PAMI bajo auditoría: el Gobierno descubrió maniobras millonarias contra jubilados y el Estado

Una auditoría interna detectó sobrefacturación de anteojos, prestaciones fantasma, órdenes sin respaldo médico y cobros indebidos a afiliados. El caso vuelve a exponer el costo real de un Estado gigante, opaco y sin controles: los jubilados pagan primero.

El PAMI vuelve a quedar en el centro de una investigación explosiva. Una auditoría interna del organismo detectó un presunto esquema de fraude millonario en prestaciones oftalmológicas y ópticas, con maniobras repetidas en distintas provincias y perjuicio directo tanto para los jubilados como para las arcas públicas.

Según el informe, los relevamientos se realizaron a partir del cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales. Las irregularidades no aparecen como hechos aislados, sino como patrones reiterados entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en lugares como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

La principal maniobra detectada fue la sobrefacturación de anteojos. De acuerdo con la auditoría, algunos prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos más baratos, pero luego facturaban módulos de alta graduación, mucho más caros. En la práctica, el jubilado recibía un producto de menor valor mientras el PAMI pagaba como si hubiera entregado uno superior. La diferencia no es menor: el valor real de un módulo fue señalado en $4.941, mientras que algunos módulos facturados llegaron a $27.204.

El mecanismo revela algo más profundo que una simple irregularidad administrativa. Cuando un sistema público se vuelve inmenso, burocrático y sin control efectivo, aparecen incentivos perfectos para el abuso: nadie mira, nadie responde y todos pagan. El jubilado paga con peor atención. El contribuyente paga con impuestos. Y el Estado termina financiando negocios que nunca deberían haber existido.

La auditoría también detectó prestaciones fantasma: consultas sin historia clínica, estudios que no habrían sido realizados y órdenes médicas sin respaldo. En algunos casos, hasta el 50% de las prácticas revisadas carecía de documentación clínica. También se señaló la manipulación de códigos de facturación, con primeras consultas cargadas como seguimientos de mayor valor.

Otra modalidad detectada fue la existencia de circuitos cerrados con posible conflicto de interés. En esos casos, médicos derivaban sistemáticamente a los afiliados hacia una misma óptica, incluso con vínculos familiares directos entre el profesional y el comercio receptor. Es decir: no solo había una prestación médica, sino también un circuito económico direccionado.

Pero el punto más grave es el cobro indebido a los jubilados. Según el informe, algunos afiliados recibían la oferta de lentes “mejores” fuera de cobertura, supuestamente a precios convenientes, pero terminaban pagando de su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas. Al mismo tiempo, el prestador facturaba al PAMI otro producto, generando un doble cobro. Se registraron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos por la obra social.

Ahí se cae una de las grandes mentiras del estatismo argentino: que basta con agrandar el Estado para proteger a los vulnerables. No alcanza. Un Estado sin auditoría puede transformarse exactamente en lo contrario: una maquinaria donde los más indefensos quedan atrapados entre prestadores vivos, burocracia muda y dirigentes que miran para otro lado.

El informe incluyó casos concretos. En Santiago del Estero se detectaron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio estimado de $10,4 millones en la muestra auditada, además de un 95% de recetas derivadas a una misma óptica vinculada familiarmente con el médico derivante. En Mar del Plata, un centro oftalmológico combinó cobros indebidos a afiliados con 58 prestaciones sin historia clínica. En Entre Ríos, un profesional registró 613 casos de sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo clínico y 16 recetas sin dioptrías.

También se identificaron maniobras en La Rioja y Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico. La investigación forma parte de una revisión más amplia sobre el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas, que ya derivó en al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada UFI-PAMI. Las maniobras investigadas incluyen facturación sin respaldo, falsificación documental y uso indebido de datos de afiliados.

El caso deja una postal brutal de la Argentina que el gobierno de Javier Milei dice haber heredado: organismos gigantes, sistemas débiles, controles rotos y cajas donde algunos sectores podían hacer negocios a costa del afiliado. Durante años, hablar de auditoría fue presentado como una amenaza. Pero sin auditoría, el Estado no cuida: encubre.

La nueva conducción del PAMI, encabezada por Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023, inició una revisión integral del organismo. Infobae informó que la gestión avanzó con recortes de estructuras políticas internas, eliminación de secretarías, reducción de gerencias y centralización de compras para mejorar controles y bajar costos.

Ese es el debate de fondo. La transparencia no es un lujo liberal ni una obsesión contable. Es la única forma de saber si la plata llega al jubilado o queda en el camino. Porque cada peso que se fuga en una prestación trucha es un peso menos para medicamentos, atención, insumos o mejores servicios.

El kirchnerismo hizo de los jubilados una bandera política permanente. Pero los hechos muestran otra cosa: cuando el sistema no se controla, los jubilados terminan siendo usados como excusa presupuestaria y como víctimas de negocios privados sostenidos por plata pública.

No era sensibilidad social.
Era descontrol.

No era Estado presente.
Era caja opaca.

No era cuidar a los jubilados.
Era permitir que algunos cobraran dos veces mientras el afiliado seguía esperando.

El PAMI bajo auditoría no solo expone un fraude. Expone una forma de administrar el Estado: mucho discurso, poca trazabilidad y demasiada impunidad.

Y si algo deja claro esta investigación es que auditar no es atacar derechos. Auditar es defenderlos.

Porque los recursos del PAMI no son de la política, ni de los prestadores, ni de ninguna caja partidaria.

Son de los jubilados.