El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta de la AFA por casi $50 millones al mes

La investigación judicial por la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, sumó un dato que vuelve a colocar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de la escena. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky reveló que Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro del inmueble, utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para afrontar consumos mensuales cercanos a $50 millones.

Pantano —monotributista y titular formal de la propiedad bajo investigación— aparece vinculado a gastos de alto monto abonados con una American Express asociada a una cuenta corporativa de la entidad madre del fútbol argentino. Según consta en la causa, los resúmenes de esa tarjeta eran enviados a la sede de la AFA en Viamonte 1300, en la Ciudad de Buenos Aires, un detalle que para el magistrado no es accesorio.

En una resolución en la que rechazó apartarse del expediente y enviarlo al Juzgado Federal de Campana, Aguinsky sostuvo que el “epicentro” del caso no es la casaquinta de Pilar, sino la propia AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en CABA. Para el juez, allí se concentran las maniobras bajo análisis y, por lo tanto, corresponde que el fuero Penal Económico continúe al frente de la investigación.

Entre los consumos detectados figuran pagos de telepase correspondientes a 54 vehículos de alta gama secuestrados en el predio de Villa Rosa. De acuerdo con el expediente, esos gastos se repiten mes a mes y promedian los $50 millones entre enero y diciembre de 2025, un volumen que resulta difícil de compatibilizar con el perfil fiscal del supuesto testaferro.

Aguinsky advirtió que esos movimientos deben investigarse con urgencia para determinar si están directamente vinculados al predio y, en caso de tratarse de un delito en curso, ordenar el cese inmediato de sus efectos. En ese marco, el magistrado señaló que el ilícito precedente del presunto lavado de dinero podría encuadrar en la figura de administración fraudulenta, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos.

La resolución también recuerda que el fiscal Claudio Navas Rial vinculó esta causa con otra investigación en trámite por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA, estimada en $19 millones. Ese expediente se sigue en otro juzgado del mismo fuero, a cargo del juez Diego Amarante, y para Aguinsky “completa el cuadro indiciario” sobre los delitos que habrían antecedido a las maniobras de lavado.

El magistrado subrayó, además, que el fuero Penal Económico es el ámbito natural para este tipo de investigaciones, por su complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero. Por ese motivo, rechazó el planteo de inhibitoria territorial impulsado desde Campana. Si el juez Adrián González Charvay insiste con el reclamo de competencia, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Mientras tanto, la causa continuará su curso en el Juzgado en lo Penal Económico N°10, con la feria judicial de enero habilitada y la AFA cada vez más comprometida en un expediente que combina lujo, opacidad y presuntas maniobras financieras difíciles de explicar.