Las cooperativas ya no pueden incluir impuestos en su factura
En un fallo reciente del Poder Judicial de la Nación, la Justicia revocó una medida cautelar que beneficiaba a la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (FEPAMCO), dejando firme la resolución del Gobierno Nacional que impide cobrar tasas municipales y otros conceptos ajenos dentro de la factura de servicios públicos como la electricidad o el gas. Esta decisión, basada en la Resolución N.º 267/2024 del Ministerio de Economía, representa un golpe directo al viejo modelo de feudos fiscales encubiertos detrás del discurso de “lo cooperativo y popular”.
El conflicto comenzó cuando FEPAMCO promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional, solicitando que se declare inconstitucional la normativa que prohíbe incluir en una misma boleta conceptos ajenos al servicio contratado. Según la Federación, esta prohibición afecta la recaudación de 32 cooperativas eléctricas en La Pampa y, en consecuencia, la provisión de servicios esenciales.
Pero la Justicia fue clara: no se acredita ni urgencia ni legitimidad suficiente para mantener el privilegio de cobrar “a escondidas”. Se sostuvo que las cooperativas pueden seguir cobrando lo que crean necesario, pero deben hacerlo por medios separados, transparentes y voluntarios, no aprovechando la dependencia del ciudadano de servicios esenciales para imponer tributos encubiertos.
La resolución judicial destacó que la norma impugnada no les quita capacidad tributaria a los municipios, ni impide que las cooperativas cobren. Solo exige que lo hagan respetando el derecho del consumidor a recibir información clara, veraz y diferenciada sobre lo que paga. En otras palabras: el fin de la trampa del “combo obligatorio” disfrazado de boleta de luz.
Esto pone en evidencia el modelo corporativo-estatista que tanto daño ha hecho a la Argentina. Por años, sectores vinculados al cooperativismo subsidiado y al poder municipal kirchnerista han operado como recaudadores paralelos, sin control ni transparencia, sometiendo al ciudadano a pagar conceptos que muchas veces desconoce. Servicios de emergencia, contribuciones para bomberos, tasas de capitalización, alumbrado público, “espacios aéreos”… Todo camuflado en una sola boleta, sin opción de rechazarlo, sin información clara, y bajo la amenaza de cortar la luz si no se paga.
El gobierno de Javier Milei, con esta resolución, avanza en un punto clave del ideario liberal: restituir al individuo su libertad de elegir, limitar al Estado en sus abusos, y romper con décadas de regulaciones que solo beneficiaron a estructuras clientelares. Es, en esencia, una medida a favor del consumidor, de la transparencia y del mercado.
Frente a esto, la reacción del entramado cooperativo fue inmediata: judicializar la defensa de privilegios. Pero la Justicia —en un fallo fundado y valiente— optó por el interés general del ciudadano y el respeto a las reglas de la competencia libre.
Este episodio debería invitar a reflexionar: ¿quién tiene miedo a la transparencia? ¿Por qué ciertos sectores quieren seguir cobrando a escondidas? Lo cierto es que, con reglas claras, todos ganan, menos los que lucran en la oscuridad.
El liberalismo no es ausencia de normas, sino garantía de que ninguna regla será usada para someter al individuo. Es hora de apoyar reformas que nos devuelvan control sobre nuestros pagos, nuestras decisiones y nuestra relación con el Estado. Porque donde hay claridad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay progreso.