Cavallo lo creó como emergencia, todos lo prorrogaron y Milei quiere enterrarlo: se acerca el fin del impuesto al cheque

El tributo nació durante la crisis de 2001, tenía fecha de vencimiento y terminó sobreviviendo a cinco presidentes, múltiples emergencias y todas las promesas de simplificación tributaria. Ahora, el Gobierno prepara una eliminación gradual que deberá atravesar el Congreso sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

En la Argentina existen pocas cosas más permanentes que un impuesto transitorio.

El impuesto al cheque es probablemente el mejor ejemplar de esa tradición nacional: nació en medio de una emergencia, debía desaparecer al poco tiempo y terminó cumpliendo 25 años con mejor salud que muchas empresas obligadas a pagarlo.

Fue creado en marzo de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa y por impulso del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. La Ley 25.413 lo bautizó formalmente como Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

“Impuesto al cheque” era más fácil. “Impuesto por atreverse a mover dinero propio” habría sido más preciso.

El tributo comenzó como una respuesta extraordinaria frente a una Argentina que se desmoronaba. La norma original establecía que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. Es decir, no nació por seis meses, como suele repetirse, pero sí con una fecha concreta de vencimiento.

El problema fue que llegó diciembre de 2002 y el impuesto descubrió que le gustaba vivir.

Pasó la crisis, terminó la convertibilidad, cambiaron los presidentes, se renovó el Congreso, llegaron años de crecimiento, superávit, déficit, cepos, devaluaciones, defaults, reestructuraciones y pandemias. El tributo permaneció ahí, cobrando silenciosamente cada vez que el dinero entraba o salía de una cuenta bancaria.

Su mecanismo es tan sencillo como perverso: se aplica un 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos. En el recorrido completo del dinero, la carga puede alcanzar el 1,2%.

Una empresa cobra por vender: paga.

Después utiliza ese dinero para abonarles a sus proveedores: vuelve a pagar.

El proveedor lo recibe: paga.

Luego paga salarios, insumos o servicios: paga otra vez.

El dinero circula y el Estado instala una cabina de peaje en cada movimiento. No importa si hubo ganancia, crecimiento o creación de riqueza. El delito tributario consiste simplemente en utilizar el sistema bancario.

Además, el cobro es automático. No requiere inspectores, declaraciones heroicas ni grandes operativos de fiscalización. El banco retiene y deposita. Para el Estado argentino es el impuesto perfecto: fácil de cobrar, difícil de evitar dentro del circuito formal y prácticamente invisible para quien no revisa detenidamente sus movimientos.

Para la economía, en cambio, resulta profundamente distorsivo. Encarece las transacciones, castiga la bancarización, acumula costos a lo largo de las cadenas productivas y crea incentivos para operar en efectivo o fuera del sistema.

Pero ningún gobierno anterior parecía demasiado preocupado. Todos coincidían públicamente en que debía desaparecer y privadamente en que todavía no era “el momento adecuado”.

El impuesto sobrevivió al gobierno de Eduardo Duhalde. Después fue prorrogado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri extendió su vigencia hasta 2022 y buscó aumentar progresivamente su utilización como pago a cuenta de Ganancias. Finalmente, durante el gobierno de Alberto Fernández, volvió a prorrogarse hasta finales de 2027.

Cada administración prometió ordenar las cuentas. Ninguna quiso soltar la caja.

La emergencia de 2001 terminó convertida en una política de Estado. Si el impuesto hubiera sido una persona, ya habría terminado la escuela, atravesado la universidad y comenzado a pagar el mismo tributo que justificó su nacimiento.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei prepara una reforma tributaria que incluye como uno de sus objetivos centrales la eliminación del impuesto al cheque.

La idea no sería suprimirlo de un día para otro. El esquema estudiado por el Ministerio de Economía contempla aumentar gradualmente el porcentaje que puede computarse como pago a cuenta de Ganancias hasta llegar al 100% y avanzar posteriormente hacia su desaparición.

Actualmente, las micro y pequeñas empresas pueden computar hasta la totalidad de lo abonado; las medianas industriales del Tramo 1, hasta el 60%; y otras categorías, alrededor del 33%. Sin embargo, el sistema incluye límites y los excedentes no siempre pueden recuperarse libremente.

La propuesta buscaría extender y profundizar ese mecanismo para reducir progresivamente el costo efectivo del tributo sin provocar un agujero inmediato en la recaudación.

Allí aparece la parte menos divertida de la historia.

El impuesto es malo, distorsivo y contrario a la formalización económica. Pero también representa una fuente considerable de ingresos para el Estado. Eliminarlo exige reducir gastos, mejorar otros mecanismos de recaudación o permitir que el crecimiento económico compense parte de la pérdida.

Por eso, el Gobierno pretende vincular la reducción al equilibrio fiscal y al comportamiento de la economía. La reforma sería enviada al Congreso antes de 2027, aunque su implementación dependerá del escenario macroeconómico y de la aprobación legislativa.

En otras palabras: todavía no está eliminado.

Existe una decisión política y un mecanismo bajo análisis, pero no una ley aprobada ni una fecha definitiva para su desaparición. El propio planteo oficial admite que el proceso deberá ser gradual.

El Gobierno ya dio una primera señal en junio de 2026 al eximir, mediante el Decreto 475/2026, determinadas cuentas utilizadas por proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el objetivo mayor será desmontar el tributo para el conjunto de la actividad formal.

La diferencia política es clara.

Durante décadas, la discusión consistió en encontrar una nueva excusa para prorrogarlo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el debate oficial gira alrededor de cómo reducirlo hasta hacerlo desaparecer sin volver al déficit.

Cavallo lo creó para atravesar una emergencia. Duhalde lo conservó. El kirchnerismo lo renovó una y otra vez. Macri tampoco logró eliminarlo. Alberto Fernández lo dejó vigente hasta 2027.

Todos comprendieron que era distorsivo.

Todos prometieron que algún día terminaría.

Y todos descubrieron, oportunamente, que la recaudación era demasiado tentadora.

La Argentina convirtió una excepción en costumbre, la costumbre en derecho adquirido del Estado y el derecho adquirido en otra carga sobre quienes producen dentro de la legalidad.

Milei ahora quiere invertir esa lógica: primero ordenar las cuentas públicas, después reducir los impuestos y finalmente enterrar aquellos que nunca debieron convertirse en permanentes.

El impuesto al cheque todavía respira. Todavía cobra. Todavía castiga cada movimiento bancario.

Pero después de 25 años, por primera vez le están preparando el velorio.