poder

La Justicia federal de Salta imputó al exdiputado nacional de Unión por la Patria Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios, en una causa que investiga el presunto uso de recursos públicos para financiar la producción y difusión de fake news en redes sociales.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, durante su mandato legislativo Estrada habría montado y sostenido una estructura clandestina destinada a generar contenidos audiovisuales anónimos con el objetivo de instalar temor social y vincular al gobierno provincial de Salta con el narcotráfico. La operatoria, siempre de acuerdo con la investigación, se habría financiado con fondos del Estado.

La causa pudo avanzar recién tras la finalización del mandato del exlegislador, ocurrida el 10 de diciembre, cuando perdió los fueros parlamentarios que hasta entonces habían paralizado el expediente. El pedido de desafuero había sido presentado meses antes por el fiscal general Carlos Martín Amad, pero una sucesión de planteos procesales y apelaciones dilató el trámite hasta el cierre del período legislativo.

La imputación fue avalada por la jueza federal de Garantías N.º 2 de Salta, Mariela Giménez, quien dio curso a la solicitud del fiscal y habilitó la continuidad de la investigación.

El origen de la causa se remonta a una derivación de la Justicia provincial, luego de que la Fiscalía de Ciberdelincuencia detectara una serie de videos anónimos difundidos en redes sociales. Esos contenidos, sostiene la acusación, habrían sido producidos y difundidos por dos asesores del Congreso Nacional que dependían funcionalmente de Estrada y ocupaban cargos rentados con fondos públicos.

Para la Fiscalía, el punto central no es la opinión política ni la crítica —amparadas por la libertad de expresión—, sino el uso indebido de recursos estatales para financiar campañas anónimas orientadas a manipular o intimidar a la opinión pública. Esa conducta, remarcaron, excede cualquier marco de inmunidad parlamentaria y viola la Ley de Ética Pública.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Amad fue explícito: la imputación no se vincula con discursos políticos ni con expresiones en el recinto, sino con acciones concretas de gestión, como el desvío de servicios y personal del Estado para un fin ajeno a la función legislativa.

Sin fueros, sin relato

El caso vuelve a poner en discusión el uso político de los fueros y la demora sistemática de causas sensibles cuando los acusados ocupan cargos electivos. Durante meses, la investigación quedó virtualmente congelada; bastó la pérdida de la banca para que la Justicia pudiera actuar.

También reabre el debate sobre la hipocresía discursiva de sectores que se presentan como defensores de la democracia y la verdad, mientras —según la acusación— financian fake news con dinero público. En ese marco, no pasó inadvertido que Estrada haya sido uno de los dirigentes que, en noviembre pasado, visitó a Cristina Kirchner en su domicilio, encuentro que derivó luego en restricciones judiciales al ingreso de personas.

La imputación no implica una condena, pero sí marca un punto de inflexión: por primera vez, una investigación avanza de lleno sobre el financiamiento estatal de campañas anónimas de desinformación. Si se comprueban los hechos, el caso podría sentar un precedente relevante en materia de responsabilidad política y uso de recursos públicos.

En definitiva, el expediente expone una práctica que degrada el debate democrático: usar el Estado para fabricar mentiras. Y confirma una regla básica de la República: sin fueros, la Justicia llega. Aunque tarde.