La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a fijar posición sobre uno de los temas más sensibles del debate público argentino: la asistencia estatal. Y lo hizo con una definición que busca marcar un corte político e institucional con el modelo heredado del kirchnerismo: “los planes sociales ya no existen”.
La frase no es menor. Durante años, el concepto de “plan social” quedó asociado a una estructura de asistencia atravesada por intermediarios, discrecionalidad política, clientelismo y dependencia. Pettovello buscó desmontar esa lógica y sostuvo que esa expresión ya no describe correctamente el funcionamiento actual del sistema.
Según explicó en un video difundido en redes sociales, la asistencia estatal hoy se divide entre dos grandes categorías: por un lado, las prestaciones automáticas del sistema de seguridad social; por otro, programas sociales con objetivos específicos, condiciones de acceso y revisiones periódicas.
La diferencia no es solamente técnica. Es política.
En el esquema que defiende el Gobierno, una jubilación o una pensión no son un “plan”, sino derechos establecidos por ley, otorgados de manera automática a quienes cumplen con los requisitos. No dependen de organizaciones sociales, no requieren intermediación militante y no están sujetas a arbitrariedad política.
Lo mismo ocurre, en parte, con otras transferencias que forman parte del entramado formal de seguridad social. La intención del oficialismo es clara: separar la idea de derecho automático de la lógica del subsidio administrado por punteros, estructuras territoriales o redes de dependencia política.
Ahí aparece el núcleo de la definición de Pettovello.
Cuando habla del fin de los “planes sociales”, no está diciendo que el Estado haya dejado de asistir a los sectores vulnerables. Está diciendo algo distinto: que el objetivo es dejar atrás el viejo esquema de asistencia convertido en mecanismo de control político y reemplazarlo por transferencias más directas, más objetivas y menos capturadas por intermediarios.
Ese punto es central para entender el cambio de paradigma que intenta instalar el Gobierno de Javier Milei.
Durante años, buena parte del sistema asistencial argentino fue utilizado no solo como red de contención, sino también como estructura de disciplinamiento político. El beneficiario no siempre se vinculaba con el Estado a través de una regla clara, sino a través de mediadores con capacidad de filtrar, organizar, presionar y construir poder territorial.
Ese esquema generó dos efectos profundamente dañinos.
Primero, degradó la idea misma de asistencia social, transformándola muchas veces en un instrumento de administración de pobreza más que en una herramienta de movilidad o contención transitoria.
Segundo, consolidó un entramado de organizaciones, dirigentes y aparatos que vivían alrededor de esa intermediación, construyendo poder en nombre de los pobres sin necesariamente resolver su situación estructural.
Pettovello busca cortar con ese sistema.
En ese marco, también se refirió a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al complemento alimentario, una de las principales transferencias estatales destinadas a la niñez. Según señaló, en diciembre de 2023 esa cobertura representaba apenas el 54% de la canasta básica alimentaria, mientras que actualmente se acerca al 100%.
La lectura que propone la ministra es clara: no se trata de expandir el asistencialismo, sino de recomponer ingresos en los sectores más vulnerables para evitar que la caída heredada del poder adquisitivo profundice la indigencia.
Ese razonamiento puede incomodar a quienes creen que cualquier transferencia estatal equivale automáticamente a populismo. Pero el problema no es la existencia de asistencia en sí misma. El problema es su diseño, su función y su utilización política.
Desde una perspectiva liberal seria, no toda política social es idéntica.
Una cosa es un esquema capturado por intermediarios, sin criterios claros, opaco y funcional a la reproducción del clientelismo. Otra muy distinta es un sistema de transferencias automáticas, transparentes, con reglas objetivas y sin explotación política de la vulnerabilidad.
Ese es el terreno donde Pettovello intenta dar la discusión.
También citó un análisis del economista Nadin Argañaraz, según el cual el poder adquisitivo de quienes reciben AUH habría mejorado de manera significativa durante la gestión de Milei. De acuerdo con ese estudio, hacia fines de 2025 el ingreso real acumulado de los beneficiarios equivaldría a 21,3 ingresos de noviembre de 2023, con una mejora cercana al 85% en términos reales.
Más allá de la cifra puntual, el mensaje político del Gobierno es contundente: se puede asistir sin sostener el aparato del asistencialismo militante.
Ese es, probablemente, uno de los cambios más profundos que intenta consolidar Capital Humano. No la eliminación absoluta de la asistencia, sino la destrucción del modelo político que durante años hizo de la pobreza una fuente de administración partidaria.
Por eso la frase “los planes sociales ya no existen” debe leerse menos como una afirmación semántica y más como una definición de batalla cultural.
Pettovello está diciendo que el Estado puede llegar al vulnerable sin punteros, sin gerentes de la pobreza y sin organizaciones convertidas en aduanas del subsidio.
Habrá que ver si ese cambio se consolida en el tiempo y si logra traducirse no solo en mayor transparencia, sino también en menor dependencia estructural.
Porque la verdadera discusión no termina en cómo se entrega la ayuda.
La discusión de fondo es cómo se pasa de la asistencia a la autonomía.
Y ahí se juega la diferencia entre administrar carencias o empezar, de una vez, a desmontarlas.
