Ajuste con firma propia: Nación recortó 27,8% su gasto y las provincias apenas 10,6%

Un informe de la Fundación Libertad midió la ejecución presupuestaria de Nación y de las 24 jurisdicciones entre 2023 y 2025 y dejó un reparto de esfuerzos difícil de discutir: el Gobierno nacional recortó su gasto primario 27,8% real y el conjunto de las provincias, 10,6%. La diferencia explica cómo un déficit primario del 3% del PIB se convirtió en superávit en dos años seguidos, y también por qué el debate fiscal recién ahora llega a los gobiernos provinciales.

Entre 2023 y 2025, el Estado nacional gastó 27,8% menos en términos reales. Las provincias, todas juntas, recortaron 10,6%. Los números salen de un informe de la Fundación Libertad que cruzó ejecución presupuestaria, resultados fiscales y distribución del gasto público de Nación y de las 24 subjurisdicciones del país.

“En términos reales” quiere decir descontada la inflación: no es que haya menos pesos nominales, es que cada nivel de gobierno compra bastante menos de lo que compraba. Y ahí la distancia entre uno y otro es de casi tres veces.

Medido como porcentaje del Producto Interno Bruto —el valor de todo lo que produce el país en un año—, el gasto primario de Nación pasó de 17,8% a 13,3%: una baja de 4,5 puntos. El de las provincias fue de 16,7% a 15,4%, apenas 1,3 puntos.

El gasto primario, conviene aclararlo, es todo lo que gasta el Estado sin contar los intereses de la deuda. Es la parte que depende de decisiones propias.

Con los ingresos, la película se da vuelta. Nación perdió 5,5% real y las provincias, 11,2%. En puntos del PIB: el Gobierno nacional pasó de 14,5% a 14,2%, mientras las jurisdicciones cayeron de 16,8% a 15,5%.

Es decir: Nación recortó mucho más de lo que perdió de recaudación. Las provincias recortaron menos de lo que perdieron.

El informe lo dice sin eufemismos: “En 2023, Nación registraba un déficit primario equivalente al 3% del PIB, mientras que las provincias se encontraban, en conjunto, prácticamente equilibradas. A partir de allí, el Gobierno nacional implementó un ajuste deliberado que permitió transformar ese déficit en un superávit primario superior a un punto del PIB tanto en 2024 como en 2025”.

Deliberado es la palabra que importa. No fue un accidente contable ni un golpe de suerte: fue una decisión sostenida durante dos ejercicios consecutivos, que es exactamente lo que ningún gobierno argentino había querido hacer en décadas. Nosotros valoramos eso, y no porque el ajuste sea lindo, sino porque el déficit siempre terminó pagándose con inflación, impuestos o deuda, y esos tres los paga el mismo tipo: el que trabaja.

Del otro lado, el informe también es honesto con los gobernadores: “Las provincias, por su parte, preservaron una situación cercana al equilibrio, pero debieron reducir sus gastos frente a la caída de los ingresos. Parte de esa contracción respondió al recorte de las transferencias discrecionales realizado por Nación y parte a la disminución de los recursos provenientes de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación propia”.

Traducido: las provincias no achicaron estructura porque decidieran achicarla. Achicaron porque les entró menos plata. Las transferencias discrecionales —esos giros que el Gobierno nacional decide a dedo, por fuera de la coparticipación automática— se cortaron, la masa coparticipable cayó y la recaudación propia acompañó. El ajuste provincial fue consecuencia, no programa.

Esa distinción no es un detalle técnico. Un gasto que baja porque se eliminó una estructura cara se mantiene bajo. Un gasto que baja porque no llegó la transferencia vuelve a subir apenas vuelva a llegar.

El trabajo también mide cuánto pesa el gasto de cada provincia sobre su propia economía, el Producto Bruto Geográfico. El extremo es Formosa, con un gasto equivalente al 50% de todo lo que produce. De ahí hacia abajo, el resto arranca en 35% y la escala termina en la Ciudad de Buenos Aires, con 9%. Cuando se mide sobre el PIB nacional la foto se invierte: CABA explica 4,2% del total y Formosa, 0,32%. No es contradicción, es tamaño: la mitad de una economía chica sigue siendo chica.

Hubo una sola jurisdicción de las 24 que aumentó sus ingresos reales en el período: Neuquén, gobernada por Rolando Figueroa. Sumó $1.134.140 millones a precios de 2025, el equivalente al 2,22% de su PBG, con recursos 18,1% arriba y gastos 18,7% arriba. La expansión de Vaca Muerta aparece con claridad en sus cuentas públicas. También aparece la costumbre: cuando entra más, se gasta más.

En la vereda de enfrente quedó La Rioja, con uno de los ajustes más duros: 22% menos de gasto primario frente a una caída del 24% en sus ingresos. El informe explica por qué no tenía margen: “Su elevada dependencia de las transferencias nacionales y su limitada capacidad de generación de recursos propios restringieron considerablemente el margen de respuesta fiscal”. Es la definición exacta de una provincia que vive de lo que le giran.

De La Pampa no hay número propio en este relevamiento, y no se lo vamos a inventar. Lo que sí vale para cualquier provincia es la pregunta que ordena todo: cuánto de la estructura provincial se sostiene con recursos propios y cuánto depende de que la plata venga de afuera. Acá ya discutimos cuánto le cuesta a la provincia cada banca de la Legislatura y también la meta de llevar el gasto del 45% al 30% del PBI que defendió el economista pampeano Adrián Ravier.

El propio informe se encarga de frenar cualquier festejo apurado. Advierte que “la sostenibilidad de la nueva configuración fiscal requerirá ampliar la mirada desde el resultado del sector público nacional hacia el conjunto de las administraciones públicas” y que el margen para seguir consolidando “no puede determinarse únicamente mediante cifras agregadas ni suponerse uniforme entre provincias: depende de la composición y rigidez del gasto, de las funciones asignadas a cada nivel de gobierno y de la situación productiva y fiscal de cada jurisdicción”.

Es una advertencia razonable y la tomamos. Superávit primario no es equilibrio financiero total: queda afuera la deuda. Y hay gasto provincial que no se recorta con una firma, porque son salarios, jubilaciones y servicios que alguien tiene que prestar.

Pero el reparto del esfuerzo ya quedó escrito en los números. Nación hizo el ajuste; las provincias lo absorbieron. Lo que viene es la parte que todavía nadie quiere empezar: discutir en cada provincia qué se gasta, en qué y con qué resultado. Eso no lo resuelve el PIB ni la coparticipación. Lo resuelve una decisión, y hasta ahora hubo una sola firma al pie. También conviene seguir la discusión sobre el cambio de incentivos que propone el Gobierno nacional para premiar al que produce.