El BCRA de Alberto y Massa es investigado por un fraude cambiario de más de USD 1.190 millones

El Banco Central de la República Argentina abrió cuatro sumarios administrativos para investigar un presunto fraude multimillonario con dólares oficiales ocurrido durante los años 2022 y 2023, en plena vigencia del cepo cambiario impuesto por el gobierno de Alberto Fernández y administrado en su etapa final por Sergio Massa. Las operaciones bajo sospecha alcanzarían los USD 1.191 millones y habrían terminado abasteciendo al mercado paralelo.

Según la documentación oficial, las investigaciones apuntan a un esquema clásico de “rulo cambiario”: la compra de dólares al tipo de cambio oficial —artificialmente atrasado por el cepo— para luego revenderlos a un valor muy superior fuera del sistema formal. Mientras hospitales, industrias y sectores productivos padecían una fuerte escasez de divisas, este circuito habría generado ganancias extraordinarias para un grupo reducido de operadores, con un costo que terminó pagando toda la sociedad.

Los sumarios involucran a las casas de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones. De acuerdo con el BCRA, se detectaron transferencias millonarias en dólares bajo la figura de “mutuos” o préstamos, otorgados a personas cuyo perfil económico no guardaba relación alguna con los montos recibidos. En varios casos, los beneficiarios eran monotributistas de baja categoría o incluso perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La gravedad de la operatoria motivó la intervención de la Unidad de Información Financiera, que elevó un informe a la Justicia al considerar que el origen y la licitud de los fondos podrían estar seriamente comprometidos. La investigación judicial quedó a cargo de la jueza María Servini, con la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Uno de los puntos más sensibles señalados por el Banco Central es la pérdida deliberada de trazabilidad de los dólares. Parte sustancial de las divisas habría sido entregada en efectivo por las casas de cambio, una práctica expresamente prohibida para este tipo de entidades. Para la autoridad monetaria, este dato es clave: aunque las operaciones podían presentarse como formalmente regulares, el objetivo real habría sido alimentar el mercado paralelo.

El caso de Concordia Inversiones resulta particularmente ilustrativo. El sumario detectó al menos 56 transferencias individuales de USD 150.000, además de otros movimientos por montos similares, totalizando USD 9,8 millones. Según el BCRA, esos fondos eran retirados de manera inmediata y en efectivo, violando la normativa vigente. Solo en ese tramo, la ganancia estimada habría superado los USD 8,2 millones, aprovechando una brecha cambiaria cercana al 84%.

El escándalo vuelve a dejar en evidencia el fracaso estructural del cepo cambiario. Lejos de “cuidar las reservas”, el control de cambios creó un sistema de precios artificiales que incentivó la corrupción, el arbitraje y los negocios para pocos. Dólares baratos para quienes tenían acceso, dólares caros para el resto de la economía.

Mientras el relato oficial hablaba de “defender el interés nacional”, el cepo funcionó como una máquina de transferir recursos desde el conjunto de los argentinos hacia operadores privilegiados. La investigación en curso expone con crudeza cómo la discrecionalidad y el control estatal sobre el mercado cambiario no solo distorsionan la economía, sino que abren la puerta a fraudes multimillonarios.

Una vez más, los hechos confirman una lección conocida: cuando el Estado fija precios artificiales y reparte permisos, aparecen el rulo, la corrupción y el abuso. El cepo no fue un error técnico. Fue un sistema que generó incentivos perversos y terminó beneficiando a unos pocos, mientras empobrecía al país entero.