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Productos lácteos exhibidos en la góndola de un supermercado
Nacionales · 4 min

El Estado en la góndola: los impuestos rondan el 38% en los lácteos

Por Redacción Pampa Liberal

Un estudio encargado por el Centro de la Industria Lechera estimó que la carga tributaria absorbe cerca de $38 por cada $100 del precio final. El IVA explica casi la mitad y otros gravámenes distorsivos encarecen toda la cadena.

De cada $100 que un consumidor paga por un producto lácteo en la góndola, cerca de $38 corresponden a impuestos. La estimación surge de un estudio del Centro de Estudios Políticos y Públicos (CEPP), encargado por el Centro de la Industria Lechera (CIL), que puso números al peso del Estado sobre una cadena que empieza en el tambo y termina en la mesa.

El trabajo, difundido el 27 de marzo de 2026 por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), analizó distintos productos y escenarios tributarios. La carga se ubicó alrededor del 38%, con una diferencia de apenas 1,7 puntos porcentuales entre los bienes relevados. En el escenario que aplica las alícuotas correspondientes a empresas grandes, el peso puede llegar al 42%.

El IVA representa aproximadamente el 45% de toda esa carga. A su vez, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las tasas municipales reúnen cerca de otro 25%. No son tributos neutros: se acumulan en distintas etapas, castigan la formalidad y elevan los costos aun antes de que el producto llegue al comercio.

La estimación incluye además el impuesto a las Ganancias bajo el supuesto de que se traslada al precio. Si se elimina esa presunción, la incidencia tributaria promedio cae 6,7 puntos porcentuales. La salvedad metodológica importa: el porcentaje no es una verdad uniforme para cada empresa y cada producto, sino el resultado de un modelo que explicita sus supuestos. Aun con esa corrección, la carga continúa siendo elevada.

El Estado nacional recauda cerca del 79% de los tributos considerados en forma directa. Pero esa fotografía cambia después de la coparticipación: según el estudio, los Estados provinciales y municipales terminan recibiendo alrededor del 55% de los recursos. Una cosa es quién cobra inicialmente y otra, distinta, cuál es el destino final del dinero.

Ércole Felippa, presidente del CIL y de la cooperativa láctea Manfrey, resumió el problema con una cifra redonda: “De cada $100 que paga el consumidor final por un producto lácteo en la góndola, $40 corresponden exclusivamente a impuestos”. También sostuvo que semejante esquema fiscal vuelve inviable al país.

La presión no se limita al precio final. Felippa afirmó que, por cada $100 que una empresa destina al costo salarial de un operario, el trabajador recibe $58 después de cargas sociales e impuestos al trabajo. Cuando ese ingreso se transforma en consumo, vuelve a soportar la carga incorporada en los bienes. El Estado interviene así en los dos extremos: entre la empresa y el salario de bolsillo, y entre ese salario y la compra.

El dirigente planteó que la competitividad no puede depender de una devaluación. Un salto cambiario puede dar alivio transitorio, pero su efecto se pierde cuando pasa a precios si permanecen intactos los impuestos, los costos laborales no salariales y las demás trabas que afectan la producción. La alternativa es una mejora sistémica: menos cargas distorsivas, reglas simples y condiciones para invertir y producir.

La discusión adquiere más relevancia en una actividad que demostró capacidad de respuesta: la producción y las exportaciones lácteas crecieron cuando encontraron mejores condiciones. El costo tributario puede limitar ese impulso y restarle competitividad a una cadena que genera empleo y agrega valor.

El caso de los lácteos también expone el costo de sostener un sistema que castiga más a quienes están registrados. Cuanto mayor es la presión sobre la cadena formal, más ventaja obtiene quien evade. El resultado es doblemente perjudicial: precios más altos para el consumidor y competencia desleal para tambos, industrias y comercios que cumplen.

La discusión no consiste en negar que el Estado necesite recursos, sino en revisar cómo los obtiene. Cuando casi cuatro de cada diez pesos de un alimento básico responden a impuestos, el problema deja de ser sectorial. Reducir tributos acumulativos y simplificar el sistema permitiría que una mayor parte del precio remunere al trabajo, la inversión y la producción, en lugar de perderse en una estructura fiscal que encarece la leche desde el tambo hasta la góndola.

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