Propiedad en el campo: Ardohain propone cárcel para el que invada o rompa sin permiso

El diputado nacional por La Pampa presentó una reforma del Código Penal que convierte en delito dañar silobolsas, bombas o viviendas rurales, y también entrar a un campo sin permiso. Hoy esas conductas se resuelven como contravenciones; el proyecto entra a comisiones la semana próxima.

Hoy, si alguien rompe un silobolsa en un campo pampeano o entra sin permiso a buscar nada en particular, la ley lo trata como una contravención. Lo mismo que una falta de tránsito. El diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain quiere cambiar eso: que sea delito, con cárcel.

Ardohain preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y adelantó a LT10 que la próxima semana su proyecto empieza a tratarse en las comisiones de legislación penal y asuntos agrarios. La propuesta modifica el Código Penal para sancionar dos conductas distintas: el ingreso sin autorización a una propiedad rural y el daño material sobre esa propiedad.

Para el primer caso -entrar a un campo sin permiso, aunque sea para cazar- el proyecto prevé entre un mes y un año de prisión. “Vos no podés entrar a un predio sin permiso”, resumió el diputado. Es la idea más elemental de la propiedad privada llevada al Código Penal: lo ajeno no se pisa sin consentimiento, y punto.

Cuando hay daño, la pena sube: de dos a ocho años de cárcel. Ardohain puso ejemplos concretos: romper un silobolsa, inutilizar una bomba de agua o incendiar un predio. Son los hechos que los productores vienen denunciando y que, según el propio diputado, hoy no tienen una respuesta penal proporcional.

A la pena de prisión se suma una reparación económica: entre tres y doce veces el valor del daño causado. El proyecto también agrava la pena cuando el hecho fue promovido a través de redes sociales.

Ardohain no redujo el problema a una cuestión de plata. Dijo que la distancia, la mala comunicación y la presencia de personas armadas multiplican el riesgo para quienes viven o trabajan lejos de los centros urbanos. “Lo más importante acá es cuidar a nuestra gente”, planteó, y vinculó la seguridad rural con que las familias puedan seguir viviendo en el campo y que las próximas generaciones elijan quedarse.

El propio diputado puso un límite a las expectativas: aunque la reforma se apruebe, no alcanza sola. Dijo que también hace falta mejorar la respuesta a las denuncias y que la policía llegue a tiempo. Una ley más dura sirve poco si después no hay nadie para aplicarla.

Según Ardohain, el proyecto ya cuenta con el respaldo de entidades agropecuarias y de diputados de distintos espacios políticos. Todavía no pasó por comisión, así que ese acompañamiento habrá que confirmarlo cuando el debate avance. La expectativa del diputado es llevarlo al recinto en octubre -mencionó el 14 o el 21 como fechas posibles- aunque no confirmó que el tratamiento esté definido.

El otro frente que trabaja Ardohain tiene la misma lógica de fondo: reglas claras y estables para el que produce. El diputado insiste en que la baja gradual de retenciones se fije por ley y no por decreto, porque un decreto lo puede borrar el próximo gobierno y una ley obliga a volver a discutirlo en el Congreso. “Lo que queremos son reglas claras y que haya previsibilidad”, sintetizó.

Las dos iniciativas comparten un mismo punto de partida: proteger lo que cada uno construyó, ya sea un campo o una inversión, con reglas que no dependan de la voluntad de turno. Falta que el Congreso las convierta en ley.