IA e inversiones: Milei impulsa un súper RIGI que todavía no tiene letra chica

El Presidente propuso un régimen especial para la inteligencia artificial y habló de proyectos del RIGI por US$210.000 millones. El esquema general ya tiene beneficios definidos, pero no se difundieron la nómina, el estado documental ni el detalle de esa cartera.

Javier Milei propuso crear un «súper RIGI» orientado a la inteligencia artificial y los centros de datos. La iniciativa toma como antecedente un esquema general anunciado previamente por el Gobierno, pero todavía no cuenta con una norma pública que permita conocer cómo se aplicarán esos lineamientos al sector tecnológico. Tampoco está determinado qué parte, si alguna, de los US$210.000 millones que el Presidente atribuyó a proyectos del RIGI «sobre la mesa» corresponde a inteligencia artificial.

El punto de partida no es una hoja en blanco. El Gobierno había presentado el Súper RIGI general para inversiones de gran escala, con una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada del 60% durante el primer año, del 20% en el segundo y del 20% en el tercero, además de exenciones de derechos de exportación y de aranceles para las importaciones necesarias. El anuncio oficial planteó un alcance general, no limitado a la inteligencia artificial.

La adhesión también exige decisiones de las provincias y los municipios. Las jurisdicciones provinciales deberán limitar Ingresos Brutos a una alícuota de hasta 0,5%, mientras que los gobiernos locales deberán abstenerse de cobrar tasas no vinculadas con ventas. Por eso, el esquema general ya contiene beneficios y condiciones centrales; lo que sigue abierto es la forma jurídica y operativa que tendría su aplicación específica a la inteligencia artificial y los centros de datos.

Milei sostuvo que la Argentina tiene una oportunidad para atraer esas inversiones por sus recursos energéticos, sus condiciones climáticas y el talento disponible. En ese contexto propuso un «súper RIGI para la súper inteligencia». La información conocida atribuye además al Presidente la existencia de proyectos del RIGI por US$210.000 millones «sobre la mesa», pero no identifica empresas, localizaciones, expedientes ni contratos, ni separa cuánto correspondería al sector de inteligencia artificial.

Esa distinción importa. Una cartera potencial no equivale a inversiones aprobadas, capital comprometido o dinero desembolsado. Tampoco permite adjudicar el monto completo a centros de datos. Sin la nómina y el estado documental de cada iniciativa, la cifra describe el universo que el Gobierno dice tener en consideración, no recursos cuya llegada esté asegurada.

El antecedente disponible confirma que se trata de universos distintos. El Poder Ejecutivo había informado 25 proyectos aprobados y publicados bajo el RIGI por US$68.438 millones. Pampa Liberal explicó el papel que el Gobierno le asigna al régimen dentro de su estrategia exportadora. Esos expedientes atravesaron un procedimiento administrativo; los US$210.000 millones mencionados ahora pueden incluir iniciativas en etapas diferentes y no deben sumarse ni compararse como si tuvieran el mismo grado de avance.

La lógica económica del esquema coincide con el rumbo oficial: bajar la carga impositiva, acelerar la amortización de las inversiones, eliminar costos aduaneros y ofrecer reglas más previsibles para competir por capital internacional. En actividades que requieren desembolsos elevados y plazos extensos, la estabilidad regulatoria puede resultar tan relevante como el beneficio fiscal inicial.

La objeción liberal aparece en otro punto. Si atraer inversiones exige construir una excepción tributaria y regulatoria, queda expuesto que las reglas generales todavía son demasiado costosas o inciertas. Un régimen especial puede destrabar proyectos concretos, pero no reemplaza la tarea de extender impuestos razonables, seguridad jurídica y libertad económica a todas las empresas.

La información disponible tampoco permite atribuir por ahora un impacto concreto a La Pampa. No se difundieron proyectos individualizados, ubicaciones ni documentación que vincule a la provincia con la cartera anunciada. Cualquier beneficio local es, en este momento, una posibilidad y no un hecho comprobado.

El súper RIGI ya tiene beneficios generales y condiciones para las jurisdicciones que adhieran. La propuesta de llevarlo a la inteligencia artificial, en cambio, todavía necesita una norma completa que defina requisitos, procedimientos, controles y plazos. También requiere transparentar la cartera de US$210.000 millones y aclarar qué parte corresponde realmente al sector. Sin esos elementos, hay una orientación política y una oportunidad potencial, pero no una inversión asegurada.