La Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner: $685.000 millones deberán volver al Estado tras la condena firme por corrupción
El Tribunal Oral Federal N.° 2 dispuso el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, entre ellas bienes heredados por Máximo y Florencia, provenientes del circuito ilegal de la obra pública.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 avanzó en la etapa final del Caso Vialidad y ordenó el decomiso de bienes por un total de $685.000 millones, luego de que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner quedara firme por decisión de la Corte Suprema en junio.
Se trata del mayor decomiso ordenado contra un exgobierno en la historia argentina.
El fallo, firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ejecuta la sentencia dictada contra Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios, quienes deberán devolver a la sociedad $684.990.350.139,86 provenientes del circuito ilegal de la obra pública.
La Justicia ordenó el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, entre ellas un inmueble a nombre de Cristina y 19 bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner como herencia gratuita.
Para el Tribunal, estos activos forman parte del flujo económico ilícito generado a través de las 51 licitaciones viales irregulares adjudicadas a Báez en Santa Cruz.
En el caso del empresario patagónico, el decomiso alcanza más de 80 inmuebles y sociedades enteras, cuyo crecimiento patrimonial —según el fallo— fue “exponencial” entre 2002 y 2014, alimentado por sobreprecios, cartelización, pagos anticipados y un esquema de contrataciones dirigido políticamente.
Los jueces remarcaron que la conexión económica entre Báez y los Kirchner no fue una relación comercial legítima, sino parte del delito comprobado: una estructura en la que fondos públicos pasaban del Estado a las empresas de Báez y luego retornaban a la familia gobernante mediante alquileres, contratos inmobiliarios y transferencias documentadas.
La resolución también recuerda que el decomiso se extiende a terceros que reciban bienes procedentes del delito de manera gratuita, tal como establece la normativa de recuperación de activos bajo convenios internacionales anticorrupción.
El proceso avanzó después de que Cristina fracasara en sus intentos de frenar la ejecución:
– rechazó la intimación para pagar,
– cuestionó el cálculo del monto,
– y pidió trasladar la causa a otro fuero.
Todas las objeciones fueron descartadas por la Cámara de Casación.
El plazo de diez días hábiles para pagar voluntariamente venció sin respuesta de ninguno de los condenados.
Con la condena firme, la inhabilitación perpetua y ahora el avance directo sobre su patrimonio, Cristina Kirchner ingresa en la etapa final de un expediente que expuso —según los jueces— la corrupción estructural que caracterizó el manejo de la obra pública durante sus gobiernos.