Derechos para todos, menos para los libertarios: el Gobierno exigió a la UBA garantizar seguridad y libertad de expresión
El subsecretario Alejandro Álvarez envió una nota formal al rector Ricardo Gelpi tras la denuncia de agresiones a militantes de Somos Libres en la Facultad de Ciencias Sociales.
La Universidad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de una discusión incómoda: no por presupuesto, no por rankings académicos, no por una pelea administrativa, sino por algo mucho más básico. ¿Puede un estudiante libertario militar, fiscalizar, expresarse y circular dentro de una facultad pública sin ser hostigado por pensar distinto?
Esa es la pregunta que el Gobierno nacional le puso sobre la mesa al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, después de los hechos denunciados en la Facultad de Ciencias Sociales, donde integrantes de la agrupación Somos Libres habrían sido agredidos física y verbalmente por militantes de izquierda durante una reunión de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota formal reclamando medidas urgentes para garantizar la seguridad, la libertad de expresión y el ejercicio de derechos constitucionales dentro de la universidad.
El punto es simple y brutal: la universidad que habla de derechos no puede elegir a quién se los reconoce. Si la libertad de expresión vale, vale también para los liberales. Si la participación estudiantil importa, importa también cuando la ejercen jóvenes que no repiten el libreto de la izquierda universitaria. Si la convivencia democrática es un principio real, entonces no puede depender de si la agrupación que quiere participar cae simpática o no a los que se creen dueños del pasillo.
Según la cobertura de los hechos, los incidentes ocurrieron en Sociales, en un contexto de tensión política universitaria, cuando estudiantes libertarios buscaron participar y fiscalizar. La respuesta denunciada fue la de siempre: gritos, empujones, intentos de expulsión y un clima de hostigamiento. Frente a eso, Álvarez sostuvo que la UBA tiene una responsabilidad indelegable: garantizar la seguridad física de los estudiantes y el pleno ejercicio de la libertad dentro de la institución.
En la nota enviada al rector, el funcionario fue directo. Le exigió que se proteja la “seguridad física de los estudiantes”, la “libre expresión de las ideas políticas”, la defensa de los derechos constitucionales y el cumplimiento de las leyes 24.521 y 23.592, vinculadas al funcionamiento universitario y a la no discriminación. Además, pidió que la universidad informe qué actuaciones administrativas, medidas disciplinarias o sanciones adoptó frente a los hechos denunciados.
Ahí aparece la contradicción que más duele en el discurso universitario dominante. Durante años, muchos sectores de la izquierda y del progresismo académico usaron la palabra “derechos” como bandera permanente. Derechos humanos, derechos estudiantiles, derecho a la educación, derecho a expresarse, derecho a militar, derecho a ocupar el espacio público. Pero cuando quienes reclaman esos mismos derechos son estudiantes libertarios, el discurso cambia. La pluralidad se achica. La tolerancia se vuelve selectiva. La democracia universitaria parece convertirse en un club con derecho de admisión ideológico.
Y no. Una universidad pública no puede funcionar así.
La autonomía universitaria no es impunidad para mirar hacia otro lado. No es una excusa para permitir que una facción política controle de hecho quién puede hablar, quién puede repartir volantes, quién puede fiscalizar una elección o quién puede existir dentro del campus. La autonomía implica responsabilidad institucional. Y si las autoridades no garantizan condiciones mínimas para todos los estudiantes, entonces no están defendiendo la universidad: están administrando una zona liberada para la intolerancia.
El Gobierno también recordó que no se trata de un episodio aislado. Días atrás, la Subsecretaría había intervenido ante agresiones contra estudiantes liberales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde integrantes de CREAR+ Libertad denunciaron ataques mientras instalaban un stand dentro del predio universitario. El patrón empieza a ser demasiado evidente: cuando aparecen agrupaciones liberales en espacios que la izquierda creía propios, la reacción no siempre es debate. Muchas veces es apriete, hostigamiento y violencia política.
El problema de fondo no es solo una pelea entre agrupaciones. Es la hipocresía de un sistema que predica pluralidad mientras penaliza la diferencia. Porque si una facultad pública se convierte en un lugar donde ciertas ideas no pueden expresarse sin riesgo físico o intimidación, entonces ya no estamos ante militancia intensa. Estamos ante una degradación institucional.
La universidad debería ser el lugar donde las ideas se discuten, no donde se expulsan. Donde el estudiante que piensa distinto puede argumentar, fiscalizar y participar, no donde necesita que el Gobierno nacional intime a las autoridades para que le garanticen derechos básicos. Lo grave no es que haya libertarios en Sociales. Lo grave es que todavía haya sectores que crean tener autoridad moral para decidir quién merece estar ahí.
Por eso esta intervención del Gobierno no debe leerse solo como una defensa de una agrupación determinada. Es una advertencia más profunda: los derechos no son propiedad de la izquierda. No pertenecen a un centro de estudiantes, a una agrupación, a una cátedra ni a una rosca universitaria. Son de todos los estudiantes. También de los que incomodan. También de los que cuestionan. También de los libertarios.
Si la UBA quiere seguir hablando en nombre de la democracia, la pluralidad y los derechos, ahora tiene una prueba concreta delante. No alcanza con comunicados. No alcanza con discursos solemnes. Tiene que demostrar que puede proteger a quienes piensan distinto dentro de sus propias facultades. Porque una universidad que defiende derechos solo para los propios no defiende derechos: defiende privilegios.