La batalla por la boleta de luz: cómo las cooperativas quieren frenar la libertad de elegir
FEPAMCO cuestiona ante la Justicia la resolución de Luis Caputo que prohíbe sumar ítems ajenos a la factura eléctrica, en un conflicto que enfrenta transparencia y privilegios sectoriales.
En La Pampa, una disputa judicial podría definir mucho más que una resolución técnica: está en juego el modelo de país. En 2023, la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (FEPAMCO) presentó una demanda contra el Estado nacional, cuestionando la constitucionalidad de una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿El motivo? La norma prohíbe cargar ítems ajenos al consumo eléctrico en la factura de luz, una práctica que venía siendo habitual en muchas cooperativas del país.
La resolución apuntaba a algo tan simple como justo: que la factura eléctrica refleje únicamente el servicio brindado. Sin embargo, FEPAMCO, lejos de alinearse con esa lógica de transparencia, se opuso judicialmente y logró una medida cautelar que mantiene suspendida la aplicación de la norma en la provincia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Desde la mirada liberal, la resolución de Caputo representa un paso concreto hacia el respeto de los derechos del consumidor y la eficiencia en la gestión pública. Las facturas de servicios no pueden seguir siendo un instrumento político encubierto ni una vía de recaudación para financiar estructuras burocráticas. Si un ciudadano consume electricidad, paga por eso. No por “colaboraciones voluntarias”, “aportes solidarios” o cargos disfrazados impuestos sin consentimiento.
El problema no es la cooperativa en sí, sino su uso distorsionado. Muchas de ellas, lejos de representar a sus comunidades, funcionan como pequeños feudos con lógica partidaria. Amparadas en su apariencia solidaria, concentran poder, desinforman y recaudan a espaldas de los usuarios. Esto no es economía social: es estatismo de base, con ropaje barrial.
Es importante entender que esta pelea por la boleta de luz no es un tecnicismo judicial más. Es una muestra clara de cómo ciertos sectores resisten los cambios que buscan devolverle al ciudadano el control sobre su plata y sus decisiones. Defender la resolución de Caputo no es solo defender un esquema tarifario justo; es apoyar una forma distinta de entender la relación entre el Estado, el mercado y las personas.
La batalla por la boleta de luz es, en el fondo, una batalla por la libertad. Libertad de elegir, de saber qué se paga, de no financiar estructuras ajenas a los propios intereses. Es hora de terminar con la trampa tarifaria y avanzar hacia un modelo donde la transparencia y la eficiencia dejen de ser la excepción.
Argentina necesita menos intermediarios y más ciudadanos empoderados. Y eso empieza, a veces, por algo tan simple como leer una factura limpia y justa.