La corrupción empieza a pagar: la Justicia avanza sobre los bienes de Cristina y sus hijos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Lázaro Báez, y dejó firme el avance de la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. La decisión habilita a la Justicia a ir sobre bienes vinculados a los condenados para recuperar parte del perjuicio causado al Estado.

Durante años, el kirchnerismo intentó instalar que la causa Vialidad era apenas una persecución política. Pero los fallos fueron acumulándose, las condenas quedaron firmes y ahora la discusión entra en una etapa mucho más concreta: la plata.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de las defensas y ratificó el criterio del Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de ejecutar la condena. Según el fallo, los recursos no presentaban una cuestión federal suficiente como para frenar el proceso y llevar nuevamente la discusión a la Corte Suprema.

El decomiso está vinculado con la condena por la causa Vialidad, en la que se investigó una maniobra de corrupción alrededor de la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El perjuicio económico actualizado fue fijado en alrededor de $685.000 millones, monto por el cual los condenados deberán responder con su patrimonio.

La ejecución alcanza, en esta primera etapa, a 111 bienes muebles e inmuebles. De ese total, 80 están vinculados a Lázaro Báez y otros 20 a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Entre los bienes mencionados aparecen el hotel Los Sauces Casa Patagónica, departamentos en Río Gallegos y terrenos en El Calafate.

El punto central del fallo es que la Justicia no solo busca castigar penalmente a los responsables, sino impedir que el beneficio económico derivado de hechos de corrupción permanezca en manos de quienes fueron condenados o de su entorno patrimonial. En criollo: no alcanza con una condena en papel si el dinero del Estado nunca vuelve.

La resolución también estableció un límite importante: podrán ser alcanzados los bienes incorporados durante el período en el que se desarrolló la maniobra investigada, entre 2003 y 2015. Bajo ese criterio, la Justicia puso la lupa sobre inmuebles adquiridos por Néstor Kirchner en esos años y luego heredados por sus hijos.

Cristina Kirchner y sus hijos todavía podrían presentar una queja ante la Corte Suprema, pero esa instancia no suspende automáticamente la ejecución. Por eso, aun si el kirchnerismo intenta una última jugada judicial, el proceso patrimonial puede seguir avanzando.

La causa Vialidad ya no gira solamente alrededor de discursos, victimización o relatos de persecución. Ahora la Justicia avanza sobre propiedades concretas, montos concretos y responsabilidades patrimoniales concretas.

Después de años de impunidad política, el mensaje institucional es claro: cuando se defrauda al Estado, no debería alcanzar con cumplir una condena simbólica. También hay que devolver lo que se perdió.

La corrupción empieza a pagar. Y esta vez, no con consignas: con bienes.