El Gobierno activa retiros voluntarios y busca reducir 600 puestos en medios públicos
La medida busca reducir la planta de RTA y Contenidos Públicos, que juntas suman más de 2.200 empleados. El plan estará vigente hasta fines de marzo y forma parte de la intervención prorrogada hasta 2027.
El Gobierno nacional puso en marcha un plan de retiros voluntarios en los medios públicos con el objetivo de reducir entre 500 y 600 puestos de trabajo en esta primera etapa. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y a Contenidos Públicos, estructuras que en conjunto superan los 2.200 empleados.
El programa estará vigente hasta fines de marzo y se enmarca en la intervención prorrogada hasta febrero de 2027 mediante el decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial. Desde mediados del año pasado, el área se encuentra bajo nuevas autoridades encabezadas por Carlos Curci, con la misión explícita de ordenar el gasto y revisar la estructura heredada.
La meta oficial es ambiciosa: reducir casi a la mitad la planta total en los próximos meses. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que no será sencillo alcanzar esa cifra. Gran parte del personal tiene más de 20 años de antigüedad, lo que eleva los costos de salida y puede generar incentivos para que algunos trabajadores prefieran esperar un eventual despido antes que adherirse al retiro voluntario.
El esquema contempla que quienes acepten la propuesta no podrán volver a desempeñarse en el Estado durante cinco años y que, en los casos de mayor antigüedad, la indemnización podrá abonarse en hasta tres cuotas.
La decisión se inscribe en una política más amplia de reducción del gasto público y revisión de estructuras estatales que el oficialismo considera sobredimensionadas. Los medios públicos, históricamente señalados por su alto costo operativo y bajo nivel de audiencia en comparación con su financiamiento, forman parte de ese proceso de ajuste.
El debate de fondo no es únicamente laboral. Es estructural. ¿Debe el Estado sostener plantillas extensas en medios con financiamiento íntegramente público? ¿Cuál es el tamaño razonable de una empresa estatal dedicada a la comunicación en un ecosistema mediático dominado por plataformas privadas y digitales?
Para el oficialismo, la respuesta pasa por eficiencia y racionalización del gasto. Para los sindicatos y sectores opositores, la medida representa un recorte que afecta fuentes de trabajo y debilita la función pública de los medios estatales.
Lo cierto es que la reestructuración ya comenzó. El éxito del plan dependerá del nivel de adhesión voluntaria y de la capacidad del Gobierno para sostener políticamente el proceso.
En un contexto de ajuste generalizado del Estado, los medios públicos entran en una etapa de redefinición profunda. La pregunta que queda abierta es si este achique será solo un recorte presupuestario o el inicio de una transformación integral en el rol que el Estado cumple en materia de comunicación.